El Tribunal Superior de Bogotá, a través de su Sala de Justicia y Paz, emitió el 1 de octubre una sentencia que condena a 35 exintegrantes de los bloques Calima y Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) por su responsabilidad en más de trescientos hechos delictivos en cinco departamentos del país.
Entre los condenados figura Hebert Veloza García, alias HH, excomandante de ambos bloques, cuyas declaraciones han reavivado interrogantes sobre el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995.
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Según la Fiscalía, los condenados recibieron penas ordinarias de entre 240 y 480 meses de prisión, con posibilidad de penas alternativas de ocho años, conforme a la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz).
De acuerdo con los documentos obtenidos por W Radio, Veloza se destacó como uno de los exparamilitares más colaborativos del proceso, participando en más de cincuenta versiones libres, 120 indagatorias y cerca de treinta diligencias ante la Corte Suprema de Justicia.
En sus declaraciones, “HH” sostuvo que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en alianza con sectores del Estado y narcotraficantes, habrían participado en magnicidios como los de Gómez Hurtado y Jaime Garzón (1999), concebidos para eliminar figuras consideradas amenazas a los intereses de las élites aliadas con los paramilitares.
Aunque no precisó su participación directa, aseguró que las órdenes provenían de los niveles superiores de las AUC, en particular de Carlos y Vicente Castaño, y que involucraban a militares de alto rango, políticos y narcotraficantes.
El exparamilitar también señaló la colaboración de miembros de la Fuerza Pública en regiones como Urabá y Valle del Cauca, mencionando al general Rito Alejo del Río y al coronel Byron Carvajal como aliados que facilitaron la logística y tolerancia para masacres y desplazamientos forzados.
Explicó que esta cooperación incluyó la desaparición forzada de víctimas, muchas de las cuales fueron enterradas en cementerios clandestinos.
En el ámbito político, “HH” relató cómo las AUC respaldaron candidaturas locales y crearon movimientos políticos para garantizar control territorial y económico, financiándose mediante extorsión, narcotráfico y aportes de empresarios, especialmente en el sector bananero de Urabá.
Señaló la relación con narcotraficantes como Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, y describió al narcotráfico como la principal fuente de recursos para la organización, según el medio citado.
Sobre los magnicidios, Veloza enfatizó: “Esos asesinatos no los hacíamos solos; siempre había alguien más detrás, con poder, con dinero, con influencia”, refiriéndose específicamente a Gómez Hurtado y Garzón.
El caso de Gómez Hurtado sigue siendo investigado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que antiguos miembros del secretariado de las Farc se atribuyeran el crimen en 2020, versión que la familia ha cuestionado, alegando posibles vínculos con carteles del Valle.
Alias HH también expresó su preocupación por la extradición a Estados Unidos en 2009, por cargos de narcotráfico, argumentando que esta medida interrumpió la verdad y la reparación a las víctimas. No obstante, manifestó cierto grado de arrepentimiento y reconocimiento de que muchas de sus acciones obedecieron a órdenes de los líderes de las AUC.
El asesinato de Gómez Hurtado
El 2 de noviembre de 1995, un comando armado ejecutó a Álvaro Gómez Hurtado y a sus escoltas a las 10:20 de la mañana.
Gómez, figura central de la política colombiana, había sido senador, candidato presidencial y líder del Partido Conservador, además de crítico constante del Gobierno de Ernesto Samper.
Su asesinato llevó a la declaración de Estado de Conmoción interior, medida que permitió al Ejército intervenir en regiones hasta entonces bajo jurisdicción de la Policía.
Durante más de un cuarto de siglo, la Fiscalía no logró identificar a los responsables del crimen. En octubre de 2020, las Farc-EP reconocieron públicamente haber ejecutado el asesinato, argumentando que la orden se remontaba a varias décadas atrás y era una represalia por las posturas políticas de Gómez en los años sesenta.
La familia Gómez ha rechazado esta versión y sostiene que existen pruebas suficientes que apuntan a la participación de la mafia, en complicidad con el gobierno de Samper, manteniendo así un debate abierto sobre los verdaderos autores de uno de los episodios más oscuros de la historia política del país.
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