Al menos 67 familias fueron desplazadas en el corregimiento Agua de la Virgen, zona rural de Ocaña, Norte de Santander, como consecuencia de los recientes enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
Según la Defensoría del Pueblo, el conflicto involucra a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) y al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), cuyas confrontaciones provocaron una crisis humanitaria en la región.
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La situación se agravó en las veredas Nuevo Amanecer, La Enllanada y San Agustín, siendo Nuevo Amanecer el principal punto de concentración de los desplazados. La misión de verificación en la zona cuenta con el acompañamiento de la Iglesia Católica y las autoridades locales, que atienden a los afectados que llegan al casco urbano de Ocaña.
La Defensoría del Pueblo confirmó que existen personas heridas como resultado de los enfrentamientos. Algunas de ellas ya reciben atención médica en el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. El organismo anunció que el lunes 16 de febrero se tomarán declaraciones a las familias desplazadas, con el fin de activar rutas de apoyo y protección.
Autoridades y organizaciones alertan sobre la expansión del conflicto
Las autoridades de Santander y Norte de Santander advirtieron sobre la presencia y confrontaciones de grupos armados ilegales en zonas limítrofes con el departamento de Cesar, lo que incrementa el riesgo para la población civil.
El secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Guerrero, explicó que las familias desplazadas se refugiaron en casas de conocidos y consanguíneos, donde recibieron asistencia del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la administración municipal.
Jorge Bohórquez, personero municipal de Ocaña, declaró a La FM que los enfrentamientos mantienen en zozobra a las comunidades rurales de la provincia. “Tenemos por lo menos tres personas heridas que están en el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, hay reporte de personas retenidas y desaparecidas. Esta es una situación bastante compleja y muy grave, pues lo que viene ocurriendo en ese sector donde hay presencia de estos grupos de autodefensas, y por eso hemos iniciado con la ruta de atención a esta población”, afirmó el funcionario.
De acuerdo con datos preliminares, existen reportes de retenes ilegales, daños en la infraestructura de internet y ocupación de sedes educativas por parte de los grupos armados en el sector de Los Curitos, lo que obligó a suspender las clases para salvaguardar la vida de los estudiantes.
Antecedentes de la violencia armada en la región
El conflicto en esta zona no es nuevo. El fallecido congresista Diógenes Quintero había señalado reiteradamente la presencia de grupos de autodefensas procedentes de otras regiones del país, cuyos intereses se centran en el control de rutas de narcotráfico y contrabando, especialmente en el Catatumbo.
La Federación de Personeros del Catatumbo también advirtió sobre el aumento de estos grupos, que se disputan una zona estratégica para el tráfico de mercancías y combustibles.
Hasta el momento, las autoridades policiales y militares no han emitido un reporte oficial sobre la presencia de autodefensas en el departamento, lo que podría agravar la situación de seguridad en una región donde la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc puso en riesgo a miles de familias durante más de un año.
Misiones humanitarias y llamado al cese de hostilidades
La complejidad del orden público impide la consolidación de un balance oficial sobre el número total de familias afectadas, debido a las dificultades para ingresar a las zonas de conflicto.
La Defensoría del Pueblo y la Diócesis de Ocaña preparan una misión humanitaria para brindar asistencia y verificar la situación de seguridad en las veredas afectadas, una vez existan condiciones mínimas para el ingreso.
“El llamado a los actores armados es a que cesen este tipo de acciones en el territorio y dejen a la población civil al margen de toda hostilidad”, solicitó el personero Jorge Bohórquez. Las autoridades departamentales coordinan acciones para restablecer el orden público en la frontera entre Norte de Santander y Cesar.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, reiteró su exigencia a los actores armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y a las autoridades para que garanticen la atención y protección inmediata de la población desplazada.
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