El 12 de noviembre pasado, exactamente una semana después de su victoria electoral, el presidente electo de EEUU, Donald Trump, que iniciará su segundo mandato el próximo 20 de enero, anunció la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que ya desde su sigla en inglés (Department of Government Eficiency, DOGE) es un gesto hacia Elon Musk, pues coincide con el nombre de la criptomoneda meme (Dogecoin) que el solo apoyo del hombre más rico del mundo transformó en un fenómeno cuya capitalización supera hoy los USD 60.000 millones, además de ser la palabra con el que la República de Venecia identificaba a una importante autoridad judicial.
En su statement, Musk designó al frente del DOGE, sin aclarar jerarquías, a Musk y Vivek Ramaswamy, un empresario de origen indio que lo enfrentó brevemente en las primarias republicanas, y les impuso tarea y tiempo definidos. Para el 4 de julio de 2026, cuando se celebrará el 250 aniversario de la Independencia de EEUU -ordenó el ex y futuro jefe de la Casa Blanca- “estos dos maravillosos americanos” deberán haber “desmantelado la burocracia gubernamental, talado (slash) el exceso regulatorio, cortado gastos dispendiosos y restructurado las agencias federales”.
Trump comparó esa tarea al Manhattan Project que dio a EEUU la bomba atómica, para lo cual Musk y Ramaswamy deberán trabajar junto a la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca y en consulta con el sector privado para “crear en el gobierno un enfoque empresarial nunca antes visto”.
Trump fue incluso más preciso; habló del “derroche masivo” en los UDS 6,5 billones (millones de millones) de gasto público federal de EEUU y tanto él como Musk hablaron de reducirlo en unos USD 2 billones, recorte que el economista Jeffrey Frankel, director del programa de Finanzas Internacionales del National Bureau of Economic Research (NBER) y miembro del Consejo de Asesores Económicos durante la presidencia de Bill Clinton, consideró “una fantasía”.
Más allá de los números, la descripción de tareas es similar a la de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado del gobierno de Javier Milei, cuyo decreto de designación señala que la cartera deberá “eliminar tareas innecesarias, duplicadas y/u obsoletas”; elaborar “políticas tendientes a aumentar la competitividad, eliminar cargas burocráticas, facilitar el funcionamiento de los mercados, impulsar el crédito, disminuir regulaciones y controles, aumentar la libertad económica y disminuir los costos del sector privado y productivo” e “impulsar las acciones necesarias para el dictado de actos administrativos que propicien la simplificación y/o supriman las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como aquellas exigencias normativas que distorsionen los precios de mercado”.
De Elon a Federico
Hay, sin embargo, importantes diferencias entre los casos de Musk y Sturzenegger, que asumió el 5 de julio pasado, cuando Milei llevaba casi 7 meses de gobierno y había eliminado el déficit fiscal, equivalente a unos 5 puntos del PBI, desde el primer mes.
Por otra parte, aunque participó en varios gobiernos, Sturzenegger tiene una impronta más académica y muchas de sus propuestas surgen del estudio de leyes y procesos gubernamentales, como demostró en la campaña electoral 2023, al presentar a la entonces candidata Patricia Bullrich dos abultadísimas pilas de papeles, una con las leyes a derogar y otra con las leyes a modificar.
Ese trabajo fue luego puesto a disposición de Milei, es el fundamento de gran parte de la Ley Bases, el DNU 70 de desregulación y otras iniciativas, desde la ley Hojarasca, que derogó 70 leyes sancionadas durante 16 gobiernos, hasta la desregulación del sistema de transporte público interurbano de pasajeros.
Musk, en cambio, conoció el Estado norteamericano básicamente a partir de su experiencia empresarial, en particular por el desarrollo de SpaceX, que avanzó entre contratistas de la industria aeroespacial como Boeing, Raytheon, Northrop Grumman, Lockheed Martin y Rockwell, a partir de demostrarle a la NASA que podía hacer las cosas a un costo mucho más bajo asumiendo riesgos por su cuenta y basándose en el sistema de prueba y error antes que en las detalladísimas normas gubernamentales.
