
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que no existe ‘lawfare’ (persecución judicial con fines políticos) en España y que los jueces cumplen su labor respetando el ordenamiento jurídico. Grande-Marlaska, antes de su actual puesto, fue juez ejerciendo en la Audiencia Nacional.
”No existe ‘lawfare’ en España. Los jueces españoles cumplen sus deberes con estricto acatamiento al ordenamiento jurídico en parámetros de independencia e imparcialidad”, afirma en una entrevista que publica el diario La Vanguardia.
Preguntado si es un exceso cuando el juez de la Audiencia Nacional considera que la causa de Tsunami es terrorismo, Grande-Marlaska contesta que las resoluciones judiciales “están para respetarse”. ”Todas ellas. Cuando las causas no están definitivamente juzgadas, todavía hay que ser más cautelosos en su valoración”, añade.
En los pactos del Gobierno con el independentismo, entre otras cuestiones, se estableció la posibilidad de hacer comisiones parlamentarias para revisar algunos sucesos vinculados a los años de tumulto independentista, una decisión que ha sido muy criticada por la oposición que considera que es una manera de minar al poder judicial y sus resoluciones.
La cuestión del lawfare ha sido una de las claves en la negociación de Pedro Sánchez con Junts por la que consiguió volver a ser investido el pasado mes de noviembre. El concepto se refiere a la idea del independentismo catalán de que la justicia española ha buscado causas judiciales contra el independentismo, sin sustancia, solo con la búsqueda de ponerles en aprieto.
El pacto migratorio
En la entrevista, el ministro del Interior afirma que el pacto migratorio aprobado por la Unión Europea es “un paso adelante” que evitará situaciones como las de Canarias y Lampedusa. El ministro se ha congratulado del pacto migratorio que se ha llevado a cabo durante la presidencia española del Consejo de la UE. “Es el pacto que podía conseguirse, demostramos unidad y fuerza”, explica el ministro en la entrevista con un pacto que “respeta sin ninguna duda los derechos humanos”. Además, ha señalado que en opinión de la comisaria del ramo España es un ejemplo dentro de su gestión de la migración.
La cuestión migratoria es una de las más acuciantes para el Gobierno, en el último año se han multiplicado las llegadas y en Canarias aparecen embarcaciones a mayor ritmo de lo que se ha visto nunca, incluida la crisis de los cayucos de 2006. Esa será una de las prioridades del ministerio del Interior en la próxima legislatura.
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