A un año de la masacre del municipio de Aguachica, Cesar, nuevas certezas han emergido sobre el trágico error que terminó con la vida de la familia pastoral Lora Rincón. El asesinato de Marlon Lora, su esposa Yurlay Rincón y sus hijos, Ángela y Santiago, fue consecuencia de una confusión en medio de una retaliación entre estructuras criminales.
El 29 de diciembre de 2024, mientras la familia Lora Rincón almorzaba en el restaurante Sorbetes y Sabores, tras finalizar el servicio dominical como parte de la iglesia Príncipe de la Paz que lideraban en el barrio Villa Paraguay, un sicario descendió de una motocicleta y abrió fuego.
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Marlon, Yurlay y Ángela murieron en el lugar; Santiago falleció al día siguiente en una clínica. El hecho sumió a Aguachica en el dolor, la incertidumbre y el temor asociados a la violencia del crimen organizado.
365 días después, amigos, vecinos y feligreses de la iglesia que otrora fue liderada por Lora se reunirán este lunes 29 de diciembre para conmemorar el primer año del doloroso suceso que cobró relevancia nacional.
Según información conocida por El Heraldo, el encuentro se hará en forma de plantón en el que la comunidad elevará plegarias por el pastor y su familia, además de exigir a las autoridades mayor celeridad en la justicia.
Miembros y líderes de la iglesia tienen previsto realizar una jornada de oración en el lugar del crimen, con el fin de recordar a las víctimas y promover la reconciliación.
Y es que el legado de la familia Lora Rincón dejó una huella profunda en la comunidad cristiana del municipio. Desde el crimen, la iglesia Príncipe de la Paz, ahora a cargo del pastor Giovanni Bermúdez Santos, ha experimentado un promisorio crecimiento en el número de feligreses y un renovado espíritu de misión.
Bermúdez Santos explicó a El Heraldo que la enseñanza de Marlon sobre la importancia de “llevar la palabra de Dios” y unir a los miembros de la iglesia ha inspirado la llegada de nuevos creyentes, fortaleciendo la comunidad pese a la tragedia.
“El pastor Marlon eso fue lo que enseñó, llevar la palabra de Dios a todos los lugares, así empezó él recorriendo los sitios más apartados, hasta que consolidó la iglesia en la que tanto él como su familia estaban comprometidos. Ángela era también una buena predicadora. Suena un poco extraño, pero cuando suceden estas cosas la fe se fortalece y eso es lo sucedido con la iglesia que lideraba el pastor Marlon, ahora hay un nuevo pastor que llegó por pocos días, pero se ha quedado y sigue avanzando”, señaló el religioso al diario regional.
Las investigaciones comenzaron de inmediato. La Policía Nacional, apoyada por equipos de Barranquilla y Bogotá, bajo coordinación de la Regional 8 y la Fiscalía General de la Nación, revisó más de 220 horas de grabaciones de cámaras de seguridad.
Estas imágenes facilitaron la reconstrucción del recorrido de los sicarios en motocicleta y captaron la huida de una mujer de estatura similar a Ángela Lora: Zaida Andrea Sánchez Polanco, conocida como alias la Diabla.
La identificación de alias la Diabla resultó fundamental para comprender el móvil del crimen. Sánchez Polanco era pareja sentimental de Javier Alfonso Veloza, alias Jhon Mechas, líder de las disidencias de las Farc en el Catatumbo, asesinado el 27 de diciembre de 2024.
Las autoridades concluyeron que los sicarios pretendían atentar contra alias la Diabla como represalia por la muerte de Jhon Mechas, pero la similitud en vestimenta entre ella y Ángela Lora —ambas llevaban pantalón negro y camiseta blanca— ocasionó la confusión fatal. Sánchez Polanco logró huir del lugar en una camioneta de alta gama, mientras que la familia pastoral fue asesinada.
Dos meses después de la masacre, la Policía Nacional realizó un operativo conjunto con la Sijín y la Dijín en Cúcuta y Villa del Rosario, que permitió capturar a los principales responsables: José Leal Rodríguez (sicario), Jorge Luis Valderrama (conductor), Jairo Andrés Miranda (alias el Logístico, coordinador del operativo) y Leonardo Barraza Castillo (encargado de identificar a las víctimas).
Todos enfrentan cargos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego, y se encuentran en proceso judicial bajo la conducción de la Unidad Nacional de la Fiscalía, destacó un vocero de la Fiscalía General a El Heraldo.
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