Cambios en las pruebas Aprender: buscan menos “sobrecarga” de evaluaciones y más foco en el uso de los datos

El Consejo Federal de Educación (CFE) aprobó un nuevo plan de evaluación educativa, que redefine el esquema nacional de medición de los aprendizajes, incluyendo los operativos Aprender pero también otras herramientas. Según el plan, acordado por los 24 ministros de Educación de las provincias y la Secretaría de Educación nacional, el objetivo es consolidar una política de evaluación más previsible, más coordinada entre Nación y provincias y más enfocada en el uso pedagógico de la información.

Uno de los principales cambios afecta a las pruebas Aprender, que desde hace una década se vienen tomando todos los años de manera alternada entre el 6° grado de primaria y el último año de secundaria (5° o 6° según la jurisdicción). El nuevo plan, que proyecta las evaluaciones previstas hasta 2030, prevé menos operativos censales –aquellos que alcanzan a todos los estudiantes del año evaluado– y una mayor presencia de evaluaciones muestrales (las que se toman a una muestra representativa de alumnos).

Si bien ambos instrumentos –censales y muestrales– permiten monitorear los aprendizajes de manera rigurosa a nivel nacional o provincial, una diferencia importante es que solo las pruebas censales permiten “devolver” a cada escuela un panorama de sus resultados, lo que se viene haciendo en los “reportes por escuela”. A partir de esos reportes, cada equipo docente y directivo puede identificar los puntos críticos de sus estudiantes específicos.

Entre los argumentos centrales para plantear este cambio, fuentes del Ministerio de Capital Humano mencionaron la necesidad de reducir la “sobrecarga” y el “solapamiento”, dado que las pruebas Aprender conviven con muchas otras evaluaciones: las provinciales, pero también las internacionales (como PISA o ERCE), que se agregan al calendario de las evaluaciones que propone cada docente y cada escuela a nivel institucional. La elaboración del Plan Plurianual de Evaluación Nacional 2026-2030 fue coordinada por la Subsecretaría de Información y Evaluación Educativa, a cargo de María Cortelezzi.

Argentina lleva más de 30 años aplicando evaluaciones estandarizadas: el primer Operativo Nacional de Evaluación (ONE), antecedente directo de las actuales Aprender, se realizó en 1993, durante el primer gobierno de Carlos Menem. El país también participó del primer operativo regional ERCE de Unesco en 1997 y de las primeras pruebas PISA de la OCDE en 2000. Las tres décadas de evaluación estandarizada coinciden con un período de estancamiento de los aprendizajes –y, en algunas áreas como Matemática, con un deterioro–.

Ahí aparece otro argumento central del nuevo plan: la evaluación tiene sentido si contribuye a mejorar la enseñanza y los aprendizajes en el aula. Es fundamental tener diagnósticos, pero también es clave no “fetichizar” los datos: estos sirven en la medida en que impacten en la realidad de los estudiantes. Por eso, un objetivo declarado de la propuesta, aprobada por medio de la Resolución N° 515/26 del CFE, es que la política educativa ponga el foco en cómo aprovechar los datos para el uso pedagógico.

Los últimos planes nacionales de evaluación educativa habían sido anuales (como el de 2025) o bianuales (2023-2024 y 2021-2022); el nuevo esquema establece una hoja de ruta a cinco años (2026-2030). Países como Brasil y Estados Unidos planifican su sistema de evaluación a diez años. También el Acuerdo por la Educación, impulsado en 2024 por Argentinos por la Educación con la participación de un abanico amplio de referentes, proponía un esquema de diez años para “institucionalizar” la política de evaluación.

Según el documento del nuevo plan oficial, el objetivo es otorgar previsibilidad a la política de evaluación, fortalecer su continuidad más allá de los cambios de gobierno y reorganizar el sistema a partir de una pregunta central: para qué se evalúa. El documento explicita cinco objetivos para la evaluación: el monitoreo del sistema educativo, la transparencia de los datos, la retroalimentación pedagógica, la innovación (referida a la mejora técnica de las propias evaluaciones) y la coordinación federal.

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que realizar pruebas censales todos los años no contribuye por sí mismo a la mejora, dado que no suele haber variaciones significativas de los desempeños un año a otro, y que los resultados no llegan de inmediato a las escuelas –el compromiso actual es publicar resultados en el primer semestre del año siguiente a la aplicación de la prueba Aprender, que generalmente se toma en octubre o noviembre–. Además, indicaron que “una menor frecuencia permite tener tiempo de revisar los marcos de las evaluaciones y mejorarlas técnicamente”.

Además, enfatizaron que se está ampliando a nivel nacional el uso de la plataforma Acompañar, creada en 2022 y orientada a la “evaluación formativa”, es decir, la que está integrada al proceso de aprendizaje. La herramienta ya está siendo utilizada por los docentes en 18 provincias, informaron las fuentes.

