La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Gipuzkoa que condenó a penas de entre cuatro meses y un año y tres meses de prisión a tres comerciales por estafar en 2017 a un hombre con la venta de colecciones de libros aprovechándose de que era una persona “fácilmente sugestionable e influenciable” por su edad (74 años) y “escaso nivel cultural”.
Además de las penas de cárcel, la Audiencia de Gipuzkoa estableció que dos de los condenados indemnicen a los herederos de este hombre, fallecido en 2019, con un total de 22.000 euros por las cantidades que la víctima abonó por la compra de libros.
Escasa formación académica, dificultades con la lectura y escritura
El caso comenzó en julio de 2017, cuando un hombre de avanzada edad, residente en la localidad guipuzcoana de Andoain, acudió a una sucursal de Kutxa para retirar 5.000 euros. La directora de la oficina, al advertir lo inusual del importe y percibir en el cliente cierta confusión, le preguntó el motivo de la operación, a lo que el hombre respondió que el dinero era para comprar libros y mostró varios documentos que, según explicó, acreditaban el valor de las obras. La empleada, alertada por comunicaciones internas de la entidad sobre posibles fraudes similares, le recomendó denunciar los hechos ante la policía.
A partir de ese momento, la Ertzaintza inició una investigación que destapó un entramado fraudulento dirigido a personas vulnerables. el hombre, nacido en 1943, vivía solo y tenía escasa formación académica, dificultades con la lectura y escritura, y un nivel básico de cálculo. Según su declaración, recibió visitas en su domicilio y llamadas telefónicas de varias personas que, con un lenguaje técnico y documentos aparentemente oficiales, le ofrecieron colecciones de libros supuestamente exclusivos.
Le aseguraron que se trataba de ediciones de lujo con certificados notariales, y le prometieron beneficios económicos mediante una futura venta a compradores extranjeros. Para formalizar la compra, lo persuadieron de firmar contratos de préstamo mercantil con diversas financieras.
Evitaban a los agentes
Uno de los episodios claves ocurrió el 6 de julio de 2017, cuando la víctima comunicó a los agentes que unos individuos acudirían a su casa para recoger el dinero acordado. La policía vigiló el domicilio y observó cómo los sospechosos, al detectar la presencia de los agentes, cambiaban de rumbo y contactaban con el hombre para que fuera él quien realizara el ingreso bancario.
Poco después, la Ertzaintza interceptó un vehículo en el que viajaban dos hombres, uno de ellos fue identificado como empleado de la empresa Ediciones y Salud. En el coche hallaron colecciones de libros y diversa documentación. Según la investigación, la víctima había transferido 15.000 euros y otros 2.600 a una cuenta a nombre del hombre detenido en el Banco Santander.
Un mes más tarde, el 10 de agosto, se repitió el patrón. el hombre fue visitado por otro de los estafadores —condenado previamente en tres ocasiones por estafa— y otro individuo, quienes le entregaron nuevos documentos con apariencia de contrato. Lo que en realidad se le presentó fue una compraventa y cesión de crédito de más libros. Los agentes, que se encontraban ocultos en el interior del domicilio con autorización de la víctima, intervinieron la documentación.
Otro implicado, comercial de la firma Arthesa Associated, había suscrito meses antes un contrato con el hombre por la adquisición de una colección valorada en 4.400 euros. También en este caso, el mecanismo incluía una auditoría simulada y la promesa de una revalorización ficticia. La investigación determinó que los tres acusados actuaron con un patrón común: aprovecharse de la vulnerabilidad del anciano, ocultando o tergiversando las condiciones contractuales, con el fin de obtener un beneficio económico inmediato.
La víctima falleció en junio de 2019. Tras su muerte, sus hermanos, herederos legales, impulsaron la causa judicial como acusación particular, sumándose a la investigación abierta por la Fiscalía.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa en enero de 2025, confirmada después por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, concluyó que existió un delito de estafa consumado y, en uno de los casos, en grado de tentativa.
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