Este lunes 2 de marzo empiezan las clases en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro y San Juan. Pero en las escuelas públicas, un paro docente nacional convocado por las confederaciones CTERA, UDA, CEA, Sadop y Amet afectará el inicio del ciclo lectivo. Todos los sindicatos docentes nacionales reclaman un aumento salarial que “permita recuperar el poder adquisitivo”, mientras el salario promedio se ubica en el nivel más bajo de los últimos 20 años.
El calendario oficial indicaba que el lunes debían volver a la escuela unos 8,5 millones de estudiantes en 15 provincias. A ellos se suman los alumnos de secundaria en algunas jurisdicciones –como CABA y Mendoza– donde la semana pasada comenzaron los alumnos de primaria y nivel inicial.
CTERA –la principal confederación docente a nivel nacional– anunció la medida de fuerza el pasado 20 de febrero. Luego se sumaron la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Sadop (docentes privados) y Amet (educación técnica), que pertenecen a la CGT.
En la provincia de Buenos Aires, la huelga coincidirá con el comienzo de clases y contará con la adhesión no solo de Suteba (el sindicato afiliado a CTERA) sino de todo el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que incluye también a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y a Udocba, Sadop y Amet. Los gremios rechazaron la última propuesta del gobierno bonaerense, que ofreció una actualización del 3% para febrero.
El paro afectará también a las jurisdicciones donde ya empezaron las clases. En CABA, tanto UTE como Ademys confirmaron su adhesión a la medida.
El reclamo de los gremios incluye, como parte de la recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que representaba entre un 8% y un 15% de los sueldos –según la provincia– y fue eliminado hace dos años por el gobierno del presidente Javier Milei. Las confederaciones docentes también coinciden en el rechazo al proyecto de ley de “libertad educativa” anunciado por el Gobierno. “Detonará el sistema educativo argentino”, dijeron en un comunicado conjunto Sergio Romero (UDA) y Fabián Felman (CEA).
Además, los sindicatos piden recuperar los fondos que la Nación aportaba a la educación obligatoria, en un contexto en que el Gobierno nacional redujo un 47,7% la inversión educativa entre 2023 y 2025. Desde CTERA denuncian que el ajuste en educación en estos dos años fue mayor que el promedio del ajuste fiscal en toda la administración nacional, estimado en 28,8%. Según un análisis del Presupuesto 2026 elaborado por Argentinos por la Educación, este año el Gobierno invertirá el 0,75% del PBI en educación, por debajo de 2024 (0,88%).
El esfuerzo presupuestario del Estado nacional se redujo a la mitad en diez años: en 2016 el presupuesto educativo nacional fue del 1,52% del PBI. A nivel nacional ya no hay metas de financiamiento para la educación, dado que la Ley de Presupuesto 2026 derogó el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que establecía un piso de inversión del 6% del PBI entre la Nación y las provincias. En los últimos 20 años ese objetivo solo se cumplió en 2015.
Actualmente el sistema educativo es financiado en un 75% por las provincias y en un 25% por la Nación. La reducción del financiamiento nacional fue mayor en la educación obligatoria (nivel inicial, primaria y secundaria) que en el sistema universitario: entre 2023 y 2025, los fondos nacionales para la educación obligatoria cayeron un 76,5% y la inversión en infraestructura educativa se redujo 58,5%, mientras que el presupuesto para las universidades cayó 29,4%.
Otro punto que reclamaban los sindicatos era la convocatoria a la paritaria nacional docente. En un intento de desactivar la medida de fuerza, el miércoles 25 el Ministerio de Capital Humano anunció la cita para este lunes a las 12 del mediodía. Al hacerlo, acató la decisión judicial que en julio del año pasado había suspendido el decreto 341/2025, emitido en mayo, por el cual el Gobierno nacional había intentado colocarse al margen de la negociación del salario mínimo docente y dejarla en manos de las provincias a través del Consejo Federal de Educación.
En un comunicado, desde el Ministerio de Capital Humano dijeron que ese decreto buscaba “otorgar mayor libertad a las provincias”, si bien también le reservaba a la Secretaría de Educación el poder para vetar los acuerdos entre gremios y ministerios provinciales. La última paritaria nacional se había reunido en febrero de 2025: desde entonces, el salario mínimo docente –el “piso” que puede cobrar un maestro de jornada simple sin antigüedad en Argentina– es de 500.000 pesos. Hoy ninguna provincia se ubica por debajo de ese monto.
Si bien en 2024 se aceleró la caída, el deterioro salarial viene desde antes: los salarios docentes se encuentran en el nivel más bajo de los últimos 20 años. Según un análisis del economista especializado Alejandro Morduchowicz, el salario docente promedio –tomando como referencia el cargo de un maestro de grado de jornada simple con 10 años de antigüedad– está por debajo del nivel de 2005, cuando la crisis salarial motivó la aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075).
Otro informe de Argentinos por la Educación analizó los últimos diez años de inversión educativa provincial y encontró que los salarios docentes cayeron en 21 de las 24 provincias entre 2014 y 2025: las tres excepciones son Chaco, Santiago del Estero y Río Negro. Al poner el foco en el impacto del ajuste reciente, se observa que entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025 los salarios docentes cayeron 19% en promedio a nivel nacional, según datos de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE).
