La vida de Sofía giraba en torno a los invernaderos de tomate en Águilas (Murcia), donde había trabajado durante diecinueve años. Día tras día, compartía su jornada con cientos de abejorros, esenciales para la polinización de las plantas, ajena a que el contacto con uno de ellos marcaría su destino. Varias picaduras bastaron para que Sofía pasara de trabajadora a pensionista, tras sufrir un shock anafiláctico y perder al hijo que gestaba por la reacción desencadenada. En cuestión de horas, su cuerpo, hipersensible a las picaduras de abejorro, le mostró que ya no podría volver a su trabajo de siempre. El accidente laboral no solo truncó su embarazo, sino toda posibilidad de regresar a los invernaderos.
Tras una extensa batalla médica y administrativa, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha confirmado la incapacidad permanente total para Sofía, derivada de accidente laboral, y la pensión a cargo de la mutua Fraternidad Muprespa. La sentencia ratifica que Sofía, diagnosticada con alergia grave y antecedentes de shock anafiláctico frente al veneno del abejorro, queda absolutamente imposibilitada para desempeñar las funciones de peón agrícola, no solo en invernaderos, sino también en cualquier tarea del campo, donde la presencia de estos insectos resulta constante e ineludible.
El tribunal rechaza el criterio de la empresa, que defendía la posibilidad de recolocarla en otro puesto, argumentando la imposibilidad real y permanente de evitar el contacto con el allergeno. Esto obliga a la mutua a abonar una pensión mensual de 701,72 euros, con efectos retroactivos desde marzo de 2022, mientras la empresa se mantiene al margen tras su despido por ineptitud sobrevenida.
El día del picotazo en el abdomen que lo cambió todo
A lo largo de sus diecinueve años de trabajo en Bonnysa Agroalimentaria, Sofía había manejado cada campaña de tomate en los invernaderos, expuesta siempre al vuelo libre de los abejorros utilizados para la polinización. El 12 de mayo de 2021, mientras cumplía su jornada habitual y embarazada de seis semanas, un abejorro le picó en el abdomen. Ante la reacción inmediata —prurito, edema y disnea— acudió de urgencia a distintos centros médicos, donde recibió antihistamínicos y corticoides.
A pesar de la asistencia, los síntomas se agravaron: vómitos, dolor abdominal intenso y, minutos más tarde, el diagnóstico en ginecología confirmó el desprendimiento del saco vitelino y el aborto incompleto. Los informes médicos posteriores no pudieron establecer con certeza la relación directa entre la picadura y la pérdida del embarazo, aunque dejaron constancia de la probabilidad elevada dada la reacción anafiláctica. Para completar el cuadro, los especialistas confirmaron que Sofía ya vivía desde años atrás bajo la amenaza de una hipersensibilidad peligrosa tanto a antiinflamatorios como a las picaduras de abejorro, situación que había requerido incluso pruebas hospitalarias de inmunización.
La empresa la despidió por no poder adaptarle el puesto
A pesar del alta médica de su baja por aborto el 8 de marzo de 2022 e intentar reincorporarse a su puesto, la historia de Sofía como trabajadora agrícola terminó días después. El servicio de prevención laboral la declaró “no apta” para trabajar en el interior de invernaderos y lugares cerrados donde estuviera presente el abejorro Bombus terrestris, un riesgo inevitable en cualquier puesto de su grupo profesional. La carta de despido, expedida el 16 de marzo de 2022, detallaba la imposibilidad de reubicar a Sofía, por lo que se extinguió el contrato por ineptitud física sobrevenida.
El itinerario judicial arrancó con la declaración de incapacidad permanente total emitida por el INSS el 27 de mayo de 2022, certificando que la causa era un accidente laboral y fijando una pensión mensual de 701,72 euros. La mutua presentó reclamación previa, rechazada por el INSS, y posteriormente acudió junto a la empresa al Juzgado de lo Social número 9 de Murcia. Esta instancia desestimó sus demandas y confirmó los derechos de Sofía.
Tras un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la Sala Social desestimó nuevamente los argumentos de la empresa y la mutua, estableciendo de manera firme que ni la reorganización interna ni llevar medicación de rescate permitían volver al trabajo sin poner en riesgo la vida de la trabajadora, ya que ningún puesto podía evitar la exposición a los abejorros. El tribunal impone a la mutua el pago de las costas del recurso, con 800 euros para cada letrado defensor de las partes impugnantes, y especifica que solo cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo en el plazo de diez días hábiles tras la notificación.
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