Esta fue la petición formal de indulto humanitario que presentó David Murcia Guzmán al presidente Gustavo Petro

La solicitud de indulto humanitario presentada por David Murcia Guzmán ante el presidente Gustavo Petro quedó consignada en un escrito dirigido a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, en el que el solicitante expone su versión sobre el proceso judicial en su contra, el tiempo cumplido en prisión y una propuesta de reparación social orientada a personas que se consideran afectadas por la liquidación de DMG.

El documento fue radicado en Bogotá y contiene un relato detallado de los hechos que, según su versión, rodearon su captura, juzgamiento y condena en Colombia y en Estados Unidos.

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En el inicio del escrito, el empresario señala que actúa en nombre propio y solicita la aplicación de un “INDULTO HUMANITARIO, basado en los poderes ejecutivos y excepcionales que posee el Gobierno, cuando puede evidenciar que existe mérito para concederse”.

A partir de allí, desarrolla un relato sobre el origen de su modelo empresarial, la constitución de DMG en 2005 y el funcionamiento de un sistema de comercialización sustentado, según describe, en anticipos de compra de bienes y servicios mediante tarjetas prepagadas.

Relato del proceso penal y cuestionamientos a las actuaciones judiciales

Dentro de su exposición, Murcia sostiene que fue objeto de persecución estatal y que inicialmente se le atribuyeron vínculos con organizaciones armadas ilegales, acusaciones que, afirma, no fueron probadas. Posteriormente, según indica, fue procesado por captación masiva de dinero, conducta que considera derivada de la interpretación de su modelo comercial.

El documento también describe su captura en Panamá en noviembre de 2008 y su posterior traslado a Colombia, situación que califica como irregular. En ese contexto menciona la actuación de su entonces defensor, Abelardo de la Espriella, señalando que renunció durante las primeras audiencias del proceso penal.

El escrito continúa con la referencia a su extradición a Estados Unidos en 2010, donde aceptó cargos y recibió una condena de 108 meses de prisión antes de ser deportado a Colombia. Según expone, este hecho configuró una doble sanción por los mismos acontecimientos, por lo que afirma que debió aplicarse el principio de non bis in idem (no dos veces por lo mismo). En ese sentido, sostiene que “llevo casi 17 años privado de la libertad, que técnicamente equivalen a más del tiempo que exige la ley colombiana para el otorgamiento de la libertad condicional”.

Asimismo, cuestiona decisiones relacionadas con el cómputo de la pena y afirma que el tiempo reconocido judicialmente no corresponde al total de meses que ha permanecido detenido en distintos países por los mismos hechos. En su argumentación, plantea que la prolongación de la privación de la libertad contraría principios constitucionales y estándares internacionales sobre finalidad resocializadora de la pena.

Argumentos constitucionales, razones humanitarias y propuesta social

El documento sostiene que la Constitución permite al presidente conceder indultos por delitos políticos y conexos, y plantea que su caso debe analizarse bajo esa perspectiva debido al contexto en el que, según afirma, ocurrió su investigación y condena. En ese apartado menciona al expresidente Álvaro Uribe Vélez como parte del escenario político de la época en la que se desarrollaron las actuaciones judiciales.

En el plano personal, el solicitante describe su origen familiar, su trayectoria como empresario y su intención de reintegrarse a la vida civil. Allí expresa “mi firme voluntad de reintegrarme a la vida civil, acogiendo los valores constitucionales y comprometiéndome a vivir en estricto respeto de la ley y de los derechos de los demás ciudadanos”.

Como soporte humanitario de la solicitud, propone la creación de un programa denominado “ReparaEduca”, orientado a la reparación, educación y prevención financiera. La iniciativa incluye un fondo de restitución para personas que se consideran víctimas de la liquidación de DMG, centros móviles de formación financiera, asesoría jurídica gratuita, cooperación con entidades estatales para detectar esquemas de captación ilegal y programas productivos dirigidos a la reinserción social.

Según el escrito, estas acciones buscarían generar beneficios públicos en materia de prevención de fraudes financieros y fortalecimiento institucional, además de ofrecer mecanismos de reparación complementaria. El empresario también indica que cuenta con respaldo de personas organizadas en torno a la denominada comunidad vinculada a DMG, quienes habrían solicitado su libertad.

Petición al presidente Petro

En la parte final del documento, Murcia afirma haber agotado las vías jurídicas ordinarias y señala que el indulto constituiría el único mecanismo disponible dentro de la legislación nacional para recuperar la libertad. Sostiene que su historia personal, las circunstancias del proceso y las razones humanitarias justifican la concesión de una segunda oportunidad tras casi 17 años de reclusión.

El texto concluye señalando que “el indulto en este caso particular constituiría una expresión del compromiso del Estado colombiano con la dignidad humana, la justicia restaurativa y los principios internacionales que rigen el tratamiento de personas privadas de la libertad”, y solicita al jefe de Estado estudiar de fondo su situación.

La petición quedó dirigida a la Presidencia de la República para el trámite correspondiente ante la Secretaría Jurídica. En el mismo documento, el solicitante manifiesta su disposición a aportar información adicional y a desarrollar las iniciativas sociales propuestas en caso de obtener la libertad mediante la figura del indulto humanitario.