En medio de las negociaciones por las tarifas, uno de los temas clave en el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se dio a conocer que el Gobierno podría otorgar aumentos a las empresas distribuidoras del 40% por el servicio de distribución. Esto podría representar una suba de 20% en factura final que pagan los usuarios.
El porcentaje final se conocerá una vez que el Enargas publique los cuadros tarifarios correspondientes que entrarán en vigencia durante marzo. Esta semana, la empresa Distribuidora de Gas Cuyana —una de las compañías que operan en el segmento de la distribución— informó en una carta a la Bolsa de Comercio que recibió un proyecto del ente donde se aprobarían incrementos en la tarifa de distribución (diferenciados por categoría de usuario) con un impacto promedio de alrededor del 40%.
La factura final que reciben los usuarios está compuesta por varias variables: el precio del gas, los costos del servicio de transporte y distribución y los impuestos y tasas. En la última audiencia del 18 de enero, se debatieron las propuestas para la tarifa del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes. Pero no se trató el precio de gas, sino las tarifas de transición, de transporte y distribución.
En la factura, un 41% corresponde al costo de producción de de gas, un 11% al transporte, un 24% a la distribución y un 24% a los impuestos, según datos de Adigas, la cámara que agrupa a las distribuidoras.
Las distribuidoras consideraron que con un incremento del 80% en el margen de distribución, los usuarios residenciales que reciben tarifa plena tendrían incrementos por debajo de la inflación anual (de alrededor del 30%) que representan unos $20 por día de servicio.
Desde el Enargas señalaron que el porcentaje de aumentos aun no está definido y que se dará a conocer con la publicación de los nuevos cuadros tarifarios en el Boletín Oficial. Las empresas también señalaron que la propuesta de aumentos aun no fue confirmada.
Por otro lado, el pasado 31 de enero hubo otra audiencia pública para definir el porcentaje del precio del gas natural por redes que el Estado toma a su cargo y cuánto se va a trasladar al precio final que pagan los usuarios, que es definido por la Secretaría de Energía.
Según la presentación de los funcionarios de la secretaría, si se mantiene el actual nivel de subsidios, donde el Estado cubre el 70,9% del precio del gas, el costo fiscal es de $216.365 millones sobre un total de $305.179 millones. Esta situación, de acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Energía, genera una necesidad adicional de fondos de $81.000 millones. En tanto, si el Gobierno reduce los subsidios al 44,4%, ya no requiere de partidas adicionales.
De acuerdo al análisis oficial, esa reducción en los subsidios, implicaría una suba en las tarifas de 34% a 35% en la factura de marzo (de acuerdo a la empresa distribuidora que corresponda) y del 47% al 49% en julio, el mes de mayor demanda.
Con todo, el secretario de Energía Darío Martínez anticipó que la pauta oficial del Gobierno es que las tarifas de los servicios suban un 20% durante 2022.
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