El Gobierno ha solicitado al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) la anulación del acuerdo que impide a la comunidad musulmana el uso de las instalaciones deportivas municipales para sus rezos, al considerar que esta medida vulnera la libertad religiosa. Según han explicado fuentes del Ejecutivo, el requerimiento, presentado por la delegada del Gobierno y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que entiende que “las razones objetivas esgrimidas no se sustentan”.
El Gobierno afirma que “se restringe de forma arbitraria” una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana, según informa la agencia Efe.
Además, considera que el acuerdo adoptado supone también una vulneración del uso común general correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, y que se ha incurrido en desviación de poder por utilizar competencia municipal para fines ideológicos ajenos al interés general. “No hay duda que el acuerdo cuya anulación se requiere incurre en desviación de poder, empleando la potestad municipal para impedir las celebraciones religiosas musulmanas de forma impropia, desviada, aunque aparentemente parece regular el uso de las instalaciones deportivas municipales, sin embargo, bajo dicha apariencia formal se encubre con toda claridad una vulneración del Derecho fundamental a la libertad religiosa”, indica el requerimiento.
El requerimiento se ha enviado esta mañana con un informe del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige Ángel Víctor Torres, quien ha asegurado en la red social X que “ante la intolerancia no hay medias tintas”. “PP y Vox no pueden decidir para quién sí hay libertad de culto y para quién no. Es un derecho constitucional”.
El PP, por su parte, insiste en que la medida “no discrimina” porque no apunta a ninguna religión, pero en la práctica solo afecta a la comunidad musulmana, ya que son quienes utilizan las instalaciones deportivas de Jumilla para el rezo.
Impulsada por Vox y apoyada por el PP
La polémica moción que impide la celebración pública del rezo colectivo del fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero en Jumilla, localidad de unos 27.000 habitantes con una amplia comunidad musulmana, fue impulsada por el único concejal de Vox en el ayuntamiento, Juan Agustín Navarro, pero contó con el respaldo del Partido Popular, que gobierna en minoría en la localidad gracias al concejal ultraderechista. El PP introdujo enmiendas de forma que la moción prohíbe celebrar “actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento” en instalaciones deportivas, donde se solían congregar unos 1.500 vecinos musulmanes para rezar.
La medida fue aprobada pese a que, según las autoridades, en la localidad no existen problemas de convivencia ni conflictos significativos. Se trata de un pueblo donde los comercios tradicionales se mezclan con barberías o tiendas de alimentación magrebíes y en el que la pluralidad cultural se percibe como parte del día a día.
El veto no solo ha provocado preocupación entre la comunidad musulmana, sino “una gran decepción”, al percibir cómo “la protección de derechos mínimos puede desaparecer de un día para otro”, según explicó a este medio Ahmed Khalifa, presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, que teme que pueda haber medidas similares en otros puntos del país. La medida también ha sido rechazada por diferentes partidos, organizaciones no gubernamentales y otros colectivos sociales, e incluso por la Conferencia Episcopal Española, tradicionalmente alineada con posiciones conservadoras, de forma que los obispos han recordado que las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, y si las restricciones buscan proteger el bien común, añaden, “se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las religiosas”.
Cabe recordar que el veto de PP y Vox en Jumilla llegó apenas unos días después de los sucesos ocurridos en Torre Pacheco, una localidad también murciana que se convirtió en julio en el epicentro del odio racista de toda España. El detonante fue la agresión a un jubilado de esta localidad de unos 40.000 habitantes por parte de un grupo de jóvenes, que desencadenó enfrentamientos entre vecinos, grupos de ultraderecha y ciudadanos de origen marroquí.
(Con información de la agencia Efe)
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