Una jubilada recibe una carta que le obliga a desbrozar la parcela de su vecino: “Será demasiado con mis 1.300 euros de pensión”

En el municipio de Le Teich, en Francia, Nicole, de 72 años, recibió el pasado 10 de abril una notificación oficial del ayuntamiento que cambió su rutina. En el escrito, la administración le recordó que, como propietaria, debía cumplir con las obligaciones legales de desbroce, pero no solo de sus dominios, conforme al Código Forestal: “Está sujeta a esta obligación. (...) Adjuntamos un modelo de carta para solicitar acceso a las parcelas vecinas con el fin de iniciar los trabajos”, rezaba el texto, cuenta el periódico Sud Ouest.

Nicole lleva viviendo en esta casa del Teich durante 45 y nunca antes se le había exigido limpiar la vegetación más allá de su propiedad. Sin embargo, ahora la ley le obliga a desbrozar un perímetro de 50 metros alrededor de su vivienda, lo que incluye parte de la parcela forestal de su vecino. Nicole, que tiene una pensión mensual de 1.300 euros, reconoce con preocupación: “Que yo limpie mi parcela, lo entiendo, pero ¿la de mi vecino, por qué?”

El trasfondo es la intensificación de controles tras los incendios del verano de 2022. El concejal responsable de la gestión forestal en el ayuntamiento, Luc Tharaud, explica a Sud Ouest: “La prefectura nos comunicó que habría controles y sanciones por no cumplir con el desbroce. Por eso el ayuntamiento envió esta carta a los vecinos, de forma preventiva”. Admite el edil que los consistorios están pidiendo cumplir una ley “que la gente desconoce y que desvirtúa el sentido de la propiedad”, por lo que causa incomprensión.

4.000 metros cuadrados

El contexto legal, según Tharaud, no distingue el tipo de masa forestal ni el nivel de peligro: “No hay ninguna diferenciación en la ley del desbroce según el tipo de masa forestal. La responsabilidad recae sobre los propietarios y la norma es la misma vivas en una zona de matorral o cerca de un humedal. Y el riesgo no es el mismo”. Así, la parcela afectada de Nicole incluye una zona de bosque en la propiedad de su vecino, donde debe eliminar helechos y podar los árboles para que las ramas no se toquen, ya que su vecino no tiene vivienda en esa parcela.

A pesar de la obligación, Nicole se ve incapaz de asumir el coste: “Ni siquiera he pedido presupuesto. Aunque haya una deducción fiscal, será demasiado caro con mis 1.300 euros al mes”, explica con resignación. Su hija, Malika, decidió actuar al ver la situación de su madre y se puso en contacto con el concejal para pedir una inspección. Tharaud visitó la casa, realizó un croquis y confirmó que Nicole debía desbrozar 4.000 metros cuadrados.

Ante la imposibilidad de cumplir con la exigencia, Tharaud reconoce: “Nicole está completamente bloqueada, y no es la única en esta situación aquí. Por supuesto que entiendo su situación. No estoy de acuerdo con la aplicación unilateral de estas obligaciones legales”.

“El dinero público, al interés público”

Malika buscó auxilio en el propio ayuntamiento, pero la respuesta fue negativa. Tharaud ha pedido a los servicios municipales que estudien la posibilidad de presupuestar los desbroces para todo el municipio, pero es jurídicamente imposible: “El dinero público debe destinarse al interés público. No se puede pedir a alguien que viva en un estudio que pague por limpiar la parcela privada de otro”.

Además, en la propiedad vecina de Nicole, de un dueño ausente, cayó un árbol recientemente. El Ayuntamiento remitió un requerimiento al propietario para que asuma la eliminación, pero Nicole también tuvo que enviar un formulario por correo certificado solicitando permiso para desbrozar el terreno ajeno. “Él ha dicho que sí, claro”, explicó Malika, subrayando el círculo vicioso en el que se encuentra su madre.

Tharaud resume el problema como un ejemplo claro de la falta de adaptación de la ley a la realidad cotidiana: “Es el ejemplo perfecto de una regulación que se aplica de manera uniforme, sin tener en cuenta la realidad del terreno”. De este modo, residentes mayores como Nicole se enfrentan a la imposibilidad de cumplir una ley que les impone cargas para las que no disponen ni de recursos físicos ni económicos.