Así, por caso, logró reducir enormemente el costo de las misiones espaciales con innovaciones como lanzadores y cohetes reutilizables. Y Tesla, su empresa más valiosa, amaga con trasladar su Gigafactory de baterías y autos eléctricos de California, un estado de impronta demócrata, alta regulación y cultura woke, a la más rústica Texas.
Ahora bien, ¿por dónde podría empezar Musk a recortar el gasto público norteamericano? Según medios de EEUU, el principio podría ser el despido de una importante cantidad de trabajadores federales empleados como oficiales médicos, pilotos de barcos y fiscales generales, entre otras actividades. El portal Business Insider analizó los salarios promedio de diferentes agencias y funciones para conocer las mayores remuneraciones entre cientos de miles de empleados federales.
Cuello blanco
La mayor parte de los trabajos mejor remunerados han sido clasificados como de “cuello blanco” por la Oficina de Administración de Personal (OPM), destacándose en particular aquellos relacionados con el sector salud. La información proviene de un informe que revela que tres de los cinco tipos de empleo con salarios promedio más altos pertenecen a esta área. Entre ellos, los puestos de oficiales médicos, principalmente empleados por el Departamento de Asuntos de Veteranos, ostentan el salario promedio más alto, convirtiéndose en líderes de la lista de mejor remuneración.
Los trabajadores especializados en análisis financiero también se encuentran entre los veinte empleos mejor pagados, según el documento consultado. Su principal empleador es la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, cuenta con aproximadamente 300 analistas financieros, consolidando su presencia en este segmento de altos salarios.
El análisis sugiere que el ámbito laboral salud y el financiero continúan ofreciendo los puestos mejor remunerados en el sector del empleo de cuello blanco, tal como lo destaca la información proporcionada.
Con promedios salariales que superan los 140.000 dólares, el Departamento de Educación y el Departamento de Energía destacan por ser las agencias a nivel de gabinete donde los trabajadores reciben las remuneraciones más elevadas, sin importar la ocupación.
Por otro lado, una reforma fiscal podría ser el objetivo final del DOGE. “Aunque es poco probable que Trump aumente los impuestos, el gobierno tiene opciones para generar más ingresos sin aumentarlos directamente. Reducir las deducciones fiscales para los planes de seguro médico comprados a través de empleadores podría disminuir el déficit en al menos 500 mil millones de dólares en una década, según la CBO. Además, modernizar y fortalecer el Servicio de Impuestos Internos (IRS) podría generar aproximadamente 850 mil millones de dólares en ingresos adicionales en la próxima década”, subrayaron desde The Economist.
El objetivo de Trump
El DOGE enfrenta el desafío de recortar 2 billones de dólares del presupuesto federal, que supera el gasto discrecional total (es decir, la parte no automática del gasto) del gobierno. Trump dio meno de dos años para lograr su misión., pero según The Economist el enfoque desregulatorio y los recortes de empleo no alcanzarían para generar semejante nivel de ahorro.
“La deuda nacional se acerca al 100% del PIB, un aumento significativo desde el 35% en 2007, y el déficit federal se sitúa en un 6% del PIB, un nivel históricamente asociado a guerras y recesiones económicas”, observó la prestigiosa revista británica, que apuntó en cambio que según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), implementar un límite anual del 2% en el crecimiento del gasto discrecional hasta el año 2035 podría generar un ahorro de cerca de USD 500.000 millones en la próxima década. Desde 2019, el gasto discrecional del gobierno tuvo un aumento cercano al 30%, impulsado principalmente por los aumentos derivados de la pandemia de COVID-19. En lugar de aplicar recortes directos, una técnica presupuestaria utilizada desde los años 1990 permite establecer límites estrictos al crecimiento futuro del gasto discrecional. Esta estrategia podría ser considerada por el DOGE para mantener un control más efectivo del gasto gubernamental.
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