
Lo hemos aprendido en decenas de novelas policiacas: cuando ocurre algún robo importante, lo primero en lo que se fijan los investigadores es en si alguien —especialmente los “sospechosos habituales” de una localidad— ha cambiado de la noche a la mañana de costumbres y de nivel de vida. Ahora, en Francia, esta falta de discreción ha sido la perdición de una pareja que llevaba años cobrando ayudas sociales mientras disfrutaba una vida de lujos. Y por lujos no nos referimos a una buena cena, un viaje esporádico y unas cervezas en una terraza. Hablamos de 34 coches y una gama de relojes de lujo.
Según han contado los medios France Bleu Hérault y La Voix du Nord, la pareja recibió cerca de 50.000 euros anuales en subsidios durante al menos seis años, en los que había declarado no tener ingresos. El hombre, un supuesto albañil, recibía 36.000 euros anuales en ayudas, mientras que la mujer, madre de dos hijos, percibía 13.000 euros más al año, al alegar que no vivía con su esposo, lo que le daba acceso a prestaciones familiares.
Pero los servicios sociales terminaron dándose cuenta de que algo no encajaba y comenzaron una investigación. Su estilo de vida se encontraba muy por encima de lo que correspondía a su situación declarada ante las autoridades. Finalmente, la intervención policial reveló que entre los bienes de la pareja se encontraban un Ferrari valorado en 110.000 euros, una flota de más de 30 vehículos de lujo, relojes Rolex, televisores, artículos de cuero de alta gama y una lancha, con un valor total de más de 300.000 euros.
Trabajaban “como autónomos”
Tras la denuncia en su contra, la pareja intentó justificar su situación alegando que había olvidado declarar su actividad como autónomos en el comercio de coches de lujo. Sin embargo, la justicia no se creyó estos argumentos: el tribunal ha dictaminado que el matrimonio debía reintegrar 250.000 euros correspondientes al exceso de prestaciones recibidas, además de pagar una multa de 2.000 euros cada uno y cumplir una condena de cuatro meses de prisión, aunque con suspensión de condena. Además, el hombre enfrenta una investigación por tráfico internacional de vehículos de lujo, lo que podría derivar en nuevas sanciones penales y económicas.
El caso de la pareja se suma a otros episodios de fraude detectados en Francia, donde la magnitud de las ayudas sociales y la complejidad de los criterios de elegibilidad pueden facilitar la comisión de irregularidades.
En ese país, la Caja de Asignaciones Familiares (CAF) es responsable de distribuir ayudas a cerca de 12,5 millones de personas en Francia y de gestionar más de 70.000 millones de euros al año en prestaciones. Su misión es “acompañar y ayudar a las personas necesitadas”, aunque el organismo reconoce que “algunas personas logran aprovecharse del sistema haciendo declaraciones falsas”. Por ello, como explican los medios franceses, “la CAF suele desplegar importantes recursos para localizar a los defraudadores”, y en este caso, la ostentación de la pareja fue el detonante de la investigación.
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