Las pensiones contributivas se han revalorizado un 3,8% con la premisa de compensar la subida de los precios provocada por la inflación. Las prestaciones no contributivas, por su parte, crecerán un 6,9%, mientras que las de viudedad para personas con menores de 26 años a cargo subirán un 14,1%. Esta diferencia responde a uno de los objetivos de la última reforma de las pensiones, que determinó que algunos subsidios crecerían por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual para garantizar su suficiencia. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) gestiona normalmente estas prestaciones.
La inflación ha impactado de lleno en muchos ámbitos, como el consumo, el turismo y la vivienda, que es sin duda uno de los más afectados. Los pensionistas, normalmente, tienen una casa y/o piso en propiedad, pero un 5% todavía vive de alquiler. Los beneficiarios de una pensión no contributiva —más baja que los subsidios ordinarios— tienen que superar todo tipo de obstáculos para llegar a final de mes. En este contexto, el Imserso y la Seguridad Social ofrecen una serie de complementos y bonificaciones para mejorar las condiciones de los pensionistas más vulnerables, aunque, para ello, tienen que cumplir con los requisitos establecidos.
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El ahorro de dinero es uno de los principales desafíos para los pensionistas españoles, que no generan más ingresos que la correspondiente prestación y las posibles rentas. Lo que muchos jubilados no saben es que existe un amplio abanico de ayudas y subsidios públicos al que pueden recurrir. Las personas mayores conforman uno de los grupos de edad más vulnerables, sobre todo porque tienen que lidiar con la discriminación y las barreras tecnológicas que todavía persisten en nuestra sociedad. Las administraciones públicas y los gobiernos regionales, conocedores de este problema, contemplan una serie de beneficios específicos para los miembros de este colectivo.

Bono social térmico y eléctrico
El bono social térmico es una prestación pública que supone una rebaja en la factura de la luz para las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El descuento que se aplica puede cambiar en función de las necesidades del demandante, con una cobertura máxima del 80% en caso de que la situación se considere de “alta gravedad”. El importe mínimo a recibir asciende hasta los 40 euros mensuales y el ingreso se tramita normalmente a principios de año. Este subsidio cubre los gastos de agua caliente y calefacción que se estén incluidos en la factura eléctrica.
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Ayudas para el alquiler de 525 euros
Esta prestación, dotada con 525 euros —pago único—, pretende llegar a todos los beneficiarios de una pensión no contributiva de jubilación que sean titulares de un contrato de arrendamiento y no dispongan de una vivienda en propiedad. Los demandantes tienen que vivir de alquiler —domicilio habitual— y no pueden tener con el propietario de la vivienda ninguna relación conyugal o de parentesco hasta el tercer grado. Los pensionistas pueden solicitar este complemento en los órganos competentes de las respectivas Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales del País Vasco y Navarra, y en las Direcciones Territoriales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) de Ceuta y Melilla.
Descuentos en la tarifa telefónica
Los pensionistas pueden acceder a una bonificación por parte de las compañías telefónicas, con la que ahorrar hasta un 70% en la cuota de alta de la línea individual. El descuento puede ascender hasta el 95% en la cuota mensual. Las personas que lo soliciten tienen que cumplir con una serie de requisitos, como acreditar que la renta familiar no supera los 9.023,50 euros anuales y demostrar que son beneficiarios de una pensión pública.

Ayudas para personas dependientes
La Ley de Dependencia contempla una serie de ayudas para las personas mayores, casi todas gestionadas por las comunidades autónomas. Los pensionistas pueden consultar las opciones disponibles en su lugar de residencia y pedir prestaciones para el servicio, la asistencia domiciliaria y/o los centros de día.
Complemento para la reducción de la brecha de género
El complemento para la reducción de la brecha de género es un plus que los organismos públicos pueden sumar a la cuantía de la pensión de jubilación con el objetivo de compensar el perjuicio en las carreras profesionales de los beneficiarios, principalmente las mujeres que han asumido un papel principal en el cuidado de sus hijos. En estos casos, las trabajadoras ven mermada su prestación cuando acceden al retiro. El complemento queda fijado este año en los 33,20 euros mensuales.
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