La Fiscalía General de la Nación enfrenta denuncias de acoso laboral y abuso de autoridad en su Dirección de Control Interno, encabezada por Eddy Lucía Rojas Betancourth.
Empleados y sindicatos han interpuesto quejas formales y motivado investigaciones internas, mientras la entidad sostiene que aplica procesos de confidencialidad y prevención, según información recogida por Semana.
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La directora de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación, Eddy Lucía Rojas Betancourth, ha sido señalada por empleados desde 2024 por presunto acoso laboral, intimidación y abuso de autoridad.
Estas acusaciones, documentadas en comunicaciones dirigidas a la fiscal Luz Adriana Camargo y consultadas por el medio citado, apuntan a un impacto negativo en la salud física y mental del personal, así como a la intervención de los sindicatos y las autoridades disciplinarias.
La dependencia está encargada de garantizar la legalidad y la ética dentro de la entidad. Desde la llegada de Rojas Betancourth en 2024, trabajadores de distintos niveles han reportado maltrato, presión psicológica y posibles represalias, según menciones recogidas por Semana.
Testimonios incluidos en la investigación califican el liderazgo de la directora como “autócrata, inflexible, impositivo y soberbio”, y citan prácticas como la asignación de tareas repetitivas, expresiones despectivas y llamados de atención a puerta cerrada sin dejar registro.
Consecuencias del presunto acoso laboral en la Fiscalía General de la Nación
Uno de los casos más destacados en los documentos revisados por el medio mencionado es el de una arquitecta de la Dirección de Control Interno que tuvo un “colapso nervioso” debido a la supuesta presión y acoso intenso de la directora.
Esto derivó en intervención psicológica, incapacidad médica y hospitalización en una clínica de reposo, además de medidas preventivas dictadas por la ARL.
Según la denuncia, el mismo día del episodio, la funcionaria fue presionada para avanzar en trabajos pendientes, sin considerar su incapacidad.
Finalmente, aceleró su proceso de pensión y se retiró de la entidad ante la persistencia de la situación de acoso, relató en diálogo con el medio mencionado.
En las comunicaciones se mencionan amenazas frecuentes de despido, traslados o separación de funciones, sumadas a frases intimidantes como “nadie es imprescindible en esta oficina” y “no sé qué hacer con usted”.
En marzo de 2025, otra trabajadora pidió reubicación urgente por sentirse “al borde del suicidio”, atribuyéndolo al “continuo y permanente maltrato y presión psicológica” por parte de la directora. El expediente denuncia además un “silencio cómplice” de los superiores respecto a estos hechos.
El impacto en la salud alcanza también al personal con antecedentes médicos. Un empleado sometido a cirugía de corazón abierto reportó amenazas sobre su estabilidad laboral y separación de funciones clave.
Esto generó un episodio de ansiedad y una elevación de tensión arterial con incapacidad de tres días, del 14 al 16 de mayo de 2025, según documentación observada por Semana.
En marzo de 2026, la última denuncia anónima presentada a la fiscal general refirió a una funcionaria que solicitó cambio de ciudad para atenderse por una enfermedad grave, a la que le fue negado el permiso. De acuerdo con la denuncia, “se vio obligada a renunciar porque la señora Rojas le negó los permisos para adelantar su tratamiento, violando flagrantemente sus derechos fundamentales y sin que nadie hiciera nada por ella”.
Respuesta de la Fiscalía y acciones adoptadas
Las acusaciones de acoso laboral y abuso de autoridad llevaron a los principales sindicatos de la Fiscalía General de la Nación a requerir medidas urgentes en diciembre de 2025.
Diversos documentos y declaraciones recogidas por Semana señalan la ausencia de reacciones efectivas por parte de las instancias superiores frente al volumen de quejas.
Consultada por este medio, la Fiscalía General de la Nación confirmó la existencia de estas denuncias y el avance en procesos internos: “Han sido atendidas en el marco de la confidencialidad que caracteriza este tipo de procesos y siguiendo los parámetros de ley”, comunicó la entidad.
Además, aseguró que “se han implementado acciones de prevención de riesgo psicosocial en la Dirección de Control Interno y se han surtido las comunicaciones correspondientes a la Comisión de Disciplina Judicial para lo de su competencia”.
Hasta ahora, no se ha divulgado ninguna sanción específica para Rojas Betancourth ni cambios en la jefatura de la dependencia. Semana intentó obtener la versión directa de la funcionaria denunciada, sin obtener respuesta.
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