Funcionarios del Inpec estarían dificultando investigaciones por tortura, corrupción y abuso sexual en cárceles: esta fue la denuncia que llegó a la Corte

El reporte advierte que la falta de control externo permite que persistan prácticas de opacidad y resistencia institucional en el sistema penitenciario, mientras se agravan los riesgos para la población reclusa

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El reporte sostuvo que el acceso a centros de reclusión se vuelve más limitado cuando las verificaciones apuntan a corrupción, malos tratos y prácticas abusivas de guardia, en contraste con inspecciones sobre servicios básicos - crédito Colprensa
El reporte sostuvo que el acceso a centros de reclusión se vuelve más limitado cuando las verificaciones apuntan a corrupción, malos tratos y prácticas abusivas de guardia, en contraste con inspecciones sobre servicios básicos - crédito Colprensa

Un informe enviado a la Corte Constitucional denunció trabas al monitoreo independiente en las cárceles colombianas y advirtió que las restricciones aumentan cuando las visitas buscan indagar hechos de corrupción, tortura, violencia sexual y otros abusos dentro del sistema penitenciario.

El documento, remitido por la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión, señaló impedimentos para vigilar el cumplimiento de la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario colombiano.

También advirtió que esas limitaciones se agravan cuando las investigaciones apuntan a posibles violaciones graves de derechos humanos o a prácticas abusivas de la guardia.

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El informe sostiene que esos obstáculos afectan el monitoreo externo sobre las órdenes dictadas para atender la crisis del sistema penitenciario colombiano. Vincula las restricciones con algunos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Cómo cambian las restricciones según el tema investigado

Según el documento, el acceso suele ser menos restrictivo cuando las visitas se enfocan en salud, alimentación o habitabilidad. En esos casos, las fallas se atribuyen a la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec), a contratistas e interventorías encargadas de la prestación del servicio.

El escrito señaló que en inspecciones centradas en condiciones de vida se atribuyen fallas a la Uspec, contratistas e interventorías, pero que el acceso se dificulta cuando se busca documentar agresiones o delitos - crédito John Paz/Colprensa y @USPEC_Colombia/X/Inpec
El escrito señaló que en inspecciones centradas en condiciones de vida se atribuyen fallas a la Uspec, contratistas e interventorías, pero que el acceso se dificulta cuando se busca documentar agresiones o delitos - crédito John Paz/Colprensa y @USPEC_Colombia/X/Inpec

La situación cambia cuando las visitas se orientan a investigar corrupción, violencia sexual, tortura, malos tratos o prácticas abusivas de la guardia. Ahí, según la Comisión, aparecen controles más restrictivos y obstáculos para el trabajo de verificación.

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Las trabas documentadas durante las visitas

El informe detalló ejemplos concretos sobre la forma en que operan esas restricciones. “Se han documentado casos en los que se impide la realización de entrevistas privadas, se obstaculiza el uso de grabadoras o cámaras, o incluso se interrumpe la conversación con personas privadas de la libertad cuando se abordan temas de violaciones graves de derechos humanos”.

La Comisión advirtió que ese tipo de actuaciones de funcionarios del Estado refleja una obstaculización de la transparencia y del escrutinio externo. Añadió que esas prácticas podrían vulnerar las órdenes emitidas por la Corte Constitucional.

El reporte también motivó pronunciamientos de los magistrados de la Sala de Seguimiento de la ECI, que denunciaron trabas del Inpec y de la Policía para vigilar si avanza la superación de la crisis humanitaria en las cárceles.

Ese escenario afecta a miles de presos por el hacinamiento, las malas condiciones de habitabilidad y los posibles abusos de autoridad de algunos funcionarios.

La banda Los Fantasmas extorsionaba a internos en una cárcel de Colombia

Una red conocida como Los Fantasmas habría extorsionado a internos dentro de una cárcel de Colombia para permitirles acceder a visitas conyugales, permanecer en sus celdas y recibir artículos de aseo, en un esquema que también puso bajo investigación a cinco funcionarios del Inpec por presunta complicidad.

Una red de extorsión ganó 2.700 millones de pesos desde una cárcel y así operaba dentro y fuera del penal - crédito Colprensa
Una red de extorsión ganó 2.700 millones de pesos desde una cárcel y así operaba dentro y fuera del penal - crédito Colprensa

El caso, divulgado por Noticias RCN, mostró cómo un derecho y varios servicios básicos habrían sido convertidos en una fuente de cobros ilegales y de control dentro del penal.

Las autoridades atribuyen a la estructura ganancias cercanas a $2.700 millones por extorsiones y otras actividades ilícitas. Durante el operativo contra la banda fueron incautados 1.192 elementos, entre ellos armas de fuego, munición y equipos de comunicación.

El dato central de la investigación es que los internos debían pagar para acceder a beneficios que no deberían depender de dinero. Según la publicación, uno de los cobros que más llamó la atención de las autoridades era el de $40.000 para autorizar la visita conyugal.

Un hombre con uniforme naranja y cabeza gacha está sentado en un banco dentro de una celda de prisión oscura, vista a través de barrotes metálicos.
Un hombre vestido con uniforme naranja se encuentra sentado con la cabeza gacha en una celda de prisión, visible a través de los barrotes, simbolizando el aislamiento y la pena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura también exigía $20.000 semanales para permitir que los reclusos permanecieran en sus celdas, $30.000 por supuestas rifas que, al parecer, nunca se realizaban, y $10.000 mensuales para la entrega de artículos de aseo personal. Ese sistema de “vacunas”, de acuerdo con la investigación, convirtió necesidades básicas de las personas privadas de la libertad en ingresos permanentes para la organización.

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