Las pensiones contributivas subirán un 3,8% el próximo año. Al menos, eso es lo que marca el dato adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) hace un par de semanas. La última reforma de las pensiones, aprobada hace nueve meses por el Gobierno de coalición, establece que los subsidios se han de revalorizar en función del IPC medio interanual, tomando como referencia los 12 meses que separan diciembre del año en curso y noviembre del anterior. Las prestaciones están ahora vinculadas por ley a la evolución de los precios, esta no ha sido la hoja de ruta que han seguido todas las administraciones durante la última década.
La reforma de las pensiones de Escrivá supuso, sin duda, un golpe en el tablero respecto al modelo anterior, aprobado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Los populares, en plena crisis financiera, sacaron adelante el llamado Índice de Revalorización de las Pensiones, que vinculó la actualización de los subsidios al porvenir de las cuentas de la Seguridad Social. La norma garantizaba que en caso de déficit, las prestaciones no subirían por encima del 0,25% interanual. La reforma de Rajoy rompía con el Pacto de Toledo y no respetaba el acuerdo social.
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José Luis Escrivá ha entregado hace un par de semanas su cartera y Elma Saiz llevará la batuta durante los próximos cuatro años. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que estaba al frente, ha sido uno de los grandes protagonistas de la última legislatura justamente por haber desbloqueado la reforma de las pensiones. Tras más de un año de negociaciones, Escrivá consiguió poner en marcha una serie de cambios que los pensionistas llevaban tiempo suplicando y el acuerdo, forjado entre PSOE, Podemos y los agentes sociales, permitió sacar adelante un compromiso inquebrantable para recibir los fondos europeos: la reforma de las pensiones.
Las pensiones se estancaron un 0,25%
Hace una década, Fátima Báñez estaba al frente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Las políticas de austeridad del PP, alineadas con la hoja de ruta de Bruselas, precipitaron una serie de cambios en el sistema público de pensiones. La congelación de los subsidios se ha prorrogado durante cinco años y los pensionistas no han recuperado poder adquisitivo hasta 2019. Entre 2014 y 2018, las pensiones se estancaron en torno al 0,25% interanual.
El Índice de Revalorización de las Pensiones desvinculó la inflación del cálculo de los subsidios, que subieron por debajo del IPC hasta en tres ocasiones —2012, 2013 y 2017—. En 2014, 2015 y 2016 las prestaciones también subieron un 0,25%, pero el incremento de los precios fue ligeramente inferior. Zapatero había elevado hasta los 67 años la edad de jubilación y propuso endurecer los requisitos para obtener la pensión completa. Los socialistas, en cambio, sí que consiguieron el respaldo político y social.
El malestar en las calles no se hizo de rogar. En 2018, dos años después de estrenar su segundo mandato, Mariano Rajoy se vio obligado a dinamitar su propia reforma de las pensiones para pactar con el PNV y sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Los nacionalistas vascos pusieron como condición revalorizar las pensiones conforme al IPC, dejando en suspenso el índice del 0,25% que había permanecido intacto durante cinco años consecutivos. Además, los populares retrasaron hasta 2023 el factor de sostenibilidad, aunque nunca llegó a entrar en vigor.
El Gobierno de coalición comenzó su andadura aumentando el poder adquisitivo de los pensionistas un 1,2%, pero la pandemia hizo estragos y dejó la inflación por las nubes. Una década más tarde de la reforma del PP, Escrivá volvió a vincular las prestaciones con la evolución de los precios. Los dos últimos incrementos, con la guerra de Ucrania como precedente, dejaron subidas del 8,5% en 2023 y del 2,5% en 2022. El nuevo modelo pone el foco en las pensiones más bajas y vincula los subsidios al Índice de Precios de Consumo (IPC). La reducción de la brecha de género y el blindaje de los pensionistas ante la pérdida de poder adquisitivo fueron dos de los principales logros de Escrivá como titular de la cartera.
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