El anuncio de la reducción del salario de los congresistas en Colombia marcó un hito en el debate sobre la austeridad del Estado, luego de que el presidente Gustavo Petro tomara la decisión que el Congreso había postergado durante años.
El senador del Partido de la U, Antonio Correa, celebró públicamente la medida, destacando la urgencia de ajustar las remuneraciones de los servidores públicos en un país donde la desigualdad sigue siendo un tema central.
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Según el propio Correa, un congresista percibe más de $52 millones mensuales, cifra que contrasta con la línea de pobreza establecida.
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“Un solo congresista gana lo mismo que más de 100 colombianos que sobreviven en pobreza”, subrayó el senador en su cuenta de X. Esta comparación evidenció la brecha entre la élite política y la mayoría de la población.
Correa insistió en que su postura no responde a intereses populistas, sino a principios de “coherencia, justicia y solidaridad”. Afirmó que durante años impulsó esta iniciativa dentro del Congreso sin éxito.
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“La austeridad debe ser un principio ético del poder”, declaró Correa, en referencia al uso responsable de los recursos públicos.
El legislador propuso reducir el gasto en personal no misional, recortar en un 50% los viáticos y eventos estatales y destinar los recursos no ejecutados a la inversión social.
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En un video difundido en X, Correa defendió la medida apelando a la empatía y la necesidad de desprenderse de privilegios.
“No es populismo ser solidario en tiempos de dificultad”, sostuvo el senador, quien subrayó que el ajuste presupuestal debe abarcar distintas entidades estatales, incluidas embajadas, consulados y empresas mixtas como Ecopetrol.
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Reiteró la importancia de que los presupuestos no ejecutados en ministerios y entidades adscritas sean redirigidos de manera rápida y transparente hacia programas sociales.
“Criticar la reducción del salario de los congresistas no es una postura técnica: es una defensa abierta del privilegio”, puntualizó.
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Para Correa, la resistencia al recorte salarial evidencia una deuda histórica del Congreso con la sociedad y explica la baja credibilidad de este poder ante los colombianos.
El congresista pidió a Petro que dé sentido de urgencia a la iniciativa y extienda la austeridad a todas las entidades del Estado.
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“El cambio es inminente. El cambio social lo estamos logrando con verdaderas transformaciones profundas del Estado, donde los privilegios y derroches no caben. Primero lo social”, afirmó.
La decisión presidencial reavivó el debate sobre la equidad en el sector público y el papel de los legisladores en la gestión de los recursos nacionales.
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La propuesta de ajustar el salario de quienes ostentan cargos altos en el Estado, así como la petición de incrementar la eficiencia del gasto, abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre el uso de fondos públicos en Colombia.
Gobierno Petro suprimió beneficio salarial de $16,9 millones para legisladores a partir de julio
El Gobierno de Gustavo Petro emitió el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, eliminando la prima especial de servicios para congresistas, establecida en 2013 y equivalente a $16.914.540 mensuales.
Esta prima, diferente al beneficio anual que reciben los trabajadores formales en Colombia, componía, junto con otros dos ítems, el salario mensual de senadores y representantes.
La decisión será efectiva para los legisladores elegidos el próximo 8 de marzo, quienes asumirán el 20 de julio, pero no aplica retroactivamente a los actuales ocupantes de curules.
En X, Petro afirmó: “Se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres, y hunden las que les ponen impuestos a los ricos. Por eso creo que es muy justo reducir el salario a los congresistas”.
El decreto reemplazó, en 2013, las primas de localización, vivienda y salud por la prima especial, la cual incidía en las liquidaciones de Navidad y servicios.
La nueva normativa plantea que la remuneración de los legisladores resulta desproporcionada frente al ingreso promedio nacional y la realidad económica, dificultando el cierre de brechas sociales.
El texto enfatiza la necesidad de reorientar el gasto público, avanzar en austeridad y priorizar la equidad sin menoscabar derechos fundamentales.
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