Barcelona sí, Madrid no: AENA da soluciones al aeropuerto de El Prat mientras cunde el caos en Barajas

En los primeros meses de 2025, los aeropuertos de Barcelona y Madrid se han convertido en el refugio de cientos de personas sin hogar. En ambos casos, el fenómeno ocupó las portadas y estuvo bajo el foco de los medios, sobre todo en el aeropuerto de Barajas, donde los sintecho llegaron a superar el medio millar de personas.

Sin embargo, la respuesta institucional ha sido completamente opuesta. Mientras en El Prat se ha logrado una reducción drástica del número de personas sin hogar gracias a un plan coordinado por las diferentes administraciones, en Barajas el conflicto sigue en ascenso, con reproches cruzados entre los protagonistas y medidas conflictivas por parte de AENA.

El Prat: dispositivo coordinado y resultados medibles

El aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat alcanzó su pico de ocupación en diciembre de 2023, con 181 personas durmiendo en las terminales. Ante esta situación, entre febrero y marzo de este año, se puso en marcha un censo municipal impulsado por los ayuntamientos de Barcelona y El Prat, la Generalitat, AENA y diferentes organizaciones sociales.

El objetivo era conseguir el perfil de las personas que pernoctaban en el aeropuerto, donde los resultados fueron los siguientes: el 81% hombres, el 60% presentaban trastornos mentales y el 75% tenía la documentación en regla, lo que les permitía acceder a servicios sociales.

Con base en este diagnóstico, el 1 de abril se activó un dispositivo específico con equipos de educadores, psicólogos y trabajadores sociales. En menos de un mes, la cifra de personas que dormían en el aeropuerto de Barcelona se redujo en más de un 70%, situándose por debajo de las 50.

Entre las razones que explican este logro está el aumento de un 481% por parte de la Generalitat para el presupuesto destinado a la intervención, de 88.900 a 516.600 euros anuales.

“Este esfuerzo económico ha sido imprescindible para sostener la intervención. El abordaje del sinhogarismo requiere inversión, pero también compromiso político y voluntad de cooperación institucional”, declaró Maria Eugènia Gay Rosell, concejala de Derechos Sociales de Barcelona.

Barajas: medidas restrictivas y enfrentamiento entre administraciones

Mientras tanto, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas la situación es alarmante. Según el último censo, elaborado por Cáritas entre marzo y abril, son 412 personas sin hogar las que pernoctan entre las terminales. Más de la mitad están empadronadas en Madrid y el 38% tenía trabajo, pero no podían acceder a una vivienda.

“Nos encontramos con personas que trabajan, que tienen DNI y papeles en regla, pero que no pueden pagar un alquiler en Madrid. El aeropuerto se convierte en el único lugar que les ofrece cobijo sin ser perseguidos”, explican desde Cáritas.

No obstante, lejos de activarse una respuesta, AENA ha optado por limitar los accesos desde el pasado 14 de mayo, permitiendo solo la entrada a aquellos pasajeros que dispongan de tarjeta de embarque, trabajadores o acompañantes justificados.

Además, ante las quejas de varios trabajadores, contrató a una empresa privada especializada en fumigar plagas tras la proliferación de chinches en cintas y mostradores, especialmente de la T4.

“La situación es insostenible y los trabajadores estamos al límite. Es necesario que las administraciones tomen decisiones conjuntas”, denuncian desde el sindicato Alternativa Sindical Aena/Enaire (ASAE) a Infobae España.

En este sentido, AENA ha enviado un requerimiento formal al Ayuntamiento de Madrid instando a actuar. Sin embargo, la respuesta del alcalde, José Luis Martínez Almeida, fue contundente: “Se equivocan, están ignorando a las personas y quieren hacer recaer toda la responsabilidad en el Ayuntamiento”, afirmó en rueda de prensa.

Por su parte, el primer edil ha acusado tanto al Gobierno de España como a la Comunidad de Madrid de un bloqueo institucional que impide cualquier intervención eficaz. “Esto no puede dejarse en manos de Aena ni del Ayuntamiento. Es una cuestión que involucra a varios ministerios, especialmente los de Interior e Inmigración, que tienen la capacidad de resolver la situación”, declaró Almeida.