Los bonistas defendieron su negativa a entrar al canje: “No somos buitres ni queremos litigar”

Con argumentos técnicos y legales, el consorcio que agrupa a tres asociaciones de bonistas dejó en claro ayer por qué se niegan a aceptar la propuesta del Gobierno. Pero dejaron en claro al mismo tiempo que la voluntad es continuar negociando para llegar a un acuerdo. “Ir a juicio no le conviene ni al Gobierno ni a nosotros. No tenemos nada que ver con los fondos buitre que aparecieron en el anterior canje de deuda, nuestra postura es constructiva”, aseguraron.

“Los bonistas que acepten entrar en el canje recibirán un título con menor protección al actual y reducirá las chances para que llevemos adelante una negociación de buena fe con el Gobierno argentino”, expresaron en uno de los pasajes de la presentación. El objetivo es convencer a los tenedores minoristas que apoyen a los grandes poseedores de títulos para forzar una oferta mejorada por parte del Gobierno.

Para los grupos de acreedores, el éxito de su postura dependerá de una baja aceptación al canje de deuda. Cuanto menor sea esa tasa de participación, aumentan las chances de obligar al Gobierno a mejorar la propuesta. En cambio, si el Gobierno consigue mayorías del 66%, el resto de los bonistas se verá forzado a entrar en la propuesta.

En la presentación participaron Thomas Moatti (de Pharo Management), Pijus Virketis (HBK Europe Management) y el abogado Dennis Hranitzky, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Durante una hora se explayaron con los distintos puntos de vista que debe tener en cuenta el bonista antes de definir qué hacer y también contestaron algunas preguntas que les habían hecho llegar previamente.

El principal foco estuvo puesto en el canje que se busca efectuar sobre los bonos Par y Discount. “Son títulos que provienen de la renegociacíon del 2005. Ofrecen mucha cobertura para los bonistas, en caso de no entrar al canje. Y el Gobierno requiere de mayorías muy superiores a la de los bonos Macri, es decir aquellos emitidos a partir de 2016”, explicaron. Sin embargo, a pesar de tener un status legal superior y del hecho que se precisan mayorías más amplias, la oferta del ministro Martín Guzmán los trata igual que al resto de los títulos. Esto, por lo tanto, genera dificultades adicionales para que se llegue a un acuerdo.

Estos son algunos de los puntos centrales que plantearon los acreedores en relación a la oferta efectuada por Guzmán:

- El ahorro que propone la Argentina es desproporcionado y excede largamente lo que el FMI consideró como una oferta sustentable. Para el año 2030, el supuesto sería que el PBI per cápita de la Argentina sería como el de Paraguay. Así justifica por qué podría pagar intereses tan bajos.

- La Argentina sólo se compromete a pagar USD 350 millones recién en 2023 y mientras tanto confisca los intereses acumulados hasta ese momento. Tampoco se ofrece ningún instrumento contingente en la oferta (como podría ser un cupón PBI).

- Quienes participen de la oferta recibirán los nuevos bonos, aún cuando el Gobierno no consiga las mayorías que precisa para canjear la totalidad de la serie. Esto implica que se quedarán con un título de menor protección legal y que podría tener escasa liquidez en el mercado.

- Los inversores podrían verse obligados a participar del canje aún cuando no acepten hacerlo y recibir títulos aún peores. Éste es otro motivo para mantenerse unidos y no aceptar la oferta oficial.

- El Gobierno avisó que podría “rediseñar” la oferta. Eso significa dejar afuera a algunos títulos para conseguir las mayorías necesarias para llevar adelante el canje a cualquier costo.

- “Queremos llevar adelante una negociación constructiva para llegar a una solución viable con el Gobierno”.

- La cláusula RUFO, que supuestamente permite acceder a mejores propuestas si las hubiera, en realidad no significa protección en absoluto. Al contrario, la historia demuestra que una vez ingresado al canje ya no hay ofertas superadoras. Por lo tanto, el sentido es exactamente el contrario del que se le quiere dar.

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