El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como testigo al actual número tres del Ministerio del Interior, el comisario jubilado José Antonio Rodríguez González, tras ser señalado por un ex alto cargo del departamento como la persona que le puso en contacto con Soluciones de Gestión, la empresa del caso Koldo, para adquirir mascarillas por valor de 3,4 millones de euros.
Fue Daniel Bélmar, ex subdirector general de Planificación de Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad, quien reveló ante el juez que José Antonio Rodríguez, conocido en el ámbito policial como Lenin, le habló de la oferta de Soluciones de Gestión para comprar mascarillas y le proporcionó el contacto de Íñigo Rotaeche, uno de los cabecillas de la trama e imputado en la causa.
Tras esta declaración, el juez Ismael Moreno, en el marco de una batería de diligencias, ordena interrogar a Rodríguez González, que actualmente sigue ostentando el cargo de director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, el número tres de Interior. La Secretaría de Estado de Seguridad fue uno de los organismos que adjudicó un contrato de mascarillas a Soluciones de Gestión, cuantificado en 3,4 millones de euros, al inicio de la pandemia.
En su comparecencia ante el Senado, Bélmar defendió que “no se ocultó nada” sobre la adjudicación del contrato -al que calificó como “normalillo”- con la empresa de la trama y que, además, comprobaron que cumplía los requisitos legales en un contexto en el que existían serios problemas con el suministro del material sanitario.
El juez instructor también ha citado a declarar a dos inspectoras que participaron en la auditoría encargada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre las adjudicaciones de contratos para la compra de material sanitario en el departamento que por entonces dirigía José Luis Ábalos. Entre las nuevas citaciones también se encuentran el jefe de Presupuestos y Contratación del Ministerio de Transportes en el momento de las adjudicaciones y el ex secretario general de Correos.
Con sus declaraciones y la del presidente de la empresa Raminatrans, que distribuyó parte de la mercancía adquirida, el instructor investigará, a petición de la asociación Liberum, la falta de justificación de la recepción de las mascarillas que adjudicó Puertos del Estado y Adif.
Los correos de Baleares y Canarias
En un tercer auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y solicita a los Servicios de Salud de las Islas Baleares y Canarias una copia de todos los buzones del correo electrónico corporativo de varios ex altos cargos.
Uno de ellos es Antonio Mascaró, exsubdirector de Compras y Logística de las Islas Baleares que firmó el 12 de agosto de 2020 un certificado en el que constaba, a petición de Soluciones de Gestión, que no se tenía “conocimiento” en ese momento “ninguna incidencia” y que los suministros realizados durante ese año habían sido satisfactorios.
El magistrado también ordena que le remitan toda la documentación sobre los contratos adjudicados por ambas comunidades a Soluciones de Gestión que no se hubiesen proporcionado a la Fiscalía Anticorrupción.
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