
El 7 de julio de 2026 marcará un hito en la transparencia salarial dentro de las empresas europeas. Desde ese día, los empleados de compañías con más de 250 trabajadores podrán conocer los salarios de sus compañeros, gracias a la nueva directiva de la Unión Europea (UE) sobre transparencia retributiva. Esta medida, que busca combatir la brecha salarial de género, exigirá a las empresas ser más abiertas y justas en sus políticas salariales. La directiva, aprobada por el Consejo Europeo en abril de 2023, responde a la necesidad de garantizar la igualdad de retribución entre hombres y mujeres.
Pese a los avances alcanzados en igualdad de género, en 2020 la brecha salarial entre ambos sexos seguía siendo del 13% en promedio. La UE considera que la falta de transparencia es uno de los principales obstáculos para cerrar esta brecha, y por ello, ha establecido nuevas normativas que obligan a las empresas a proporcionar información clara y accesible sobre sus políticas salariales. Es por ello que, desde julio de 2026, todas las empresas con más de 250 empleados deberán informar anualmente a las autoridades nacionales sobre la brecha retributiva de género en su organización.
Esta obligación se extenderá a las empresas con más de 100 empleados a partir de 2028, aunque con una frecuencia de informes cada tres años. Además, las empresas deberán proporcionar a los trabajadores, a petición de estos, información sobre:
- Niveles retributivos medios desglosados por sexo para empleados que realicen el mismo trabajo o uno de igual valor.
- Criterios utilizados para determinar la retribución y la progresión profesional, asegurando que estos criterios sean objetivos y neutrales respecto al género.
Obligaciones para las empresas
Las empresas que presenten una brecha salarial de género superior al 5% deberán adoptar medidas correctivas, como realizar una evaluación retributiva conjunta con los representantes de los trabajadores. Si no pueden justificar esta diferencia mediante criterios objetivos y neutros, estarán obligadas a tomar acciones para corregir la desigualdad. Además, las nuevas normas prohíben a los empleadores preguntar a los solicitantes de empleo sobre su historial retributivo durante el proceso de selección, una práctica que a menudo perpetúa las desigualdades salariales.
La Directiva también refuerza los derechos de los trabajadores a recibir indemnización por discriminación salarial. Si se demuestra que un trabajador ha sido víctima de una brecha salarial de género injustificada, tendrá derecho a una compensación que incluya la recuperación de los atrasos salariales y otros beneficios que le hayan sido negados. Para muchos, la idea de que todos los empleados puedan conocer los salarios de sus compañeros puede parecer controvertida, pero desde la Unión Europea se argumenta que esta medida contribuirá a empoderar a los trabajadores, permitiéndoles exigir condiciones salariales más justas y equitativas.
Al hacer que las empresas sean más transparentes en sus políticas retributivas, consideran que se fomenta una mayor competitividad y se minimizan las desigualdades dentro del lugar de trabajo.
Adaptación de las empresas
Los países de la UE tendrán hasta tres años desde la adopción de la Directiva para adaptar su legislación nacional a las nuevas normas. Esto significa que, antes del 7 de julio de 2026, las empresas deberán haber implementado sistemas que les permitan cumplir con las obligaciones de transparencia retributiva. Las organizaciones más grandes, con más de 250 empleados, serán las primeras en tener que cumplir con estas normas, seguidas por aquellas con más de 100 trabajadores a partir de 2028.
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