La Defensoría del Pueblo presentó un balance sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia durante el primer trimestre de 2026. De acuerdo con el registro oficial de la entidad, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de ese año se identificaron 19 casos de menores vinculados a estructuras armadas ilegales en el país.
El informe señala que estos hechos se distribuyen en diferentes departamentos, con mayor concentración en Norte de Santander, que registra 6 casos; Antioquia, con 4; y Caquetá, con 3. A estos se suman reportes individuales en Boyacá, Cauca, Guainía, Magdalena, Putumayo y Valle del Cauca, cada uno con un caso.
Caracterización de víctimas
La Defensoría del Pueblo identificó a los presuntos responsables del reclutamiento en este periodo. Según el reporte, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes concentra el 42,1% de los casos, seguido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el 31,4%.
Otros actores mencionados en el informe incluyen a Comandos de Frontera, disidencias sin identificar, otros grupos sin identificar, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Estado Mayor Central, cada uno con una participación del 5,3% en los casos registrados.
En cuanto a la distribución geográfica del primer trimestre de 2026, el informe detalla los siguientes reportes por departamento:
- Norte de Santander: 6 casos
- Antioquia: 4 casos
- Caquetá: 3 casos
- Boyacá: 1 caso
- Cauca: 1 caso
- Guainía: 1 caso
- Magdalena: 1 caso
- Putumayo: 1 caso
- Valle del Cauca: 1 caso
Estos datos reflejan la presencia del fenómeno en distintas regiones del país, incluyendo zonas fronterizas y territorios con antecedentes de actividad de grupos armados ilegales.
Distribución por actores armados y departamentos
El informe también incluye información sobre las características de los menores afectados durante el primer trimestre de 2026. En este periodo, el 63% de los casos corresponde a niños y adolescentes hombres, mientras que el 37% corresponde a niñas y adolescentes mujeres.
En relación con la pertenencia étnica, el reporte indica que el 90% de los menores no se reconoce dentro de ningún grupo étnico. Por su parte, el 5% pertenece a población indígena y el 5% restante corresponde a población afrocolombiana.
Estos datos forman parte del registro consolidado por la Defensoría del Pueblo a través de su sistema de reporte de casos.
Comparación con cifras de 2025
El informe incluye además una actualización correspondiente al año 2025, en el que se registraron 361 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes entre enero y diciembre.
En ese periodo anual, la distribución por sexo fue de 57% de niños y adolescentes hombres y 43% de niñas y adolescentes mujeres. En cuanto a la pertenencia étnica, el 54% de los casos correspondió a población indígena, el 39% a menores que no se reconocen en ningún grupo étnico y el 7% a población afrocolombiana.
Respecto a los presuntos responsables en 2025, el informe señala que:
- Estado Mayor Central: 41,0%
- Otro grupo sin identificar: 19,7%
- Disidencia sin especificar: 12,4%
- ELN: 9,1%
- Estado Mayor de los Bloques y Frentes: 7,5%
- Clan del Golfo (autodenominado EGC): 6,4%
- Segunda Marquetalia: 2,5%
- Comando de la Frontera: 1,1%
- Crimen organizado: 0,3%
En cuanto a la distribución territorial en 2025, el informe detalla cifras en múltiples departamentos, entre ellos: Cauca (168 casos), Antioquia (30), Chocó (25), Nariño (16), Norte de Santander (2), Arauca (10), Bolívar (10), Guaviare (7), Putumayo (7), Caquetá (6), Amazonas (6), Vaupés (5), Huila (17), Tolima (4), Magdalena (3), Risaralda (3), La Guajira (1), Meta (2), Bogotá (1), Santander (1) y Vichada (1).
Llamado institucional y advertencias
Frente a los datos recopilados, la Defensoría del Pueblo reiteró la gravedad de esta problemática y su impacto en los derechos de la niñez. La entidad hizo un llamado a los aspirantes y candidatos a la Presidencia para que incluyan en sus propuestas estrategias integrales orientadas a la prevención del reclutamiento forzado.
Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer la presencia institucional en los territorios más afectados y promover acciones con enfoque diferencial y participación comunitaria.
Finalmente, la entidad advirtió que el reclutamiento de menores continúa siendo una vulneración grave de derechos, e insistió en la importancia de implementar medidas coordinadas que permitan prevenir nuevos casos en las regiones identificadas.
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