Por atentado sicarial a mujer embarazada, autoridades aclararon si hay una orden de captura contra el alcalde de Manaure

La alcaldía de Manaure, en el departamento de La Guajira, rechazó la difusión de una versión acerca de una supuesta orden de captura contra el alcalde Jhon Galvi Pimienta Jusayu, en relación con el ataque a bala sufrido por la psicóloga Catherin Torres Barros el 22 de marzo en Uribia.

En un comunicado público, la administración municipal señaló que es información falsa y no descarta que se adelanten acciones legales contra quienes propaguen dicha versión.

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“Esta versión carece por completo de sustento jurídico y constituye un acto irresponsable que atenta contra la institucionalidad, la confianza y el buen nombre de quien hoy ejerce un mandato legítimo conferido por el pueblo”, señaló la alcaldía en la misiva.

Este episodio, según enfatizó la Alcaldía en su comunicado, constituye un “acto de desinformación” que atenta tanto contra la reputación del mandatario como contra la institucionalidad local.

Del mismo modo, hicieron un llamado a las autoridades para que se indague sobre los responsables detras de la supuesta versión.

“De igual forma, anunciamos que se adelantarán las acciones legales correspondientes contra los responsables de la difusión de esta información falsa, con el propósito de salvaguardar la honra, el buen nombre y la estabilidad institucional del municipio”, complementaron.

Por su parte, el alcalde Jhon Galvi Pimienta Jusayu subrayó el carácter legítimo de su mandato y reiteró su compromiso con la transparencia y el desarrollo del municipio. Por último, la administración municipal hizo un llamado a la ciudadanía a no replicar rumores y a informarse únicamente por canales oficiales.

Así mismo, fuentes de la Fiscalía General de la Nación, consultadas por el medio local El Heraldo, descartaron que se haya efectuado una orden de captura contra el alcalde de Manaure y recalcaron que se mantiene las investigaciones del caso para identificar a los responsables materiales e intelectuales del ataque sicarial.

“Es completamente falso. Solo se han adelantado órdenes a Policía Judicial, y se está a la espera de los resultados. Hasta el momento no se ha avanzado en nada más y las investigaciones continúan”, indicó el ente acusatorio al citado medio de comunicación.

Entre tanto, el Departamento de Policía de La Guajira reiteró a Blu Radio su respaldo a la desmentida de la supuesta versión, aclarando que los equipos del CTI de la Fiscalía siguen trabajando para identificar a los responsables del ataque armado y que el alcalde no figura como investigado o vinculado al proceso.

Por qué el alcalde de Manaure está involucrado en el atentado

El caso que detonó la controversia fue el atentado contra Catherine Paola Torres Barros, una psicóloga de 27 años que, embarazada de ocho meses, fue atacada a tiros en la terraza de su vivienda ubicada en el municipio de Uribia (La Guajira, norte de Colombia), hecho ocurrido el 22 de marzo de 2026.

El ataque, cuya autoría material aún no ha sido esclarecida por las autoridades, dejó a la víctima gravemente herida y derivó en una cesárea de emergencia, según el reporte médico de la Clínica Maicao, citado por los medios anteriormente mencionados.

Tanto Torres Barros como su hija lograron sobrevivir al atentado y su evolución médica ha sido favorable.

Tras el hecho, el foco público se intensificó luego de la difusión en redes sociales de un video íntimo presuntamente vinculado a la víctima, compartido a través de cuentas asociadas al propio alcalde Pimienta Jusayú.

Frente a la controversia, el mandatario alegó que sus perfiles digitales habían sido vulnerados y que la publicación se dio sin su consentimiento, argumentando que se trató de una manipulación ajena a su voluntad.

"Ya realizamos las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para esclarecer estos hechos, para que los responsables del hackeo de mi página asuman sus consecuencias“, afirmó el alcalde Pimienta.

La Fiscalía General de la Nación recibió la denuncia por el acceso indebido a dichas plataformas y el uso ilícito del material audiovisual, abriendo una línea paralela de investigación técnica para identificar a los responsables.

De otro lado, la Personería de Uribia y otras instituciones manifestaron su rechazo al uso del video, subrayando el daño a la intimidad y dignidad de la víctima, y advirtiendo sobre los riesgos de revictimización en situaciones de violencia de género.

Por el momento, la Fiscalía y la Policía Judicial continúan la investigación para identificar a los autores materiales y eventuales determinadores del atentado, manteniendo a la comunidad informada sobre el avance del proceso.