El nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se refirió a la situación de Zulma Guzmán, solicitada en extradición por Colombia, ya que es la principal sospechosa de la muerte de dos menores en Bogotá que fallecieron por intoxicación con talio consumido a través de frambuesas bañadas en chocolate.
Según Cuervo, los procedimientos internos en el sistema de justicia británico han generado demoras, dado que la defensa de Guzmán argumenta condiciones de salud mental para evitar su entrega a las autoridades colombianas.
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“Los procesos internos del sistema de justicia británico están demorando la extradición, ya que la defensa de esta persona alega condiciones de salud mental para evitar responder ante la justicia”, señaló el nuevo funcionario del Gobierno Petro.
El ministro preció que el Gobierno colombiano debe respetar los procesos judiciales y las garantías legales establecidas en el Reino Unido.
Explicó que la administración observa con atención el desarrollo de este caso y mantiene comunicación constante con las autoridades británicas para asegurar el cumplimiento de los protocolos internacionales.
Cuervo afirmó que la extradición de Zulma Guzmán es una prioridad para el Gobierno. Señaló que una vez culminen los procedimientos judiciales en el Reino Unido, Colombia insistirá en la entrega de Guzmán para que responda ante la justicia nacional.
“El gobierno debe ser respetuoso de los procedimientos judiciales de ese país. Sin embargo, la extradición es una prioridad para el Gobierno, y una vez finalicen los procedimientos internos en el sistema británico, se buscará traerla a Colombia”, aseveró Cuervo.
Detalles del caso
La Fiscalía General de la Nación recibió el informe toxicológico elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pieza clave en la investigación por la muerte de dos menores en Bogotá tras consumir frambuesas contaminadas con talio.
El caso, que conmocionó al sector de Los Rosales, se centra en el domicilio que llevó los productos a la vivienda de las víctimas el 3 de abril de 2025. El análisis forense permitió identificar las sustancias presentes en los alimentos ingeridos por las niñas y orientar la investigación hacia el origen de la intoxicación.
El dictamen abarcó el estudio de tres productos consumidos por las menores ese día: galletas horneadas, café y frambuesas cubiertas de chocolate. Las pruebas realizadas a las galletas y al café no revelaron presencia de las sustancias investigadas, lo que excluyó estos alimentos como fuente del envenenamiento. Los resultados así lo detallan en el expediente, donde no se detectaron compuestos sospechosos ni en las galletas ni en el café, lo que llevó a los peritos a enfocar su atención en el tercer producto analizado.
Las frambuesas bañadas en chocolate amargo y blanco sí arrojaron resultados concluyentes. El informe determinó la presencia de talio en concentraciones superiores a 20 microgramos por mililitro, tanto en las frambuesas como en el contenido gástrico de las víctimas. Este hallazgo estableció una correspondencia directa entre el consumo de este alimento y el cuadro de intoxicación fatal que sufrieron las menores.
El expediente señala con precisión los niveles detectados y la preparación específica del producto, lo que sustenta la hipótesis de que el envenenamiento ocurrió tras la ingestión de las frambuesas entregadas a domicilio.
Expertos en toxicología consultados durante la investigación explican que el talio es un elemento químico altamente tóxico, capaz de afectar gravemente diversos sistemas del cuerpo humano. La exposición por vía oral, como en este caso, puede comprometer funciones neurológicas, digestivas y cardíacas, además de alterar procesos metabólicos, dependiendo de la cantidad ingerida y el tiempo de exposición.
Si bien el dictamen forense se limitó a detallar las concentraciones halladas y no incluyó análisis clínicos, los especialistas coinciden en que niveles elevados de talio resultan especialmente peligrosos en menores de edad por su mayor vulnerabilidad fisiológica.
El informe de Medicina Legal forma parte central del proceso judicial y aporta elementos técnicos que orientan la investigación hacia la identificación de los responsables y del origen de la contaminación. Las autoridades continúan recolectando pruebas para esclarecer las circunstancias detrás del envío a domicilio y determinar las posibles implicaciones penales en el caso.
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