El gobierno de Nueva Zelanda presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, con multas de hasta el 10% de los ingresos globales de las plataformas que no acaten la norma. Así lo informó el diario británico The Guardian, que detalló que la iniciativa fue impulsada por el primer ministro Christopher Luxon y apunta directamente a empresas como Meta, TikTok y Snapchat.
Según el reporte, el texto legislativo obliga a las plataformas a tomar medidas razonables para verificar la edad de sus usuarios. Entre los métodos previstos figuran el uso de información de cuentas existentes, la estimación de edad por reconocimiento facial, los servicios de identidad digital y la documentación de identificación formal.
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Una generación expuesta al daño digital
Luxon respaldó la propuesta con una estadística que expone la magnitud del problema: uno de cada tres niños de entre 13 y 17 años pasa al menos cinco horas diarias en redes sociales. “No podemos aceptar el daño que se está haciendo a toda una generación de niños neozelandeses”, afirmó el mandatario en un comunicado recogido por The Guardian.
El primer ministro señaló que estas plataformas exponen a los menores a contenidos nocivos, tecnología adictiva y presiones para las que no están preparados, con efectos directos en su vida familiar, salud mental, sueño y rendimiento escolar. “No fingiré que será simple ni perfecto. No lograremos sacar a cada niño de las redes sociales, pero es demasiado importante como para no intentarlo”, admitió Luxon ante la prensa.
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La ministra de Educación de Nueva Zelanda, Erica Stanford, precisó que el proyecto impone obligaciones legales a las plataformas, sin contemplar penalidades para los menores, sus padres ni sus cuidadores. Las empresas tecnológicas también deberán evaluar y reportar los riesgos que generan sus servicios, con sanciones aplicables si no demuestran avances concretos.
Resistencia interna y futuro incierto en el Parlamento
A pesar del impulso del partido gobernante National, el proyecto enfrenta una oposición considerable dentro de la propia coalición. Los otros dos socios de gobierno —el partido libertario ACT y el populista Nueva Zelanda Primero (NZ First)— anunciaron que votarán en contra de la medida.
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Winston Peters, líder de NZ First y canciller del país, rechazó la iniciativa a través de su cuenta de X y calificó la legislación análoga aprobada en Australia como un “fracaso colosal”. Peters sostuvo, además, que la responsabilidad de mantener a los niños fuera de las redes sociales recae en los padres y no en el Estado. “Nos preocupa la dirección y el camino resbaladizo que una legislación como esta llevaría inevitablemente a nuestro país”, escribió el funcionario, según recogió el diario británico.
El principal partido opositor, Laborista, tampoco definió su postura. Su líder, Chris Hipkins, presentó una lista de decenas de preguntas que exige responder antes de comprometer su voto, entre ellas cómo funcionará la verificación de edad y qué plataformas quedarán alcanzadas por la norma.
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El antecedente australiano y los límites del proyecto
Nueva Zelanda no es el primer país de la región en avanzar en esta dirección. En diciembre pasado, Australia se convirtió en el primer Estado del mundo en prohibir las redes sociales a menores de 16 años, con bloqueos a plataformas como TikTok, YouTube —de Alphabet— e Instagram y Facebook, de Meta.
El proyecto neozelandés excluye de su alcance a las plataformas de mensajería como WhatsApp, los videojuegos en línea como Roblox y las aplicaciones de inteligencia artificial con fines de productividad, entre ellas ChatGPT, Gemini y Copilot. Las empresas incumplidoras podrían enfrentar multas de hasta el 10% de sus ingresos globales, aunque no se prevén sanciones para las familias ni para los propios menores.
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El calendario legislativo también presiona la iniciativa: el Parlamento neozelandés se disuelve el 1 de octubre, previo a las elecciones de noviembre, lo que deja un margen estrecho para que la propuesta complete los tres ciclos de votación que exige la ley antes de convertirse en norma vigente.
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