La inflación del 2022 terminó con el nivel más alto en tres décadas y el Gobierno apunta a que este año el índice anual sea unos 35 puntos porcentuales menor; con este objetivo, buscará, como principal prioridad, generar un marco macroeconómico que lo justifique y, en una carrera que se juega en paralelo, sostener el entramado cada vez más extenso de acuerdos y topes a incrementos de precios que, con mayor o menor peso, sobrevuelan la mayor parte de los sectores clave de la economía.
Respecto este último punto, en el equipo económico se preparan para una discusión que comenzará en breve pero que definirá el contorno por el que podrán moverse las principales empresas de consumo masivo hasta bien entrada la mitad del año. Se trata de la negociación sobre el “sendero”, un concepto con el que repiquetean con insistencia en los despachos oficiales que siguen de cerca los precios.
Ese sendero es, en términos prácticos, una de las tres patas en las que se apoya el esquema de Precios Justos, que debutó en noviembre tras absorber a Precios Cuidados, el programa decano de este tipo, y que ya acumulaba diez años de vida. Las otras dos son la canasta de productos de consumo masivo que están congelados por cuatro meses y, en tercer lugar, el aliciente que en los despachos oficiales ofrecen a quienes firmen el acuerdo: plazos más cortos para la habilitación de dólares a precio oficial para importar.
Para un alto funcionario económico, de estas tres columnas la principal no es el congelamiento ni las importaciones, sino el marco de incrementos de precios autorizados que habilitó entre noviembre y fines de febrero la Secretaría de Comercio: fue la medida más discutida con los empresarios para llegar al esquema actual (4 meses de aumentos de 4% mensual) y que desde marzo deberá tener un nuevo formato.
En algunos despachos arriesgan que, de la mano de una desaceleración inflacionaria que se esperanzan con volver a ver en el IPC de enero tras el leve repunte de los precios en diciembre, el debate con las compañías de consumo masivo -y que luego derramará hacia otros sectores- derive en un acuerdo renovado, probablemente también por cuatro meses pero con un ritmo de subas mensuales habilitadas menor a ese 4 por ciento.
Forma parte, por el momento, de una declaración de principios, pero que en las próximas semanas se hará carne cuando empiece el ida y vuelta con los ejecutivos del sector, que promete ser áspero. Entre las empresas aseguran que ya aguardaban que el esquema de aumentos autorizados continúe a lo largo del año, pero se guardan las cartas con las que retrucarán la intención oficial.
En ese mazo habrá argumentos como la suba de la tasa de interés que encarece el crédito y el consumo, el ritmo de devaluación o el incremento en la cadena de costos. Con esos naipes buscarán evitar que ese sendero que, asumen, deberán acompañar, sea lo menos lesivo posible para las finanzas de sus compañías.
Existe un amplio paraguas de precios sobre los que pesa algún tipo de acuerdo de regulación de aumentos. Según calculan en el equipo económico, ya son cerca de 50 mil bienes y están contempladas casi 330 empresas. Algunas de ellas firmarán sus convenios con Comercio en los próximos días, como construcción y otros artículos del hogar. Los primeros en poner la rúbrica fueron las firmas de consumo masivo y luego pasaron por los despachos oficiales los combustibles, celulares, fabricantes de indumentaria, insumos difundidos industriales, medicamentos y otros.
En Economía no ven que sea necesario extender hacia otros sectores este tipo de esquemas y consideran que la mayoría de los sectores claves ya están “cubiertos”. Un rubro como la medicina privada, por ejemplo, ya tiene desde este mes una fórmula de actualización de los precios de los planes de cobertura que incluye, para hogares con ingresos menores a seis salarios mínimos, un tope de subas que equivalga al 90% de la variación del Ripte, es decir, de los salarios formales en relación de dependencia.
El secretario de Comercio Matías Tombolini estará al frente de las conversaciones con las empresas para delinear el nuevo “sendero” de aumentos para esos 50 mil productos no congelados pero sí monitoreados. Cerca suyo creen que debería ser menor al 4% mensual que rige hoy y que se repetirá en febrero.
Claro que la negociación inminente quedará un poco lejos del plazo que se planteó el ministro Sergio Massa para que el índice inflacionario tenga un 3 adelante, algo que trazó hacia abril. Con una tasa de devaluación y una tasa de interés acorde, creen en el equipo económico, el planteo de aumentos más acotados tiene “sentido” macroeconómico.
En un carril paralelo, que convive y se relaciona directamente con Precios Justos, está la puja por los dólares. La Secretaría de Comercio y las compañías importadoras ya empezaron a hacer el ejercicio anual para calcular cuántas divisas necesitarán para cubrir su demanda de producción de todo el 2023, algo que en los despachos oficiales se resisten a nombrar como “cupo”.
La manta es corta y todos piden su parte. En el Gobierno leen que no hay situaciones lo suficientemente críticas en los sectores productivos más demandantes de dólares y que no hay amenazas certeras de paradas de plantas o de líneas de producción por sequía de divisas pero sí interpretan que hay empresas que buscan anticiparse y acumular stock. No es para menos: la brecha, todavía cerca del 100%, sigue siendo un fortísimo incentivo para importar todo lo que puedan.
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