Incendios en Australia. Guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China. Crisis en el Golfo. Posible pandemia de coronavirus. Caída del precio del petróleo. No es la primera vez en la historia que cotidianamente nos enteramos de que suceden acontecimientos negativos, incluso catastróficos. Tampoco dejarán de ocurrir en el futuro. Por ello, lo que corresponde es evaluarlos, lo más ajustadamente posible, para detectar el potencial impacto de cada uno, y así poder implementar medidas que minimicen los daños.
Esto último es lo que se espera hagan los gobiernos, cualquiera sea el frente político que ejerza la administración, ya que es su responsabilidad primaria mejorar las condiciones de vida de los habitantes, y, si el país enfrentase circunstancias mundiales adversas, actuar en consecuencia.
Ahora bien, este panorama se presenta cuando la situación económica y social del país es crítica: persistente recesión, alta inflación, niveles elevados de desempleo y de pobreza, dificultad para expandir los volúmenes exportados, bajos niveles de inversión privada y, como si esto no fuera suficiente, servicios de deuda pública impagables.
Debido a esta vulnerabilidad económica y social, se torna particularmente importante una adecuada apreciación de la situación y de los escenarios futuros, así como de las alternativas disponibles, para así poder diseñar las políticas más eficientes para gestionar los desafíos que enfrentamos.
Dos ventajas, si es que las puede llamar de esta manera, tenemos en estos momentos. Primero, el gobierno es nuevo y, por lo tanto, goza de cierto margen político para ensayar soluciones que, si no son suficientemente exitosas, puede reemplazarlas por otras que sí lo sean. Segundo, con el paso de las décadas, los argentinos nos hemos ido acostumbrando a los fracasos colectivos; una historia de recurrentes crisis y groseros errores de políticas públicas actúan como una especie de anestésico social, tanto frente a los momentos críticos mundiales como a los desaciertos propios.
A pesar de que estos dos factores pueden amortiguar los impactos negativos y los desaciertos propios en el corto plazo, lo cierto es que se debe actuar con la responsabilidad del caso: hay que sacar adelante un país decadente, vulnerable social y económicamente, en el marco de un contexto mundial de creciente complejidad. El desafío no es menor, pero es ineludible, por lo tanto, sólo queda abordarlo seriamente.
Al respecto puede remarcase lo siguiente. La experiencia argentina sugiere que no es fácil enderezar el rumbo económico sin un shock de confianza que revierta de manera clara, contundente y permanente las expectativas. Sin ese cambio no se podrá resolver el tema de la deuda pública, ni tampoco bajar la inflación, volver a crecer, y aumentar la inclusión social. Si no se logran dar esos primeros pasos, además, los empresarios no hundirán capital, el crecimiento sostenido seguirá siendo una quimera y las exportaciones no aumentarán al ritmo necesario para evitar la recurrente falta de divisas.
Más allá de que estos objetivos deben lograrse para resolver las dificultades existentes, hay que alcanzarlos porque son las condiciones necesarias para generar los recursos que permitirían afrontar cualquier circunstancia global adversa que se presente, desde una pandemia hasta una caída significativa de los precios internacionales de nuestras exportaciones, o una nueva crisis financiera global.
Por todo ello es que urge recrear un sólido clima de confianza económica y de cohesión social, que desencadene el círculo virtuoso del desarrollo, y, de esta forma, se generen las capacidades para enfrentar los desafíos externos que sobrevengan, como así también, aprovechar las oportunidades que nos brinde el futuro. Parafraseando al gran Ortega y Gasset, ¡argentinos a las cosas!
El autor es Director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Salvador (USAL).
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