La ‘Operación Grecia’ sería la base de la intervención ilegal a figuras de la oposición, según denunció el exprecandidato David Luna: “Abuso de poder”

El excongresista y exprecandidato presidencial David Luna solicitó formalmente a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) precisar si existe o existió la ‘Operación Grecia’, supuestamente orientada a intervenir de manera ilegal comunicaciones de miembros de la oposición.

Mediante un derecho de petición, Luna pidió claridad sobre el alcance, motivaciones y soporte legal de cualquier actividad de inteligencia que involucre su nombre, así como información sobre la posible transferencia de datos personales entre ambas entidades.

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En el documento dirigido a René Guarín, director encargado de la DNI, y Augusto Rodríguez, titular de la UNP, Luna recordó el derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución y regulado por la Ley 1755 de 2015, que obliga a las autoridades a responder de fondo, con precisión y congruencia.

El congresista advirtió que la reserva legal de la información de inteligencia no puede justificar la negativa a informar si una persona ha sido blanco de seguimientos u obtención de datos, sobre todo cuando se afectan derechos fundamentales como la intimidad, el buen nombre y el debido proceso.

"Le pregunté públicamente a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) si existe o existió la operación “Grecia”, usada para intervenir ilegalmente comunicaciones y realizar seguimientos y perfilamientos a los integrantes de la oposición, incluyéndome“, afirmó en X el excandidato.

Luna expuso que tuvo conocimiento de la supuesta ‘Operación Grecia’, que podría haber implicado actividades de seguimiento o recopilación de datos en su contra, aunque desconoce el marco legal, los objetivos y la justificación de la misma.

Manifestó preocupación por eventuales afectaciones a sus derechos fundamentales, en particular la dignidad humana, al ser objeto de inteligencia sin notificación ni justificación clara.

El legislador sustentó su solicitud en la Ley 1621 de 2013, que regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia en Colombia y exige respeto estricto a los derechos humanos, prohibiendo la obtención de información para fines distintos a los definidos por la ley. Además, citó la Sentencia C-540 de 2012 de la Corte Constitucional, según la cual las atribuciones de los organismos de inteligencia deben ser compatibles con el respeto de las libertades ciudadanas.

“El Presidente Petro reconoce que tiene informes de inteligencia sobre opositores y su ex director de inteligencia está prófugo de la justicia”, advirtió Luna.

La petición de Luna incluyó requerimientos puntuales a la DNI: confirmar o desmentir la existencia de la ‘Operación Grecia’, detallar fundamentos legales, fines y autoridades responsables, e informar si su nombre fue objeto de seguimiento, análisis o procesamiento de datos en el marco de esa u otra operación.

También solicitó especificar si información personal suya fue compartida con terceros, especialmente con la UNP, detallando fechas, fundamentos legales y tipo de datos transferidos.

Al mismo tiempo, Luna pidió que la DNI remita el derecho de petición a la UNP, solicitando a esta última precisar si tuvo conocimiento de la ‘Operación Grecia’ o recibió información sobre él proveniente de organismos de inteligencia. En ese caso, pidió detalles sobre la fecha de recepción, procedencia y naturaleza de los datos compartidos.

El excongresista amparó su petición en la coordinación interinstitucional prevista en el Decreto 1066 de 2015, según el cual la UNP debe solicitar información complementaria para analizar riesgos, sin exceder el marco legal ni vulnerar los derechos fundamentales involucrados.

Luna concluyó que la transparencia en el manejo de información personal y el respeto a la legalidad son indispensables para preservar la confianza en las instituciones y la vigencia del Estado de derecho.

Por ello, insistió en la obligación de las entidades de responder con claridad y apego a la ley, descartando cualquier excusa basada en la reserva de la información para desconocer derechos fundamentales.

“Esto es un abuso de poder idéntico al que Petro tanto denunció en su época como congresista pero que ahora está ejerciendo. Tanto criticó para llegar a hacer lo mismo. Exijo que se me responda con brevedad y a detalle cada una de las preguntas formuladas“, finalizó Luna en su mensaje en X.