Luego de cuatro reuniones informativas en las que pasaron más de 130 expositores de diferentes sectores que expresaron su opinión, la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados trabajará la semana que viene en una tarea compleja: lograr un dictamen con el mayor consenso posible sobre los cambios que se deben realizar a la actual Ley de Alquileres.
Por ahora, hay varias diferencias entre las propuestas del oficialismo y de la oposición e incluso dentro de cada uno de los interbloques. Los puntos clave que se busca modificar son dos: la duración de los contratos —actualmente de tres años— y el índice y la frecuencia que se usa para su actualización. Se según la ley vigente, los valores se actualizan una vez al año de acuerdo a un índice que sigue la evolución de los salarios y de la inflación.
Desde el Frente de Todos, señalaron que aún no hay un proyecto consensuado, pero que se está trabajando en las distintas alternativas que los bloques presentaron para llegar a un dictamen con el mayor consenso posible. ¿Cómo continúa ahora la agenda legislativa? La semana que viene se va a escuchar a todos los diputados que presentaron proyectos y luego comenzará el debate en la Cámara de Diputados.
Hasta el momento hay más de 30 proyectos presentados sobre el tema: 27 de Juntos por el Cambio (seis de ellos son de derogación de la ley), tres del Frente de Todos, uno de Avanza Libertad, uno de Ser y otro de Provincias Unidas, según detalló la diputada Carla Carrizo, de Evolución Radical.
Los diputados que forman el interbloque de Juntos por el Cambio mantuvieron una reunión este miércoles donde acordaron alcanzar un único proyecto. “Hay un acuerdo de llegar a un dictamen en común, con una estrategia que focalice en minimizar los daños de la ley, pero sabemos que no va a resolver el problema macroeconómico”, señaló Carrizo a Infobae.
“Coincidimos en que los puntos son el plazo, el índice de ajuste de los contratos y la periodicidad. No hay ganadores y perdedores. Fue una reunión muy positiva para comenzar a llegar a un dictamen unificado. Hay que restaurar la confianza entre propietarios e inquilinos para equilibrar el mercado en un contexto de tanta incertidumbre”, agregó.
También habría acuerdo en incluir incentivos para los propietarios que decidan poner su propiedad en alquiler. “Tiene que ser un dictamen de sensatez porque no se puede jugar con la parálisis del mercado de los alquileres. Los propietarios en la Argentina son cuentapropistas, no grandes empresas”, agregó la diputada.
Según fuentes legislativas, la semana próxima —puede ser el martes, aunque la fecha no está confirmada— cada diputado que haya presentado un proyecto sobre la Ley de Alquileres tendrá la posibilidad de presentarlo en la Cámara. Y la expectativa es alcanzar un dictamen de mayoría en la segunda semana de mayo.
De esa manera, se cumplirían los plazos previstos a fines de marzo pasado, cuando se alcanzó un acuerdo parlamentario para el tratamiento de la Ley de Alquileres a partir del 5 de abril y por un plazo de 30 días hábiles. Previamente, Juntos por el Cambio había impulsado un pedido de sesión especial para derogar la ley, que no llegó a concretarse.
Antecedentes
La actual Ley de Alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en 2019, en el final del Gobierno de Mauricio Macri. Pero fue sancionada al año siguiente, durante el Gobierno de Alberto Fernández. En ese momento, los precios de los alquileres estaban congelados a través de un DNU, en el contexto de la pandemia de coronavirus.
Su sanción introdujo dos cambios clave al mercado de los alquileres que espantaron a los propietarios: extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.
La ley entró en vigencia en julio de 2020 con el pie izquierdo: a los pocos meses, sus efectos no deseados hicieron que diversos sectores comenzaran a plantear cambios y fue uno de los lemas de de campaña de la oposición en las elecciones legislativas del año pasado.
Desde su aprobación, según datos del mercado, se produjo una suba por encima de la inflación para los nuevos contratos, con dueños que buscaban cubrirse de sus efectos negativos y de la baja rentabilidad (los alquileres se pagan en pesos y las propiedades en dólares). Hasta que a fines del año pasado, el propio Gobierno reconoció la necesidad de modificaciones.
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