Menos censos, más alternancia

Hasta ahora, la Resolución N° 445/23 del Consejo Federal de Educación establecía una periodicidad bienal mínima para las pruebas Aprender de finalización de primaria y secundaria, con alternancia entre ambos niveles: en el último tiempo, las pruebas de primaria se tomaban en años impares y las de secundaria en años pares. Bajo el nuevo esquema, las pruebas censales pasarán a realizarse cada cuatro años, complementadas por mediciones muestrales intermedias.

La edición más reciente de la prueba Aprender censal de 6° grado –el dispositivo que mide los aprendizajes de Lengua y Matemática de los estudiantes argentinos al terminar la primaria– se tomó en 2025. Según el nuevo esquema, el próximo censo se realizará en 2030, pero habrá una evaluación muestral previa en 2028.

En secundaria, la última prueba Aprender de Lengua y Matemática se tomó en 2024. La próxima prueba censal será en 2027, y luego habrá una medición muestral en 2029.

El plan consolida la prioridad de Lengua y Matemática: todas las evaluaciones nacionales previstas se enfocan en estas dos materias. Las pruebas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, que tuvieron sus últimas aplicaciones en primaria en 2017 y en secundaria en 2019, no figuran en el horizonte 2026-2030.

Otro punto clave es el seguimiento de la alfabetización inicial, en sintonía con el Compromiso Federal por la Alfabetización. Este año, de hecho, la única evaluación nacional será la prueba Aprender de tercer grado –se toma en noviembre–, que dará continuidad a la prueba Aprender Alfabetización de 2024. A diferencia de su antecedente, que había sido muestral –lo que generó en su momento algunos cuestionamientos, dado que esa modalidad impide devolver información a cada escuela–, la nueva prueba será censal. Es una evaluación que genera expectativas porque permitirá medir resultados del plan nacional y los 24 planes provinciales de alfabetización al final del primer ciclo de primaria, cuando se espera que todos los chicos estén alfabetizados.

Además de medir Lectura, esta evaluación se enfocará también en Matemática, y aportará un diagnóstico o “línea de base” para el Compromiso Federal por la Matemática que el Consejo Federal anunció este año, y que también abarca un plan nacional y 24 planes provinciales. Estos operativos de tercer grado tendrán continuidad en 2028 (de manera muestral) y en 2030 (censal).

El foco en el “uso pedagógico”

Actualmente, 23 de las 24 jurisdicciones informan contar con evaluaciones propias, según consta en el plan oficial (la única excepción es Misiones). Algunas jurisdicciones –como CABA, Córdoba, PBA, Mendoza o La Pampa– tienen sistemas muy desarrollados, con varias pruebas censales que se aplican en distintos años escolares con alta periodicidad. Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que esta abundancia de pruebas obliga a repensar la articulación entre Nación y provincias: la superposición de operativos puede terminar saturando a docentes y estudiantes.

“La idea es fortalecer el uso de evaluaciones y articular mejor la llegada a las escuelas”, plantearon las fuentes. También aseguraron que la menor frecuencia de las pruebas Aprender censales no responde a restricciones presupuestarias derivadas del ajuste en el presupuesto educativo nacional, que cayó alrededor del 50% desde diciembre de 2023.

“La discusión sobre la frecuencia de Aprender no debería centrarse solo en cuántas veces se evalúa, sino en para qué y cómo se utilizan los resultados”, argumentó Juan Cruz Perusia, investigador principal de Educación de CIPPEC. “La evidencia muestra que sin definiciones claras sobre los objetivos, los dispositivos y los productos de la evaluación, aumentar la frecuencia no necesariamente mejora su impacto en las escuelas”, sostiene Perusia.

Para el especialista de CIPPEC, una menor periodicidad censal puede resultar coherente si se inserta en una estrategia más equilibrada que combine distintas fuentes de información, evite la saturación del sistema y permita plazos reales para que las escuelas puedan apropiarse de los datos.

“Los procesos de mejora implican diagnóstico, planificación e implementación de acciones pedagógicas, que difícilmente se consoliden en un solo ciclo lectivo”, señaló Perusia. Y agregó: “Espaciar los operativos puede contribuir a que la información disponible sea efectivamente utilizada y tenga mayores posibilidades de traducirse en mejoras sostenidas en los aprendizajes”.

Nancy Montes, investigadora del Área Educación de FLACSO, también consideró que el plan introduce una racionalización necesaria. “La aplicación anual de operativos estandarizados agota a las escuelas, a los estudiantes y a los equipos técnicos que deben asumir la tarea de procesar, analizar y disponibilizar los datos en tiempos acotados”, sostiene Montes.

“Las provincias, que tienen a su cargo la gestión de las escuelas, son las responsables de organizar el trabajo de retroalimentación en torno a los resultados”, explicó Montes. Y agregó que muchas jurisdicciones lo vienen haciendo con calendarios propios.

Un horizonte más amplio

Uno de los objetivos explícitos del nuevo plan es consolidar la evaluación como “política de Estado”. En ese sentido, los especialistas consultados valoraron la adopción de un enfoque de mediano plazo. Lilia Toranzos, especialista en evaluación educativa y profesora de la UNIPE, destacó como positivo contar con “un plan plurianual que otorga previsibilidad”.

