El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del procés que pidan al alto tribunal que aplique la ley de amnistía a todos los delitos atribuidos a Carles Puigdemont y otros líderes independentistas catalanes, entre ellos el de malversación.
En un escrito dirigido a la cúpula fiscal, García Ortiz expone su discrepancia con los fiscales Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno. Considera que confundieron en su informe el “ánimo de lucro” que exige la comisión del delito de malversación con el “enriquecimiento personal de carácter patrimonial” de aquellos hechos que la ley de amnistía no considera perdonables.
A juicio del fiscal general del Estado, el perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es “equiparable” al enriquecimiento personal de carácter patrimonial. Además, subraya que los hechos no produjeron una “afectación directa” a los intereses financieros de la Unión Europea.
Así, García Ortiz pide amnistiar a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por la malversación -el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa- y a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados -el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia-.
Ahora, los fiscales del procés tendrán que responder por escrito si acatan o no la orden de la máxima autoridad del Ministerio Público. En caso negativo, tendrán que invocar el artículo 27 del estatuto fiscal, por el que se convocaría una Junta de Fiscales de Sala el próximo martes, tal y como informó la Fiscalía. Así las cosas, cabe esperar que sea ese órgano el que, por votación, decida la postura del Ministerio Público respecto a la aplicación de la amnistía al delito de malversación.
Pide levantar la orden de detención contra Puigdemont
Otro de los puntos clave del escrito redactado por García Ortiz es su apoyo a que se levante la orden de detención contra Puigdemont. En concreto, sostiene que alzar las medidas cautelares sobre los procesados es una medida no solo “adecuada” sino “necesaria” según lo estipulado por la ley de amnistía.
La Fiscalía General del Estado contabilizó 82 procedimientos judiciales abiertos y 486 personas encausadas que podrían beneficiarse por estar, a juicio del Ministerio Público, bajo el paraguas de la ley de amnistía. Entre las causas incluidas se encuentra la que sigue el Tribunal Supremo por sedición, malversación y desobediencia contra Carles Puigdemont y otros dirigentes independentistas, así como los casos de posible terrorismo de Tsunami Democràtic y CDR en la Audiencia Nacional.
A estas causas se suman dos que se siguen en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. El resto de procedimientos contabilizados por la Fiscalía permanecen en las audiencias provinciales de Barcelona y Girona y juzgados de instrucción de distintos municipios de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.
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