La decisión de levantar órdenes de captura para 23 líderes de bandas criminales en Medellín, Antioquia, intensificó las tensiones políticas en Colombia y llevó al partido Centro Democrático a estructurar una ofensiva legislativa que busca eliminar la capacidad del Gobierno nacional para negociar beneficios judiciales con grupos armados ilegales, según informó el representante y senador electo, Hernán Cadavid.
El proyecto, que aparece como la prioridad política de la bancada de derecha y centroderecha, será presentado el 20 de julio del 2026, día en que se instala el nuevo Congreso de la República para el periodo de 2026-2030.
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Actualmente, los efectos de la política de Paz total, rediseñada en la administración del presidente Gustavo Petro, son objeto de debate en la recta final del ciclo preelectoral. Cadavid confirmó que la derogación de esta normativa será la “primera gran tarea” para su partido y aliados en el inicio del próximo periodo legislativo.
Según sus declaraciones, la norma vigente otorga facultades al Gobierno para habilitar beneficios a cabecillas de grupos ilegales, incluyendo la suspensión de medidas judiciales pendientes, como en el caso reciente de Medellín.
“El levantamiento de las órdenes de captura a los cabecillas de las bandas delincuenciales de Medellín y Valle de Aburrá confirma que la política de paz total ha sido un contubernio entre el Gobierno y los grupos armados ilegales, un beneficio mutuo”, manifestó Cadavid.
El senador añadió que la estrategia de su bloque será clara: “Vamos por la eliminación de la paz total el próximo 20 de julio en el Congreso de la República”.
El impacto electoral del levantamiento de órdenes de captura
La polémica se intensificó cuando partidos de la oposición vincularon la decisión del Gobierno de beneficiar a cabecillas de grupos ilegales con el contexto de campaña presidencial.
Dirigentes como Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo coinciden en que la medida favorece intereses partidistas, señalando que “estos beneficios a los criminales en Medellín tienen como propósito impulsar la campaña de Iván Cepeda en esa región del país”.
El presidente Petro fue blanco de crecientes cuestionamientos por parte de sectores de derecha y centroderecha, que argumentaron que la suspensión de órdenes de captura podría estar influida por cálculos políticos en la antesala de las elecciones.
El representante Hernán Cadavid insistió en que la respuesta legislativa del Centro Democrático será inmediata: “La primera acción por parte nuestra como miembros del Centro Democrático será la radicación de un proyecto de ley que elimine la paz total de Petro, que derogue los postulados que hoy le dan todos los beneficios a las estructuras criminales”.
El Gobierno defiende su política como herramienta para alcanzar la paz
La Oficina del Consejero Comisionado de Paz defendió públicamente la reciente suspensión de órdenes de captura a 23 cabecillas de estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá, calificando la medida como parte de la estrategia de “paz urbana” promovida por el Gobierno nacional.
El anuncio, realizado mediante un comunicado, surge en un contexto de creciente debate político y judicial por el alcance y sentido de la decisión, que busca facilitar escenarios de diálogo para un eventual sometimiento a la justicia de estos grupos armados, alineándose con la política de Paz Total del Ejecutivo.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) enfatizó que la resolución se enmarca estrictamente en la Ley 2272 de 2022, que regula este tipo de procedimientos en contextos de construcción de paz urbana. En su declaración, la entidad aseguró: “Estas decisiones se toman en el marco de la Ley 2272 de 2022 y responden a dinámicas propias de la construcción de paz”, reiterando la legalidad del procedimiento.
El Gobierno, a través del pronunciamiento oficial recogido por el comunicado, aclaró que la suspensión de las órdenes de captura “de ninguna manera implica la excarcelación” de los voceros. En su postura, subrayó que difundir esa interpretación constituye “una grave e irresponsable desinformación”, y atribuyó esa confusión a sectores de la oposición.
Esta precisión fue compartida por la Fiscalía General de la Nación, que detalló que la resolución no afecta a quienes ya se encuentran privados de la libertad por condenas vigentes, y que la suspensión tampoco impide detenciones en flagrancia por delitos como secuestro o extorsión. Así, el alcance de la medida queda circunscrito a quienes están involucrados como voceros en los diálogos exploratorios y no a la totalidad de la estructura criminal.
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