El gobernador de Antioquia alertará al Gobierno de Estados Unidos sobre beneficios para criminales vinculados a la ‘paz urbana’

Sigue la polémica por la suspensión de 23 órdenes de captura de jefes criminales y vinculados a la ‘paz urbana’ en Antioquia, lo que permitirá que estas personas puedan actuar como voceros en las mesas de diálogo sociojurídico de la cárcel de Itagüí.

La medida, con vigencia inicial de seis meses y posibilidad de prórroga, busca avanzar en la desarticulación de estructuras criminales y la transformación de economías ilícitas en el Valle de Aburrá.

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En medio de los pronunciamientos de rechazo, la Fiscalía emitió un comunicado en el que informó que la decisión es respaldada por la Ley 2272 de 2022, la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional y el Decreto 1081 de 2015, resaltando que con esto no se contempla la concesión de la libertad de quienes se encuentren privados de ella en centros carcelarios.

“La medida no excluye la captura en flagrancia respecto de delitos graves, como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario; y tendrá efectos en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro (Antioquia), zonas donde se realizarán los principales encuentros y actividades relacionadas con este proceso de sujeción a la justicia”, explicó el ente acusador.

A pesar de la aclaración, en diálogo con NTN 24, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que la decisión de la Fiscalía, amparada por el Gobierno nacional, es una medida “peligrosa” que “pone en riesgo el proceso electoral en Antioquia”.

“Estos 23 criminales son los principales perpetradores de toda suerte de violencia, de homicidios, de torturas, de desplazamientos, de extorsiones, de secuestros que aquejaron durante lustros al Valle de Aburrá”, afirmó el gobernador Rendón.

Además de la que ya fue presentada por un grupo de concejales de Medellín, el funcionario anticipó que presentará una acción de nulidad de la medida ante el Consejo de Estado y que se encargará de informar al Gobierno de Estados Unidos sobre lo registrado en Colombia, mencionando que este tipo de acciones ponen en vilo la seguridad de figuras políticas.

“¿Quién nos devuelve a Miguel por cuenta de esta contemporización que ha hecho permanente Petro con el crimen?”, declaró Rendón al recordar el magnicidio del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El gobernador cuestionó que, a pesar del rechazo de su administración, sumado a las declaraciones que ha hecho el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, el Gobierno Petro prefiera seguir negociando con criminales.

“¿Cuál es el afán de contemporizar con el crimen, de querer arrodillar a todas las instituciones, a distintas estructuras? ¿Qué tiene que hacer un Gobierno nacional negociando con 23 criminales, la mayoría de ellos ya condenados, vencidos en juicio por toda la institucionalidad en su conjunto, no solo por uniformados, sino por jueces y fiscales?”.

Además de informar a Estados Unidos, Rendón afirmó que cuenta con el respaldo de varios alcaldes municipales que no están de acuerdo con la decisión tomada por la Fiscalía.

“Nosotros le hemos hecho conocer las particularidades del prontuario delictivo de todos estos bandidos al Gobierno americano. Lo vamos a ampliar en los días que están por venir. Y el próximo Lunes de Pascua vamos conjuntamente con los diez alcaldes del área metropolitana, desde Río Negro, a presentar ante el Consejo de Estado una acción de nulidad por la falsa motivación que le asiste a esta resolución, que excarcela temporalmente con una jurisdicción limitada, sí, pero que representa el 70% del conglomerado urbano del departamento, a 23 criminales de alta peligrosidad”.

Por último, debido a que el Gobierno Petro ha sido señalado en el pasado de no apoyar a las autoridades norteamericanas en la lucha contra el narcotráfico, Rendón mencionó que negociar con jefes de pandillas no es una buena referencia para que en Estados Unidos se cambie la percepción sobre la actual administración.

“La situación es muy grave y merece que el Gobierno de Estados Unidos, que ha estado tan atento al cumplimiento de los compromisos de Petro en el marco de la lucha contra el narcotráfico, conozca en detalle qué es lo que está pasando”.