
La Junta Electoral Central ha acordado este jueves abrir un expediente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por hacer campaña en su visita al astillero de Navantia en Ferrol el pasado 24 de enero, nueve días antes de que empezara la campaña de las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero. En el acto, el líder del Ejecutivo anunció que el Ministerio de Defensa encargará la construcción de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate para la Armada Española.
“Se acuerda estimar el recurso y revocar el acuerdo de la Xunta Electoral de Galicia, la cual procederá a incoar expediente sancionador para depurar la posible responsabilidad en que, en su caso, se haya podido incurrir por la presunta vulneración del artículo 50.2 de la LOREG, interpretado en consonancia con los artículos 23.2 y 103.1 de la Constitución”, señala la JEC en su decisión, tal como denunció el PP.
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En concreto, el precepto 50.2 de la ley electoral limita la propaganda para los representantes públicos: “Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas, queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”.
En una breve declaración ante los medios sin preguntas, Sánchez específico que para la construcción del buque se inyectarán 439 millones de euros, va a suponer tres millones de horas de trabajo e implicará la creación de 1.800 empleos directos e indirectos. El proyecto empezará “con la máxima celeridad” y contará con el trabajo de 300 empresas, de las cuales 175 serán gallegas.
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“Gran repercusión del acto”
En este sentido, Sánchez recordó su apuesta por este sector, además de incidir en la necesidad de “reindustrializar Ferrol, Galicia y España” y hacerlo “en clave sostenible y en clave también digital porque esos son los pilares sobre los que se va a construir la competitivad de la economía”.
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La JEC sostiene que, como ha señalado en supuestos parecidos, “la existencia de un proceso electoral en curso no interrumpe el funcionamiento normal de las administraciones públicas. Ahora bien, ello no puede servir de excusa para la instrumentalización de los medios y recursos públicos de los que dispone la Administración en beneficio de una candidatura determinada”.
En este caso, el órgano electoral tiene en cuenta la “gran repercusión que en toda Galicia tuvo la intervención del Presidente del Gobierno durante su visita a Navantia, dada la combinación de la relevancia que dicha empresa tiene dentro del sector marítimo gallego, junto con la presencia en su sede de una autoridad tan relevante dentro de la estructura política del Estado”. Será la Xunta Electoral de Galicia la que proceda a sancionar al presidente del Gobierno, quien ya tuvo que pagar 2.000 euros de multa por hacer campaña en Bruselas antes de las generales del pasado 23 de julio.
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