El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha remitido este jueves una carta a los fiscales del juicio del procés, quienes en otra misiva le habían reclamado “amparo institucional” frente al pacto del PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que incluía la creación de comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados para detectar posibles casos de lawfare (judicialización de la política).
Los fiscales Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno habían pedido a García Ortiz que, “en su condición de fiscal general del Estado y presidente del Consejo Fiscal” les proporcionara “amparo institucional” ya que, “junto a la concesión de la amnistía, un mecanismo excepcional de gracia que no está contemplado en la Constitución, han pactado la creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria con la finalidad de evaluar las actuaciones que hayan realizado o realicen los órganos judiciales y del Ministerio Público”.
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En su respuesta, el fiscal general del Estado ha recordado a los fiscales del procés que “cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de una futura amnistía de los hechos acaecidos en Cataluña en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Cuando eso ocurra, señala que “el posicionamiento -en todo caso técnico-jurídico- de la Fiscalía española se realizará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda nuestra intervención”. En consecuencia, prosigue, “el Fiscal General del Estado ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados”.
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“Respeto a la separación de poderes”
Además, García Ortiz resalta que la Fiscalía “debe respetar el principio de separación de poderes consustancial al Estado de derecho y evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado”.
Precisamente, los fiscales del procés, en su misiva, le habían advertido que el contenido del acuerdo entre PSOE y Junts les generaba “una especial preocupación, ya que conculca el principio de separación de poderes y cercena de raíz la independencia judicial”. Y es que, a su juicio, “la revisión de las decisiones jurisdiccionales por otro poder del Estado, en este caso el Legislativo, no es admisible en un Estado que se proclama democrático y de derecho, y que iniciativas como esta claramente demuestran el intento de establecer un control político sobre el Poder Judicial”.
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