
Una profesora de un colegio británico acaba de ser despedida por pedir préstamos a padres de alumnos, colegas e incluso a la propia escuela, alegando razones personales y financieras, pero nunca devolverlos.
Los préstamos, que ascienden a más de 28.000 libras esterlinas (aproximadamente 32.500 euros), han llevado a la inhabilitación de Susan Pletnick, una docente de 56 años que trabajaba como coordinadora de educación a niños con necesidades especiales en la Broughton Jewish Cassel Fox Primary School, ubicada en Salford, Inglaterra.
De acuerdo con el Teaching Regulation Agency (TRA), organismo encargado de supervisar la conducta profesional de los docentes en el Reino Unido, Pletnick utilizó su posición en la escuela para pedir préstamos destinados a cubrir gastos como vuelos a Sudáfrica, atención médica privada, solicitudes de visado y hasta un depósito para una vivienda.
La investigación concluyó que su comportamiento representó un abuso de confianza y una falta de integridad, lo que resultó en su despido y expulsión de la profesión docente por un período mínimo de tres años.
Préstamos a padres de alumnos y consecuencias financieras
El caso más significativo involucró a los padres de un alumno, quienes en febrero de 2018 accedieron a prestarle inicialmente 5.000 libras (unos 5.800 euros) para que pudiera viajar a Sudáfrica.
Pletnick aseguró que devolvería el dinero, pero posteriormente les dijo que su vuelo había sido cancelado y solicitó un monto adicional de 4.440 libras (unos 5.150 euros).
Meses después, la docente volvió a recurrir a los mismos padres, argumentando que necesitaba 12.800 libras (aproximadamente 14.850 euros) para un trámite de visado, advirtiendo que, de no obtener el dinero, tendría que regresar a Sudáfrica.
Los padres, preocupados por su situación, accedieron a prestarle el monto solicitado. Sin embargo, según el tribunal, Pletnick nunca devolvió las 22.740 libras (unos 26.000 euros) que les debía, lo que generó graves consecuencias económicas para la familia.
En su testimonio ante el panel del TRA, los padres describieron las promesas de reembolso de la docente como “falsas” y señalaron que el impacto financiero de estos préstamos fue devastador para ellos.
Más préstamos no devueltos a compañeros y a la escuela
El comportamiento de Pletnick no se limitó a los padres de alumnos. Según el informe del TRA, también solicitó dinero a otro profesor, que le prestó alrededor de 4.000 libras (unos 4.650 euros) para cubrir el depósito de una vivienda.
La docente le dijo que estaba en proceso de mudanza y no contaba con los recursos necesarios para pagar el adelanto. Este préstamo tampoco fue reembolsado.
Además, otro padre de un alumno le prestó 1.500 libras (unos 1.740 euros) después de que Pletnick le dijera que necesitaba someterse a una operación médica privada debido a problemas de salud.
El tribunal también reveló que la propia escuela, a través de su cuenta de caridad, le otorgó miles de libras para ayudarla a cubrir gastos relacionados con su permanencia en el país. De este monto, aproximadamente 4.000 libras (unos 4.650 euros) permanecen impagas.
Argumentos de la docente
Durante el proceso, Susan Pletnick admitió haber solicitado los préstamos y justificó sus acciones alegando que se encontraba en una situación financiera desesperada. Según su declaración, no tenía dinero y aceptó la ayuda que le ofrecieron, aunque no pudo cumplir con los compromisos de devolución.
El panel del TRA concluyó que su conducta “se desvió significativamente de los estándares esperados” para un profesional de la enseñanza.
En su fallo, la presidenta del panel, Sarah Buxcey, afirmó que los hallazgos de mala conducta eran graves, ya que incluían “obtener dinero de la escuela, padres y colegas, no devolverlo, y un comportamiento que constituyó un abuso de su rol como docente y coordinadora de necesidades educativas especiales”.
El tribunal también destacó que las acciones de Pletnick carecieron de integridad y fueron deshonestas, lo que resultó en su inhabilitación para ejercer como docente. La prohibición estará vigente por un período mínimo de tres años, tras el cual podrá solicitar una revisión para determinar si puede regresar a la profesión.
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