El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, difundió un video a través de su cuenta oficial en la red social X, en el que realizó duras críticas a la política de tierras del actual jefe de Estado, Gustavo Petro.
En la grabación, Uribe afirmó que el presidente Petro no ha cumplido la meta de entregar un millón y medio de hectáreas a campesinos, tal como lo prometió durante su campaña en 2022.
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El exmandatario también defendió la propuesta de la senadora y candidata del Centro Democrático Paloma Valencia e insistió en la importancia de implementar mecanismos que garanticen la rentabilidad de los productores rurales.
Según el exjefe de Estado, la cifra real de hectáreas entregadas por el Gobierno asciende a 305.000, un número muy inferior al que ha presentado la Presidencia. “El presidente Petro ni cumple ni dice la verdad”, expresó Uribe, que detalló que solo 66.000 hectáreas cuentan con registro y otras 62.000 están en proceso de formalización.
Además, precisó que existen 175.000 entregas de carácter provisional, muchas de ellas provenientes de procesos de incautación de narcóticos, lo que podría derivar en futuras devoluciones. “Hay mucha preocupación por falta de proyectos productivos”, puntualizó el exmandatario.
Durante el video, Paloma Valencia fue destacada como impulsora de un modelo centrado en la entrega de tierras acompañadas de “proyectos productivos y sistemas asociativos” que incluyan la participación de empresarios.
El exmandatario recordó los ejemplos implementados durante su propio gobierno en regiones como el Catatumbo y María la Baja, donde, según su versión, se promovieron esquemas de colaboración entre campesinos y el sector empresarial para mejorar la rentabilidad agrícola.
“Paloma ha anunciado entrega de tierras con proyectos productivos y sistemas asociativos también con empresarios que garanticen rentabilidad al campesino”, sostuvo Uribe.
Uno de los puntos principales expuestos por Uribe fue la necesidad de buscar alternativas legales para evitar que los beneficiarios de las Áreas Especiales (AE) se vean obligados a devolver los predios por decisiones judiciales adversas.
El exmandatario afirmó que Valencia “buscaría alternativas para evitar devoluciones por sentencias en contra de las AE, tierras entregadas a los campesinos de las AE, que no las tengan que devolver”. Además, señaló la importancia de habilitar canales de acceso a crédito alternativo, como el uso de distribuidoras de insumos agrícolas, para fortalecer la economía rural.
Álvaro Uribe Vélez criticó la gestión de tierras de Petro y defendió un modelo productivo junto a empresarios - crédito @AlvaroUribeVel/X
Uribe también incluyó críticas directas al senador Iván Cepeda, al que describió como “enemigo del agroempresarial”. Según el exmandatario, la formalización y entrega de títulos rurales ha sido una labor de varias administraciones, y cuestionó el enfoque de Cepeda, que promueve una visión distinta del desarrollo rural.
Las cifras oficiales divulgadas por el Gobierno han sido motivo de controversia. El exmandatario subrayó que “con registro, 66.000 hectáreas; por registrar, 62.000; entregas provisionales, 165.000”, y reiteró que la suma total alcanza las 305.000 hectáreas.
Gobierno pone en marcha sistema judicial rural y entrega 3.600 hectáreas a familias campesinas en Córdoba
El presidente Gustavo Petro firmó el jueves 26 de marzo de 2026 en Cereté, Córdoba, la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, que establece por primera vez un sistema judicial especializado para abordar disputas sobre tierras en Colombia.
La nueva legislación busca ofrecer soluciones judiciales ágiles a controversias entre campesinos, comunidades étnicas y entidades estatales, según lo anunciado por el mandatario durante el evento.
La ceremonia coincidió con la entrega de 3.600 hectáreas a familias afectadas por emergencias climáticas en la región y el comienzo de la demolición de jarillones para restaurar ciénagas en el Bajo Sinú.
Petro declaró: “Cuando haya conflictos entre el grande y el pequeño, no sea el machete sangriento, no sea la sierra eléctrica ensangrentada el camino de la solución”.
Con la promulgación de esta ley, el Gobierno busca que jueces especializados diriman disputas rurales de manera eficiente y justa, evitando la violencia y priorizando el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables del campo.
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