El equipo económico trabaja contrarreloj para poder presentar hoy el prospecto con los cambios a la oferta que está vigente en la Securities & Exchange Commission (SEC), en los términos acordados días atrás con los tres grupos de acreedores privados.
Fuentes del Ministerio de Economía afirmaron a Infobae que la intención es presentar la enmienda mañana viernes, pero que depende de los tiempos de los abogados. La intención es que se llegue y todo indicaría que así será, ya que este jueves fue presentado el documento 18 K, que actualiza la situación económica, política y social del país. Por otra parte, si el Gobierno no llegara a hacerlo, debería hacer una nueva prórroga del plazo –hoy vigente hasta el 24 de agosto–, ya que la normativa exige que la oferta esté abierta por un plazo mínimo de 10 días y un máximo de 30.
De todos modos, dijeron en Economía que podrían extender algunos pocos días el plazo sin necesidad de modificar la fecha final de liquidación de los nuevos títulos, que se mantendrá en el 4 de septiembre.
La presentación del 18 K lleva la firma del secretario de Finanzas, Diego Bastourre, y es un paso necesario para la oficialización de los términos del acuerdo con los acreedores privados para la reestructuración de algo más de USD 65.000 millones de deuda regida por los tribunales de Nueva York.
Entre otros puntos, el texto informa a los inversores respecto a la marcha atrás en el plan oficial para expropiar a la agroindustrial Vicentin. Bajo el rótulo “El papel del Estado en la economía”, el equipo de Guzmán relata el cambio de rumbo. En otro apartado, el gobierno advierte sobre la evolución del déficit fiscal en lo que va del año, al que asocia con las medidas para enfrentar el brote de COVID-19.
Al mismo tiempo que prepara la presentación de la enmienda, el Poder Ejecutivo termina de pulir el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que oficializará la nueva oferta y, además, adecuará la recientemente sancionada ley para reestructurar la deuda en dólares ley local a las nuevas condiciones acordadas con los bonistas extranjeros.
Sucede que la Ley fue aprobada el 5 de agosto, pero en esos días previos el Gobierno había alcanzado finalmente un acuerdo con los tres comités de acreedores con algunas mejoras a la última oferta, por lo que como las deudas bajo ley extranjera y argentina serán tratadas de forma equitativa, el Gobierno debe modificar lo aprobado ya por el Congreso. Es por eso que la decisión, amparándose en la cláusula RUFO de la norma, fue incluir estas mejoras en el decreto que oficializará la nueva propuesta, y que saldrá en las próximas horas en el Boletín Oficial.
Una vez formalizada la oferta ante la SEC, correrán entonces los diez días –si es mañana, no se cambiará la fecha del 24– para que los inversores decidan si ingresan o no. De todos modos, el principio de acuerdo alcanzado con los grupos Ad Hoc, Exchange Bondholders y Comité de Acreedores (ACC), que tuvo el apoyo de otros fondos, indicaría que la Argentina llegará a los umbrales mínimos para declarar el canje válido, e incluso que lo superaría ampliamente debido al efecto arrastre que la participación de los grandes genera en el resto de los tenedores.
Para que la operación sea válida, el Gobierno debe obtener el 66,6% de aceptación de todos los títulos elegibles o el 50% de cada uno de los indentures (los bonos K y los bonos M). En Economía descartan que alcanzarán holgadamente esos números.
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