El acatamiento de la Constitución es un procedimiento imprescindible para poder dejar de ser diputados electos y pasar a convertirse parlamentarios de pleno derecho. A lo largo de las últimas legislaturas este proceso se ha convertido en un trámite algo polémico debido a las diferentes fórmulas que han decidido adoptar, principalmente, los representantes de las fuerzas nacionalistas e independentistas.
En legislaturas anteriores, los diputados de ERC utilizaron la fórmula “por imperativo legal”. Otras veces, tras el encarcelamiento de algunos líderes independentistas, en 2019, estos decidieron acatar la Constitución “por la libertad de los presos políticos catalanes, por el retorno de los exiliados, hasta la Constitución de la república catalana”, llegó a expresar Montserrat Bassa, hermana de la exconsejera de la Generalitat, Dolors Bassa, condenada a 12 años de prisión por el procés.
Junts, por su parte, apostó por recordar el 1 de octubre. Laura Borrás prometió “con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre, por fidelidad al pueblo de Cataluña, por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados, por imperativo legal”, expresaron los diputados de Puigdemont. La CUP apostó por una fórmula similar: “Por imperativo legal prometo, en lealtad primera y última a nuestro pueblo”.
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No sólo se han registrado estas fórmulas entre los grupos catalanes, también entre los vascos. Los diputados de Bildu que apostaron por acatar la Constitución “por imperativo legal hasta la creación de la República Vasca”
La derecha protesta
Las fórmulas escogidas por algunos de los diputados periféricos han provocado, tradicionalmente, la protesta de los grupos parlamentarios de derechas. En la pasada legislatura, Pablo Casado, ante las estrategias utilizadas, protestó y anunció que el PP presentaría ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo, puesto que, bajo su punto de vista, los diputados no estaban prometiendo de forma correcta su respeto a la Carta Magna.
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Los grupos de la derecha no se quedaron aquí, incluso amenazaron a la entonces presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, con posibles acciones judiciales por “prevaricación administrativa”. Inés Arrimadas, en aquel momento portavoz de Ciudadanos, también intervino para expresar su queja por las referencias a los “presos políticos” y la “república catalana” o “vasca”.
Batet recogió estos comentarios y recordó que “todas las fórmulas empleadas han sido utilizadas antes” y han sido supervisadas y admitidas por la Junta Electoral Central y el Tribunal Constitucional, porque no limitan el acatamiento de la Carta Magna.
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