Los Ministerios de Trabajo y Hacienda han cerrado este viernes un acuerdo para que los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) no tengan que tributar en el IRPF en 2025, informan fuentes del Ministerio de Trabajo. El acuerdo consiste en introducir una deducción en la cuota del IRPF que haría que los asalariados que cobran el SMI o menos no tributen este ejercicio, una fórmula que fue planteada por la cartera que dirige María Jesús Montero.
Las negociaciones se daban por rotas hasta esta misma noche, cuando la ministra Yolanda Díaz aseguró que la titular de Hacienda “dio instrucciones para levantarse de la mesa de las negociaciones”. El escollo que ha atascado las conversaciones ha sido la duración de este acuerdo, que Hacienda mantuvo -y mantiene- que solo sería durante 2025.
Yolanda Díaz argumenta que la postura de Hacienda contradice el acuerdo de Gobierno, ya que se establece que el SMI debe suponer el 60% del salario medio neto, una cifra que tras la subida de este año alcanza los 16.576 euros anuales. Según Sumar, de aplicarse una retención, que restaría 22 euros al salario neto mensual, se estaría incumpliendo el pacto.
Hacienda no cede del todo y el debate volverá en 2026
El PSOE, por su parte, ha defendido en todo momento que el acuerdo establecía la subida del salario (que subió a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas), pero que en ningún momento se habló de elevar ese mínimo exento de tributación en el IRP. Por eso la dirigente socialista no ha querido ceder ante las demandas de Sumar, manteniendo su propuesta de compensar con una deducción fiscal durante este curso. Según los cálculos del departamento de Montero, únicamente el 20% de los perceptores del SMI tras la última subida, principalmente solteros sin hijos, tendrían que haber pagado este año por el IRPF, mientras que el resto seguirían exentos.
Ahora, tras el acuerdo, también seguirán exentos, lo que tendrá un coste para las arcas públicas de entre 1.500 y 2.000 millones de euros, de acuerdo con las cifras de Hacienda, una cifra que tendría mucho menos impacto si se eleva el mínimo exento, que cifra entre 1.500 y 2.000 millones de euros.
A la vista de los argumentos de ambas partes, el acuerdo es más que nada un parche que resolverá el problema únicamente para este año, ya que esta misma discrepancia volverá a saltar cuando se reabra el debate para la subida del SMI de 2026.
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