La tramitación de la ley de amnistía ha dado un vuelco a última hora. Junts ha frustrado este martes su aprobación definitiva en el Congreso, por lo que el texto volverá a la Comisión de Justicia, “que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes”, según el artículo 131.2 del reglamento del Congreso. El partido independentista ha consumado así su amenaza después de que el PSOE rechazara aceptar sus nuevas exigencias en torno al texto.
En palabras de su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, la norma “tiene agujeros por donde la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado”. Junts había supeditado su voto favorable a reforzar el blindaje a Carles Puigdemont al albur de las últimas decisiones judiciales, ya que abren la puerta a dejar al líder de Junts fuera del perdón.
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“Nuestra posición, que hemos mantenido y que a la vez está incluido en el acuerdo que firmamos con el Partido Socialista es la amnistía integral, una amnistía que no deje a nadie atrás, a nadie, una amnistía que repare la represión que el independentismo catalán sufre desde hace muchos años”, señaló Nogueras.
Ante la exigencia de Junts de profundizar en el blindaje a los investigados por terrorismo y alta traición en los casos de Tsunami y Volhov, el PSOE se ha mantenido en su posición y no ha admitido los nuevos cambios planteados por los independentistas. En esencia, las enmiendas de Junts buscaban ampliar la cobertura de la amnistía a todos los delitos de terrorismo y de alta traición, los delitos contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la defensa nacional.
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“La ley es sólida y no puede someterse a cambios con cada nueva noticia que se conoce. Estamos ante una ley para una generación, no para responder a los titulares del día”, sostienen fuentes socialistas para justificar su rechazo a admitir las correcciones de los independentistas.
El Gobierno se planta ante Junts y se niega a admitir sus enmiendas
El PSOE alega “seguridad jurídica” para sortear la presión de Junts, ya que si no se cumple este requisito, “este avance histórico no sería posible. Y lo será con pleno respeto al Estado de Derecho y con un funcionamiento ejemplar de las instituciones democráticas y de los tres poderes del Estado”, subrayan estas voces para contrarrestar las críticas de los independentistas sobre la “injerencia” de los jueces.
El resultado de este desencuentro entre Junts y PSOE, el primero de la legislatura, hace retroceder la norma en su tramitación, por lo que obliga a prorrogar la negociación entre ambas fuerzas. Si bien, el Gobierno lo tiene claro: no está dispuesto a volver a ceder después de que ya admitiera la semana pasada acotar la exclusión del terrorismo en la ley de amnistía.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha cargado contra Junts al afearle que su voto en contra. Para el dirigente socialista, es “incompresible” que haya votado no “de la mano del PP y Vox, precisamente los que quieren encarcelarlos”, ha señalado. Bolaños ha exigido que “reconsideren seguir trabajando” en el plazo que se abre a partir de ahora hasta que el texto vuelva a someterse a votación.
El también titular de Justicia ha mostrado su rechazo a las acusaciones vertidas por varios diputados contra los jueces del procés, a quienes han acusado de “prevaricar”. “España es un estado de derecho con jueces que ejercen su labor”, ha añadido Bolaños después que los representantes de Junts, ERC, Sumar, EH Bildu, PNV y BNG arremetieran desde la tribuna contra los magistrados que juzgaron o aún investigan actuaciones, citando de manera expresa a Manuel Marchena, Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre.
ERC también ha abroncado a Junts por impedir la aprobación de la ley. La diputada republicana Pilar Vallugera ha sido contundente en sus críticas, instando a Junts a no cuestionar la norma porque implica “caer en la trampa de ir modificándola por intereses espurios”. “A día de hoy, ¿cuál es la decisión que favorece a más gente? Esto solo tiene una respuesta, y es votar que sí”, ha señalado la parlamentaria, dejando claro que “esta amnistía no va ni de Puigdemont ni de Rovira; va de las 1.500 personas que hace siete años que tienen su vida en tela de juicio porque el Estado les está reprimiendo”.
Más tarde, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha lamentado el rechazo de Junts. “La ley que hoy se votaba era una buena ley”, ha apostillado. “Merecía el apoyo de la mayoría de la Cámara Baja”, ha ahondado para confiar en que la norma reciba el respaldo definitivo en segunda vuelta.
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