El gasto público creció en julio y le restó margen al Gobierno para cumplir la meta fiscal anual con el FMI

El déficit primario se duplicó en julio por la caída de los ingresos que todavía arrastra el sector público por la sequía y por un aumento en el ritmo del gasto público en el mes previo a las elecciones primarias. En los primeros siete meses del año el desequilibrio fiscal acumuló 1,27% del PBI, frente a una exigente meta planteada ante el FMI de 1,9 puntos del Producto.

El martes por la noche el Ministerio de Economía informó que en el séptimo mes del año registró un déficit fiscal primario de $334.366 millones y un desequilibrio financiero de $754.243,2 millones, de acuerdo a información de la Secretaría de Hacienda. En un comunicado, el Palacio de Hacienda apuntó que “de esta manera, se acumuló, en el lapso enero-julio, un déficit fiscal primario de $2.215.060 millones”, es decir, 2,2 billones de pesos.

“La caída de los derechos de exportación, durante el período enero-julio, en relación a lo proyectado en el Presupuesto 2023 ascendió a 906.000 millones de pesos. De no haberse producido esta merma como consecuencia de la sequía, el déficit primario del sector público nacional presentaría una mejora de 0,5% del Producto Bruto Interno”, informó el Ministerio de Economía.

Dos elementos coincidieron en hacer que el déficit sea en julio de este año más alto que en julio del año pasado en términos reales -de acuerdo a estimaciones del economista Nadin Argañaraz, ese incremento fue de 106 por ciento-, por un lado, que los ingresos crecieron en términos nominales por abajo del ritmo de la inflación, como efecto que todavía persiste de la sequía y la menor recaudación de retenciones por menores exportaciones del agro, y porque el gasto aceleró por encima del ritmo de precios.

“Dentro del gasto primario, los tres que más cayeron en términos reales fueron subsidios a la energía (41,9%), asignaciones familiares (18,7%) y pensiones no contributivas (9,5 por ciento). Los tres que más aumentaron fueron otros gastos corrientes (117,4%), transferencias de capital a provincias (64,6%) y programas sociales (56,2%)”, mencionó Argañaraz.

Para lo que resta del año el panorama fiscal asoma complejo para el Gobierno: el techo de déficit primario acordado con el FMI es de 1,9% del PBI y solo en los primeros seis meses del año ya acumuló 1,27 por ciento. Hay otro elemento clave: en términos estacionales el segundo semestre suele ser de mayor ritmo de gasto, por lo que ese margen de 0,63% del Producto aparece como muy angosto para poder cumplir esa meta fiscal.

Según dejaron saber desde el equipo económico en los últimos días, el Poder Ejecutivo buscará apoyarse en un refuerzo de recaudación de impuestos (por ejemplo, con las alícuotas de PAIS para importaciones y anticipo de Ganancias) para llegar con aire a ese tope para las cuentas públicas.

“Este año el gobierno debe bajar el déficit a 1,9% del PIB, independientemente de la importante sequía que se tuvo y que, obviamente, mermó la recaudación de derechos de exportación y de otros tributos por la menor actividad. En los primeros siete meses del año el gobierno redujo el nivel del gasto público de manera importante, pero no le alcanzó para compensar la pérdida de recaudación derivada de la sequía”, mencionó Argañaraz. Sin sequía, estimó, el déficit primario habría sido a esta altura del año de 0,72 por ciento.

Para lo que resta del año un ítem del gasto que tendrá un peso clave será el de los subsidios. La devaluación del tipo de cambio oficial obligará a un recálculo del costo de la generación de la energía y, por lo tanto, de la ecuación de tarifas y subsidios. Si el Gobierno, tras esa reconsideración, decidiera no trasladarlo a los precios de las boletas, tendría que destinar a la cuenta de subsidios unos $70.000 millones más, de acuerdo a estimaciones del Observatorio de tarifas y subsidios IIEP, que pertenece a la UBA.

El FMI auspicia un ajuste acelerado del gasto en subsidios energéticos y había proyectado, en la revisión técnica finalizada en marzo de este año, un ahorro para 2023 equivalente a 0,5% del PBI y que los subsidios cubran el 40% del costo de la energía, contra 70% que cubrían en noviembre pasado.

Otro elemento que marca cómo aceleró el gasto público en el último mes antes de las elecciones es el de la deuda flotante, un guarismo que refleja el nivel de pagos atrasados que acumula el Poder Ejecutivo y que suele ser considerado una forma de “financiamiento” indirecto, ya que con el ritmo de pagos que efectivamente se realizan -frente al devengado- el Estado puede “muñequear” el nivel de déficit acumulado y, eventualmente, pasarlo para más adelante.

En julio hubo una reducción de la deuda flotante. Es decir, el Ministerio de Economía aceleró pagos que tenía atrasados, lo que coincide con el aumento del ritmo de gasto primario a lo largo de julio y que interrumpió la tendencia de recorte en términos reales que arrastraban las erogaciones. De acuerdo a la Tesorería, en julio la deuda flotante fue de 1,280 billones de pesos, mientras que un mes antes había sido de 1,610 billones de pesos.

La deuda flotante es lateral a las metas centrales del programa, como la acumulación de reservas, el techo al déficit fiscal y el tope a la asistencia monetaria al Tesoro. No obstante, el organismo toma especial consideración de esa cifra, incluso con metas trimestrales y anuales. La cifra de techo establecida para 2023 había sido de $1,18 billones al cierre de cada trimestre, equivalente –al momento de diagramarse el acuerdo– a 0,8% del PBI. Por efecto de la inflación ese objetivo podría ser redefinido en la próxima etapa del programa.

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