Juicio por YPF: Argentina aceptó entregar información sobre el oro del Banco Central y otros activos potencialmente embargables

Argentina entregará a los beneficiarios del fallo YPF toda la información sobre las reservas de oro el próximo 28 de febrero, luego de la orden emitida por la jueza Loretta Preska, quien preside el caso por la expropiación de la petrolera estatal en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Es parte de la ejecución de la sentencia porque el país no está cumpliendo con las obligaciones debidas ni tampoco ha depositado una garantía al fondo inglés Burford Capital. La cifra ya asciende a USD 17.200 millones, incluyendo intereses a una tasa de 5,42% anual y honorarios legales. De ese monto, unos USD 1.000 millones corresponden únicamente a este año.

Por este motivo, señala Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors; empezó un proceso de embargo de activos y para ello, son necesarios los detalles sobre su uso y ubicación. Esto no quiere decir que automáticamente vayan a ser confiscados sino que queda sujeto a revisión.

“Argentina no estaba proporcionando la información porque alegaba que esta le pertenecía al Banco Central y no al Tesoro. Pero Preska consideró que el Gobierno sí sabía acerca de los activos, tanto del oro como de cuentas en el exterior. Después se verá si son embargables o no”, dijo Maril.

En este sentido, ya hay un cronograma de revelación (discovery) que está en la corte del distrito:

Maril explicó que uno de los principales objetivos de los demandantes es demostrar que Argentina utiliza activos soberanos para actividades comerciales, lo que podría hacerlos embargables.

Preska había criticado la actitud del país al indicar que “se ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega”.

Sucede que si bien Argentina recibió un fallo desfavorable en el caso, continúa apelando. El problema es que en Estados Unidos la sentencia es firme en la corte de primera instancia. Entonces, se debe depositar una garantía para evitar que inicie el proceso de ejecución. La fecha límite era el 30 de enero de 2024, pero no se presentó y aparece la posibilidad de confiscación de cualquier tipo de activo en el exterior, según precisó Maril.

De ser negativa la resolución de la instancia de apelación, el país podría recurrir a la Corte Suprema de EEUU, la cual ya en 2018 prefirió no opinar en el caso.

Burford, que invirtió USD 400 millones en la demanda y luego vendió el 60% de sus derechos para financiar el litigio, apuesta a cobrar el fallo en 2025. También, busca demostrar que YPF y el Estado “son lo mismo”. Es decir, que la petrolera no es una empresa independiente de los gobiernos de turno. El fin último es quedarse con el 51% de las acciones de la compañía en manos estatales.

El bufete mira de cerca el escenario económico y político de Argentina. Por un lado, se encuentra el crecimiento sostenido de YPF en Wall Street: tiene un valor de mercado que supera los USD 20.000 millones. Esto representa una suba de 170% en un año, o USD 14.000 millones más. Y por otro, la baja del riesgo país. Consideran que es un contexto favorable para negociar con el Gobierno.

En los últimos días de 2023, Javier Milei se refirió al caso y aseguró que “hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos USD 16.000 millones para pagar. Sí tenemos el willing to pay, la voluntad de pagar”.

El mandatario dijo que va a proponer un nuevo impuesto para pagar la deuda. Lo bautizó la “tasa Kicillof”, por el gobernador bonaerense que era viceministro de Economía en 2012 y fue uno de los impulsores de la expropiación.

El desenlace del caso no solo determinará el futuro de YPF, sino también las posibilidades de acceso de Argentina a los mercados internacionales de crédito.