El presidente Alberto Fernández anticipó esta semana que el Gobierno planeaba enviar un proyecto de ley al Congreso para congelar las cuotas de los alquileres y de los créditos hipotecarios e impedir desalojos por un plazo de 180 días. Sin embargo, en las últimas horas se decidió que esa normativa saldría a través de un decreto, ya que no se logró que el Senado pueda sesionar en estos días.
Fuentes del Gobierno anticiparon a Infobae que no habrá proyecto de ley, sino un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que será publicado antes del 1º de abril. Es necesario que la norma sea oficializada antes de esa fecha para que tenga impacto sobre los alquileres del mes próximo.
La norma, según adelantaron, incluye 180 días de congelamiento para las cuotas de los alquileres, suspensión de desalojos, congelamiento de las cuotas de hipotecas y suspensión de remates de casas e inmuebles comerciales únicos.
¿Cómo se implementarán estas medidas o cómo se controlará su cumplimiento al tratar de regular contratos entre privados? “El contrato entre privados se ve modificado por la emergencia por 180 días. Se interrumpe el funcionamiento de las normas entre particulares para ir a una norma general”, explicó una fuente del Gobierno.
La posibilidad de que muchas familias no puedan afrontar los pagos de las cuotas de los alquileres es una de las eventuales consecuencias de la caída en los ingresos que se verá por el freno en la actividad económica como consecuencia de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio tomadas para evitar la expansión de los casos de coronavirus.
Las cámaras inmobiliarias están de acuerdo con la iniciativa, ya que permitiría reducir un previsible aumento de la conflictividad entre propietarios e inquilinos. “Es una problemática que hay que contener para evitar conflictos. Apunta a dar un orden. Habría alguna posibilidad de que los aumentos se distribuyan después en varias cuotas a lo largo del tiempo”, explicó Alejandro Bennazar, titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA). Y anticipó que las entidades están trabajando en herramientas —como digitalización de documentos, transferencia de dinero y firma digital— para poder seguir adelante con las operaciones.
Desde el sector también señalaron en los últimos días las dificultades por las que atraviesa hoy el mercado de los alquileres. “Realmente es una situación muy compleja. Hay gente que ya alquiló otra propiedad, tiene que dejar la propiedad en la que está, no tiene quién le haga la mudanza, no se pueden firmar contratos. Las oficinas estás cerradas”, explicó Armando Pepe, titular del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Capital Federal (Cucicba), en diálogo con Infobae.
Los representantes de los inquilinos, en tanto, proponían medidas que iban más allá de la cancelación de los aumentos previstos. “Estamos proponiendo la suspensión del pago de alquileres, la extensión y renovación automática de los contratos y la obligación de la transferencia bancaria”, indicó Gervasio Muñoz, titular de la Federación de Inquilinos. También proponen la creación de un Comité de Emergencia Habitacional.
“Creo que está muy bien que el Estado vuelva a tener regulación y a proteger el acceso a la vivienda. Son medidas que se están están tomando en todo el mundo. Esperamos que cuanto antes salgan estas medidas y podamos garantizar condiciones de vivienda digna en toda la Argentina", agregó.
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