Montes también destacó que el plan presenta un panorama completo de “la trayectoria de los operativos de evaluación implementados en el país desde el año 1993, referencias internacionales y locales sobre prácticas habituales y recomendaciones en materia de evaluación de aprendizajes”. Además, resaltó la decisión de “partir de un diagnóstico exhaustivo para orientar las políticas”, y también valoró que el plan prevé la autoevaluación de su propio desarrollo.

Las evaluaciones nacionales se vienen implementando desde 1993, con variabilidad en la frecuencia, las áreas evaluadas y la difusión de resultados. Al principio fueron muestrales y se realizaron solo en el último año de secundaria; a partir de 1995 se empezaron a aplicar también en primaria. En 1997 se implementó la primera evaluación censal de Lengua y Matemática en el último año de secundaria. La frecuencia fue anual hasta el año 2000, que coincide con la primera participación argentina en las pruebas PISA.

A partir de 2001 hubo pruebas muestrales en distintos años escolares y asignaturas, pero solo fueron censales los ONE de 2010 y de 2013. En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, las ONE se rebautizaron como Aprender. Desde entonces hubo pruebas nacionales todos los años –alternando entre primaria y secundaria–, con excepción de 2020 por la pandemia.

La articulación con las provincias

El nuevo plan pone fuerte énfasis en la coordinación federal: de cara a ese objetivo, destaca el rol de la Red Federal de la Calidad y Equidad Educativa, integrada por equipos técnicos de la Nación y las provincias.

En este punto, Toranzos advirtió sobre la diversidad de capacidades técnicas entre provincias y el desarrollo desigual de sus sistemas evaluativos. “Da la impresión de que en muchas provincias la experiencia de evaluaciones propias es incipiente”, señaló la especialista, y subrayó que todavía falta mayor claridad sobre cómo se coordinarán la Nación y las provincias.

Desde el Ministerio plantearon que la Nación puede funcionar como proveedora de herramientas y asistencia técnica, como ocurre con las pruebas EGRA (“evaluación de lectura de primeros grados”, según la sigla en inglés), disponibles en 60 países. Según explicaron las fuentes oficiales, la Subsecretaría de Información y Evaluación Educativa trabajó dos años en la traducción y validación de esa herramienta, alineada con el plan de alfabetización. Ahora están encarando ese mismo trabajo para que en 2027 esté disponible en el país EGMA (“evaluación de matemática en los primeros grados”), en línea con el nuevo compromiso federal oficializado este año.

Ausencias y puntos pendientes

Toranzos también planteó la necesidad de explicitar estrategias concretas para promover el uso efectivo de la información. En ese sentido, mencionó la falta de lineamientos específicos sobre cómo fortalecer el uso pedagógico de los resultados y sobre cómo se integrarán mejor los distintos dispositivos de evaluación provinciales y nacionales.

Además, la especialista resaltó que, en su versión actual, el plan no hace referencia a la evaluación docente –menciona la prueba Enseñar de 2017, pero no prevé retomarla– ni aporta precisiones sobre la autoevaluación institucional de las escuelas o sobre cómo se evaluarán los programas y proyectos implementados por los ministerios. “No hay menciones claras sobre cómo y cuándo y bajo qué enfoques se desarrollará esto, ni cómo se articula para ofrecer retroalimentación pedagógica y contribuir al monitoreo y diagnóstico del sistema”, señaló.

El plan tampoco hace referencia a la evaluación de los institutos de formación docente, una línea de trabajo en la que se avanzó a través del Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación Institucional de la Formación Docente (SiFIECA), que también fue aprobado por el Consejo Federal de Educación en 2024, pero es coordinado desde el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD). Según informaron desde la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, actualmente hay 131 institutos en proceso de evaluación, y la meta es llegar a 300 este año.

“El desafío que se abre es establecer y sostener un sistema nacional de evaluación integrado, previsible y útil, capaz de generar información de calidad para el monitoreo, la mejora de los aprendizajes, la transparencia del sistema educativo argentino y la orientación de las decisiones públicas vinculadas a la asignación y priorización de recursos”, plantea el documento del plan en sus consideraciones finales.

Las autoridades reconocieron que persisten desafíos, entre ellos el involucramiento de los estudiantes en las pruebas –muchos estudiantes no responden todas las consignas de Aprender o las dejan a medio hacer porque, al no llevar nota, no tiene consecuencias para ellos–. En ese sentido, señalaron que parte del trabajo consistirá en seguir fortaleciendo el “sentido” de la evaluación.

Según pudo saber Infobae, otra línea de trabajo a futuro es la eventual digitalización del operativo Aprender. Más allá del formato que asuma la prueba, el plan acordado por la Nación y las provincias ratifica dos lecciones básicas de estos 30 años de operativos estandarizados: primero, que la evaluación es una política de Estado consolidada y con amplio consenso; por otro lado, que esa evaluación no puede ser un fin en sí mismo, sino que tiene sentido en la medida en que contribuye a una mejor enseñanza de los docentes y a mejores aprendizajes para los estudiantes.