Si hay un consenso entre los expertos penalistas sobre la confesión del comisionista Víctor de Aldama ante el juez, es que ha sido “efectiva”. El empresario reconoció en el medido interrogatorio con su abogado —y después con el fiscal— varios delitos, apuntaló otros indicios contra él que investiga la UCO de la Guardia Civil y llegó a desvelar nuevos hechos que podrían ser delictivos. A la Fiscalía Anticorrupción “no le quedó otra” que pedir su inmediata puesta en libertad, solicitud que atendió el juez Santiago Pedraz, quien lo mantenía entre rejas.
Distintos expertos penalistas consultados por Infobae España corroboran la postura de Anticorrupción, quien había apoyado el ingreso en prisión de Aldama tras su detención por la trama de hidrocarburos al considerar que su libertad podía perjudicar la investigación. Ahora, dicen los expertos, la confesión no deja lugar a la posible destrucción de pruebas —Aldama asegura que va a recabarlas para seguir colaborando— y reduce el riesgo de fuga, ya que el magistrado le impuso como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.
El letrado Juan Gonzalo Ospina, del despacho Ospina Abogados, explica que tras la confesión de Aldama algunos de los delitos investigados ya están “consumados”, por lo que la instrucción “no está en la hipótesis de que pueda existir ni destrucción de prueba ni reiteración delictiva”. Tampoco riesgo de fuga, una circunstancia que “se aminora porque es una persona pública con una notoria relevancia”, a lo que se suman las citadas medidas cautelares.
Pero no era sólo su libertad lo que buscaban Aldama y su abogado, José Antonio Choclán. El abogado penalista Alfredo Arrién, del despacho Paredes y Asociados, detalla que la declaración voluntaria del empresario en calidad de investigado, en los términos en los que la realizó, podría ser considerada por un tribunal como una atenuante “muy cualificada”, lo que se traduce en una reducción de la pena “en uno o dos grados”.
Por esta atenuante “por confesión tardía” o “colaboración activa” durante la causa penal, la pena que se le imponga a Aldama se podría ver reducida hasta “prácticamente la mitad”, subraya Ospina. Y es que el presunto comisionista de la trama Koldo se enfrentaría a elevadas penas de prisión superiores a los 20 años.
Estrategia conservadora o valiente
En lo que sí disienten ambos letrados es en el valor que esconde la estrategia de defensa de Aldama y su abogado. Por un lado, Arrién destaca que la búsqueda de un acuerdo con la Fiscalía para reducir una futura pena es una línea “muy conservadora, muy poco arriesgada”, que le va a dar “más tranquilidad”. Pero ese reconocimiento de los delitos le va a ocasionar, opina, una “muerte civil”.
Es precisamente ese punto en el que repara Ospina para calificar la estrategia de Aldama como “muy valiente”. Lo ve así porque “todas sus manifestaciones, que son un primer paso, tienen que estar corroboradas con elementos externos de manera objetiva: whatsapps, vídeos, fotografías, geolocalización, testigos que puedan acotar y dar credibilidad y veracidad a lo que ha manifestado...” Por el momento, el PSOE y otras figuras señaladas por el empresario ya han dado el paso de emprender acciones legales contra él.
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