Ese promedio nacional esconde grandes disparidades. Según datos oficiales analizados por Morduchowicz, en septiembre de 2025 un docente de jornada simple con 10 años de antigüedad cobraba $1.471.200 en Neuquén (la provincia con el salario más alto), pero apenas $677.246 en Misiones (la que tiene el salario de bolsillo más bajo). En provincia de Buenos Aires la cifra era $781.326, por debajo de CABA, con $907.122.
Frente al deterioro salarial, desde CTERA reclaman la aprobación de una nueva ley de financiamiento educativo. Esta semana, diputados opositores presentaron en el Congreso un proyecto de ley de “fortalecimiento salarial educativo” que declara la “emergencia salarial docente” y busca recomponer los ingresos de los maestros y profesores de la educación obligatoria en todo el país –no aborda el tema del financiamiento universitario, para el que ya se aprobó una ley específica, que el Gobierno ahora espera modificar con un proyecto propio–. A contramano de la mirada del Gobierno nacional, el proyecto parte de la corresponsabilidad entre la Nación y las provincias por el sistema educativo.
En sus fundamentos, la iniciativa advierte sobre la reducción de la inversión educativa de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional. En 2015, año de la mayor inversión educativa (6,1% del PBI), el Estado nacional aportó el 1,6% y las provincias el 4,5%. El año pasado, esas cifras se redujeron casi a la mitad: la inversión total fue de apenas el 3,3% del PBI, con 0,8% aportado por la Nación y 2,4% por las provincias, según datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía citados en el proyecto.
La iniciativa es impulsada por diputados de distintos bloques y provincias: la firman, entre otros, Nicolás Trotta (exministro de Educación de la Nación entre 2020 y 2021), Natalia de la Sota, Miguel Ángel Pichetto, Maximiliano Ferraro, Marcela Pagano, Sebastián Galmarini, Esteban Paulón y Mónica Frade. La iniciativa crea un nuevo “complemento federal” al salario docente financiado con el 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ese fondo tendría asignación específica y distribución automática, de modo que los recursos sean transferidos sin discrecionalidad política y lleguen directamente al recibo de sueldo de los docentes que están frente al aula.
De manera parecida al FONID, ese complemento federal implicaría un suplemento salarial nacional para docentes, directivos y personal no docente de escuelas públicas de nivel inicial, primario y secundario. Tendría dos componentes: uno universal (70%), distribuido de manera igualitaria por cargo (pero condicionado a presentismo y formación continua), y otro de compensación por vulnerabilidad (30%), por el cual se pagaría un extra a los docentes que trabajen en escuelas ubicadas en contextos adversos. Según los fundamentos, el suplemento podría significar entre 7,7% y 17% de mejora en provincias con salarios más bajos, y entre 3,6% y 8,1% en las de salarios más altos.
“Vemos una situación acuciante por la inédita retracción de la inversión del Estado nacional en educación. Pero también hay un retroceso de la inversión provincial, que impacta en los salarios docentes”, dijo el diputado Nicolás Trotta a Infobae. “Desde diciembre de 2023 hubo un recorte de casi el 50% de los recursos nacionales, lo que golpea al sistema universitario pero también a la educación obligatoria. Al observar los últimos años, vemos que cuando hay retracción de la inversión nacional, también se retrae la inversión de las provincias. Lo mismo sucede cuando aumenta la inversión nacional: las provincias actúan en espejo”, agregó Trotta.
La iniciativa –que deberá pasar por las comisiones de Presupuesto y de Educación de la Cámara de Diputados– obliga a las provincias a no recortar gasto educativo. El financiamiento saldría del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), es decir que el proyecto no afecta a la coparticipación ni crea nuevos impuestos, sino que reasigna recursos ya existentes previstos para emergencias.
También tiene un punto referido a infraestructura: el remanente de los ATN que no se ejecutaron en 2025 se usaría una sola vez para fortalecer la infraestructura escolar (75%) y para el equipamiento de la educación técnica (25%), en un contexto en que el Presupuesto 2026 derogó el fondo específico para la Educación Técnico Profesional, mientras que todas las obras de infraestructura escolar que financiaba la Nación están congeladas desde diciembre de 2023.
La propuesta coincide con algunos de los puntos que venían discutiendo los ministros de Educación de las provincias a partir de otro proyecto de ley de financiamiento educativo presentado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en el Consejo de Mayo.
Entre otras medidas, ese proyecto –que no tiene estado parlamentario– propone establecer un piso presupuestario obligatorio que no pueda reducirse de un año a otro y que se actualice por inflación, para darle mayor previsibilidad al sistema y “blindarlo” de ajustes abruptos como el de 2024-2025. Además, crea nuevos fondos nacionales para becas, infraestructura, tecnología e incentivos salariales vinculados al desempeño docente. También redefine los criterios de distribución de los recursos federales para favorecer a las provincias con mayor vulnerabilidad, y hace foco en la transparencia y los mecanismos de auditoría para monitorear el uso del dinero.