La Policía Nacional ha liberado a ocho jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y 25 años, que eran explotadas sexualmente en viviendas de alquiler vacacional ubicadas en la zona sur de Tenerife. Además, ha detenido a nueve sospechosos relacionados con una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de personas.
En este sentido se ha identificado a 36 mujeres explotadas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. Las mujeres eran captadas en su país de origen, Colombia, para viajar a España prometiendo mucho dinero ejerciendo la prostitución.
No obstante, para cruzar el Atlántico, adquirían una deuda de 3.000 euros que debían saldar con ejercicios sexuales, debiendo estar disponibles todo el tiempo, sin descanso y obligadas, incluso estando enfermas de infecciones venéreas.
Tras la detención de las nueve personas (los cinco principales responsables ya han ingresado en prisión provisional), se han realizado cinco entradas y registros de inmuebles, clausurando dos de ellos.
Modus Operandi
La investigación dio comienzo en 2024, a raíz de la declaración de una víctima que consiguió escaparse, alertando de la existencia de una organización criminal que se dedicaba a traficar con mujeres de Colombia a España para posteriormente explotarlas.
Según la Policía Nacional, la organización criminal desmantelada, dirigida por un clan familiar compuesto por cinco venezolanos, se dedicaba a la captación y tráfico ilegal de mujeres colombianas “muy jóvenes” en situación de vulnerabilidad y en condiciones de precariedad económica
Una vez que las víctimas aceptaban la oferta, el grupo criminal compraba los billetes de avión para viajar desde Colombia hasta Tenerife, con escala en Madrid, y además, les gestionaba un seguro de viaje y una reserva de hotel ficticia.
Antes de viajar, las enseñaban a cómo simular su entrada como turistas sin ser detectadas en los controles fronterizos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y recibían una cantidad de dinero en efectivo para justificar los medios económicos suficientes para el cruce de la frontera.

Los integrantes del clan familiar recibían a las víctimas en el aeropuerto Tenerife Norte, les retiraban el dinero en efectivo que les habían enviado y las trasladaban en vehículo directamente hasta alguno de los pisos prostíbulo donde comenzarían a ejercer la prostitución hasta saldar las deudas contraídas.
Condiciones infrahumanas
Las víctimas debían estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con dos supuestas horas de descanso diarias que no se cumplían, puesto que, si aparecía un cliente, estaban obligadas a regresar al piso.
El entramado les obligaba a fotografiarse semanalmente para publicar anuncios en internet, y si acudía un cliente al piso prostíbulo debían presentarse en ropa interior para que este pudiera elegir con cuál de ellas mantener relaciones sexuales, no pudiendo rechazar ningún tipo de servicio sexual ni ningún tipo de cliente, independientemente de su higiene y su estado de embriaguez.
Las mujeres pernoctaban en habitaciones compartidas, en las que realizaban los servicios sexuales, y si la enfermedad se lo impedía, eran expulsadas del piso, aunque no dispusieran de dinero ni de ningún sitio al que acudir.
El grupo criminal ejercía un férreo control sobre las víctimas a través de cámaras de videovigilancia instaladas en los pisos, y recaudaba íntegramente los beneficios generados por cada una de ellas, quedándose con el 100% hasta saldar la deuda inicial contraída.
No obstante, en algunos casos las víctimas llegaron a abonar cantidades cercanas a 9.000 euros, lo que suponía tres veces la deuda pactada.
Drogas y blanqueo de capitales
Algunas de las víctimas consiguieron huir, pero la organización criminal les amenazaba a través de mensajería instantánea con atentar contra su integridad o la de sus familiares en Colombia.
Por otra parte, los investigados también se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes, bebidas alcohólicas y medicamentos para aumentar la potencia sexual; con el objetivo de estar más activas y trabajar más, complacer al cliente y obtener mayores beneficios.
Además, el entramado también se dedicaba al blanqueo de capitales y al fraude a las administraciones públicas, incrementando su patrimonio en España y en Venezuela mediante compras de bienes muebles e inmuebles. Así, se han bloqueado 19 cuentas bancarias utilizadas por la organización para recaudar los beneficios.
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