El ingreso de Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”, y Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, al ámbito del sicariato aparece documentado en 2015, cuando la Fiscalía sostiene que ambos formaron parte de una estructura criminal dedicada a ejecutar homicidios por encargo.
Los registros judiciales atribuyen a este grupo la planificación y realización de al menos dos asesinatos por motivos de venganza y a cambio de pagos específicos.
La investigación señala que el primer caso se originó tras un robo ocurrido en diciembre de 2014 en Palmitas de Cariari, donde varias personas sustrajeron ¢20 millones (aproximadamente USD 38,000) y, de acuerdo con la acusación, diez kilogramos de cocaína.
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Las víctimas del robo habrían recurrido a la organización vinculada con “Diablo” y “Tan” para buscar represalias, lo que derivó en el ofrecimiento de ¢2 millones (aproximadamente USD 3,800) a los presuntos sicarios. El 16 de enero de 2015, el grupo habría recibido ¢1 millón (alrededor de USD 1,900) como adelanto.
De acuerdo con el expediente, el 21 de enero se reunieron para afinar detalles y, al día siguiente, contactaron a la víctima bajo el pretexto de un falso asalto. En la zona de Ticabán, la privaron de libertad y la trasladaron hasta El Encanto, donde fue retenida y, finalmente, asesinada con un arma tipo AK-47. El cuerpo fue quemado casi en su totalidad, según consta en el documento judicial, con el objetivo de eliminar pruebas.
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El segundo homicidio y la mecánica del grupo
En marzo de 2015, la estructura criminal habría sido nuevamente contactada para ejecutar otro asesinato, esta vez en Matina, provincia de Limón. Según la reconstrucción citada por El Observador, la reunión para acordar el encargo se realizó en San José, frente a un restaurante cercano a las paradas de autobuses Guapileños. Allí, los implicados discutieron la identidad del objetivo y establecieron un pago de ¢6 millones (alrededor de USD 11,400), con un adelanto de ¢1.5 millones (aproximadamente USD 2,850).
La acusación indica que el grupo realizó seguimientos a la víctima, un comerciante de vidrios, durante varios días. El 30 de marzo, una mujer —aún no identificada— llamó al local de la víctima para solicitar un servicio en el sector Goly de Matina. Cuando el hombre se desplazó al lugar junto a un menor, dos sujetos en motocicleta interceptaron el vehículo y uno de ellos disparó con un AK-47, impactando al conductor en la cabeza.
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El documento judicial señala que los atacantes actuaron a pesar del riesgo para el menor, quien estaba en el asiento del acompañante, dejando constancia de la peligrosidad atribuida al grupo.
Prisión preventiva y contexto judicial
Tras los hechos, Arias Monge y Pérez Méndez fueron detenidos el 24 de julio durante un operativo en San Bernardino de Sarapiquí, en el que varios agentes judiciales resultaron heridos. Desde entonces, ambos permanecen bajo prisión preventiva en La Reforma, en un régimen de máxima seguridad.
El Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada aceptó la solicitud del Ministerio Público para tramitar el expediente en esa jurisdicción y amplió seis meses la medida cautelar para ambos imputados, quienes inicialmente enfrentaban periodos de tres y cinco meses de prisión preventiva, respectivamente.
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La causa penal describe que la estructura a la que se vincula a los acusados tenía capacidad para operar en distintas regiones del país y utilizaba métodos violentos, armas de alto calibre y recursos logísticos para ejecutar los hechos. Además, se les relaciona con actividades como tráfico de drogas, venta ilegal de lotería y contrabando de licor y cigarrillos, según datos de El Observador.
La DEA de Estados Unidos ofreció una recompensa de USD 500,000 por la captura de Arias Monge. Este dato figura en la documentación citada en el expediente. Actualmente, el proceso judicial se desarrolla en la jurisdicción especializada, mientras las autoridades siguen recabando pruebas y los acusados permanecen bajo detención en un régimen de máxima seguridad.
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