Salario mínimo 2026: esto es lo que viene para Colombia si no se logra un acuerdo antes del 15 de diciembre

Con las centrales obreras pidiendo un aumento de dos dígitos y los empresarios defendiendo un ajuste cercano al 7%, el país se acerca a un escenario en el que el Gobierno deberá asumir la decisión final si no hay consenso en la fecha límite

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El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 impactará directamente el valor de la prima de servicios de millones de trabajadores - crédito Adobe Stock
El debate por el salario mínimo de 2026 enfrenta a sindicatos y gremios económicos con posturas abismalmente opuestas - crédito Adobe Stock

A pocos días de que se cumpla el primer plazo para definir el salario mínimo de 2026, el debate en la mesa de concertación atraviesa uno de sus momentos más tensos. Las posiciones de los distintos sectores no solo avanzan por rutas muy distintas, sino que, según las centrales obreras, están separadas de manera “abismal”. Este ambiente, lejos de disiparse, reforzó la posibilidad de que la negociación no llegue a una cifra consensuada dentro de los tiempos previstos.

Aunque el país acostumbra cada diciembre a seguir de cerca este trámite, la discusión de este año tomó un giro particular. Las organizaciones sindicales, encabezadas por la CUT, insisten en un incremento de dos dígitos y reiteraron que un ajuste “de al menos 12%” es indispensable para garantizar el poder adquisitivo de los hogares. Del otro lado, los gremios económicos defienden un aumento alrededor del 7%, respaldados en un argumento central, evitar presiones adicionales sobre la inflación.

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Fabio Arias calificó de "sabotaje" las declaraciones del ministro, argumentando que fueron prematuras - crédito Colprensa
Las centrales obreras exigen un aumento del salario mínimo de al menos 12% para proteger el poder adquisitivo de los hogares - crédito Colprensa

En medio de esas posturas, el Gobierno intenta ubicarse en un punto de equilibrio. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, repite que su prioridad es alcanzar un consenso, aunque en el propio Ejecutivo hay voces que respaldan un aumento más amplio. Esta mezcla de expectativas convierte cada sesión en un ejercicio delicado, donde los técnicos revisan proyecciones y los representantes exponen sus límites y condiciones.

Si el 15 de diciembre la mesa no logra un acuerdo, algo que a esta altura ya se ve como un escenario probable, la discusión no se cierra de inmediato. La normativa laboral fija un protocolo estricto que contiene los siguientes pasos y que, en la práctica, ordena una segunda ronda de revisión.

Entre el 16 y el 18 de diciembre se abre un periodo para que cada sector entregue sus salvedades por escrito. Ese documento no es un simple registro, allí se exponen los argumentos que sustentan cada propuesta, las razones por las que no se logró concertar una cifra y los soportes que cada parte considera relevantes para defender su posición. La Comisión debe analizarlos el 18 de diciembre, lo que convierte esa fecha en un filtro técnico y jurídico previo a la fase final.

El proceso de concertación salarial involucra a gremios, sindicatos y el Gobierno, con informes técnicos del Dane y el Banco de la República - crédito @AntonioSanguino/X
Los gremios empresariales proponen un incremento salarial cercano al 7% para evitar presiones inflacionarias en la economía - crédito @AntonioSanguino/X

Después de ese punto inicia un periodo distinto, más breve pero decisivo. Del 19 al 29 de diciembre la negociación entra en sesiones extraordinarias, un espacio diseñado para intentar un nuevo acercamiento. Durante esos diez días pueden programarse reuniones adicionales, con la flexibilidad necesaria para agotar cada alternativa que permita una posible concertación. Para trabajadores, empresarios y Gobierno este tramo representa la última oportunidad de pactar un aumento antes de que intervenga la instancia final.

El escenario que nadie descarta, y que se repitió durante los tres años anteriores, es que las partes lleguen al 29 de diciembre sin un acuerdo. En ese caso, la responsabilidad de definir el incremento del salario mínimo pasa directamente al presidente Gustavo Petro. La ley es clara, el Ejecutivo debe fijar la cifra por decreto a más tardar el 30 de diciembre. No hacerlo implicaría dejar sin base legal la remuneración mínima para el año siguiente.

Esa decisión presidencial no surge de cero. Para el decreto se tienen en cuenta los documentos de salvedades, las proyecciones económicas oficiales, el comportamiento de la inflación, los datos del mercado laboral y los argumentos técnicos que circulan en la mesa. Aun así, para las centrales obreras la imposibilidad de concertar significaría una derrota para el diálogo social, mientras que para los empresarios sería la confirmación de que las propuestas sindicales eran difíciles de sostener fiscalmente.

En su intervención en la II Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental, el presidente Petro, rechazó las críticas que lo vinculaban con el régimen de Nicolás Maduro - crédito Andrea Puentes/Presidencia
Si no se logra consenso, el presidente Gustavo Petro deberá fijar el salario mínimo de 2026 por decreto antes del 30 de diciembre - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Este proceso, que cada año se repite con variaciones, vuelve a plantear un punto de fondo, la negociación del salario mínimo no solo depende de cifras económicas, también de la capacidad política de los sectores para acercar sus posiciones en un calendario que corre sin pausas. Por ahora, el reloj sigue avanzando hacia el 15 de diciembre con más preguntas que acuerdos.