La serie de alertas emitidas por Naciones Unidas durante las últimas semanas revela un deterioro sostenido de la situación de derechos humanos en Colombia, particularmente en un año atravesado por tensiones políticas y disputas territoriales. Las cifras entregadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos muestran que la violencia contra líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y actores políticos no solo persiste, sino que se intensifica en zonas donde el control de los grupos armados es más profundo.
El caso que reactivó la preocupación internacional fue el asesinato de Darlis Arcia, lideresa campesina y reconocida impulsora de procesos de organización rural en El Roble, Sucre. La mujer fue atacada por sicarios que se movilizaban en motocicleta cuando regresaba al corregimiento de El Sitio. Su muerte se convirtió en uno de los hechos más recientes dentro de un registro que, entre enero y noviembre de 2025, sumó 198 denuncias de homicidio contra personas defensoras de derechos humanos.
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De esas denuncias, Naciones Unidas verificó 69 de los cuales 60 fueron hombres, 8 fueron mujeres y 1 persona Lgbtiq+. Otras 61 continúan bajo verificación y 68 fueron clasificadas como no concluyentes. Para el organismo, un dato sobresale, casi el 30% de los casos confirmados corresponde a integrantes de Juntas de Acción Comunal, quienes suelen operar en medio de presiones armadas y disputas por control local. Cauca (18), Guaviare (10), Norte de Santander (4) y Valle del Cauca (5) aparecen como los territorios más afectados. Indepaz, por su parte, lleva un conteo que ya alcanza 181 líderes asesinados en lo corrido del año.
El informe también señaló el aumento de las masacres, un fenómeno que golpea con especial fuerza a comunidades indígenas. Uno de los episodios más dolorosos ocurrió en Toribío, Cauca, donde fueron hallados los cuerpos de María Edilma Ul Baicue y sus hijos Maicol y Yerson Coicue Ull, desaparecidos desde agosto de 2022. La exhumación se realizó el 3 de diciembre por parte de la Acin, y Medicina Legal confirmó las identidades, configurando oficialmente el hecho como una masacre. Solo en 2025, la ONU recibió 83 denuncias de masacres, de las cuales 47 fueron verificadas, con 156 víctimas. Antioquia, Huila, La Guajira, Norte de Santander, Valle del Cauca y Bogotá concentran la mayoría de los casos.
El periodo previo a las elecciones también es escenario de agresiones contra figuras políticas. Entre enero y noviembre, Naciones Unidas documentó 18 homicidios contra líderes o actores políticos, incluido el del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. A esto se suman 126 ataques o amenazas que, según el organismo, evidencian un ambiente de riesgo creciente para quienes participan en la contienda pública.
La violencia basada en género continúa siendo una de las áreas de mayor subregistro. La ONU verificó 7 casos de violencia sexual, reproductiva o motivada por prejuicios, principalmente contra niñas y niños indígenas y afrodescendientes. El organismo advierte que estos números representan solo una fracción mínima de lo que realmente ocurre, debido al temor a denunciar y a la normalización de estas agresiones en algunos territorios.
El impacto sobre la niñez en el marco del conflicto armado mantiene cifras alarmantes. Entre 2022 y 2024, la ONU recibió 788 denuncias de vulneraciones graves contra menores, de las cuales verificó 658, incluidos múltiples casos de reclutamiento forzado. En el mismo periodo se confirmaron 474 hechos de reclutamiento por grupos armados no estatales. Solo en 2025, hasta noviembre, se validaron 128 nuevos casos, 44 de ellos entre niños y niñas indígenas y 7 afrodescendientes.
Las denuncias contra miembros de la fuerza pública también están presentes. La ONU registró hasta noviembre 20 alegaciones de privación arbitraria de la vida atribuibles a policías o militares. Dieciocho siguen en verificación y dos fueron catalogadas como no concluyentes. Los casos fueron enviados al Ministerio de Defensa y a la Fiscalía para su investigación.
El balance final de la ONU es contundente, los grupos armados y las organizaciones criminales ampliaron su control territorial y ejercen poder mediante la violencia sobre comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. El organismo insiste en que el Estado enfrenta el desafío de recuperar presencia efectiva en zonas críticas y mejorar la coordinación institucional para prevenir ataques, proteger a la población civil y avanzar con mayor consistencia en la política de paz, seguridad y desmantelamiento de estructuras armadas.
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